Brutal desequilibrio

EL PROYECTO de ley de organización y control de las emisoras de radiodifusión sonora municipales, que se está debatiendo en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, es un arma de doble filo. Por una parte, puede poner fin al funcionamiento incontrolado de las emisoras dependientes de los ayuntamientos; pero, por otra, puede provocar un cambio espectacular en el actual mapa de la radiodifusión española en detrimento del sector privado, fortaleciendo a las emisoras públicas en perjuicio de la libre competencia.El proyecto de ley que posibilitará, en principio, tantas nuevas emisoras municipales de frecuencia modulada (FM) como ayuntamientos existen en España (más de 8.000) fue debatido en el Congreso durante la pasada legislatura. Posteriormente pasó al Senado, y allí se retuvo dado que incluía algunos artículos muy polémicos, como el que no permitía a estas emisoras aceptar publicidad comercial. Finalmente se respetó el criterio de no admitir publicidad, defendido por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, redactor del texto legal. Pero ahora, cuando el proyecto ha vuelto al Congreso, prácticamente todos los grupos parlamentarios, excepto el Popular -que ha presentado una enmienda a la totalidad-, han coincidido en pedir que las emisoras municipales puedan financiarse con publicidad.

¿Por qué este cambio radical de criterio? Alguien tendrá que explicarlo muy clarito, aunque no es descabellado pensar que nos encontramos ante una medida de corte electoralista, puesto que ya se vislumbran a medio plazo los comicios municipales. Si, como parece, se celebraran en el próximo mes de mayo, daría tiempo a que entren en funcionamiento las nuevas emisoras, con la urgente aprobación del proyecto de ley. Lo que significaría, a priori, un apuntalamiento de las fuerzas políticas que hoy mandan en los municipios en cuestión.

En la actualidad existen 723 emisoras de FM en manos de entes públicos, con una potencia total de 16.835 kilovatios, mientras que en el sector privado funcionan, también en FM, 744 emisoras, aunque con una potencia total -muy inferior a las públicas- de 4.568 kilovatios. En onda media existen 123 emisoras públicas y 107 privadas. En el caso de que surjan unas 1.600 emisoras municipales nuevas -estimación correcta si se incluyen las cerca de 400 que funcionan actualmente-, y si se les permite financiarse con los presupuestos públicos y con publicidad comercial -en un claro ejemplo de competencia desleal-, el panorama cambiará e spectacularm ente en favor de las emisoras de titularidad pública y pondrá en serios apuros económicos al sector privado.

Para evitar el brutal desequilibrio que se avecina en el modelo radiofónico español, los representantes de los ciudadanos deben replantearse el concepto de servicio público y su conexión directa con la competencia desleal. También deberían tener en cuenta otros factores distorsionantes del mercado de la radio, como son la etapa de crisis generalizada que se augura para los medios, la aparición de las televisiones públicas y privadas -que se han llevado parte del mercado publicitario de la radio-, la desaparición de la publicidad del tabaco y del alcohol y las inversiones en una necesaria reconversión tecnológica del sector. Un porvenir dificil en el que no caben la arbitrariedad ni el electoralismo.