La ciudad, recortada

APENAS PROYECTADO, el llamado plan Felipe -que lleva el nombre del presidente del Gobierno- va a sufrir un retraso de un año. En líneas generales, el plan, cuya realización estaba prevista a lo largo del cuatrienio 1990-1993, trata de convertir a las ciudades españolas -sobre todo las más sobrecargadas- en habitables y humanas, a partir de la mejora de los transportes y las comunicaciones que hoy las congestionan. El presupuesto global ha sido cifrado en 1,7 billones de pesetas, de los que algo más de 500.000 millones corresponden a Madrid -ciudad para la que inicialmente se esbozó-, y más de 250.000, a Barcelona. El plan civil, según acaba de anunciar el ministro de Economía, Carlos Solchaga, deberá ser recortado a la baja en el marco de la refonna de los Presupuestos Generales del Estado para 1991 y del ajuste económico, y ya se advierte que algunos proyectos concretos, como la ampliación y mejora de los trenes ole cercanías madrileños, sufrirán retrasos o limitaciones. Falta saber si también afectará al proyecto olímpico de Barcelona, y más concretamente al metro que debería comunicar la anilla olímpica con la ciudad y a algunas de las autopistas que comunican la villa olínipica con las instalaciones deportivas.La advertencia ministerial es aplicable, en cualquier caso, a muchas otras ciudades españolas que cuentan con gravísimos déficit de infraestructuras. Si se proidujera un recorte en este plan de inversiones tan tardío, el Gobierno habría conseguido paradójicamente, a la vez, impulsar una absurda guerra entre municipios y regiones para evitar la rebaja en lo que a cada uno le afecta.

Vivimos en una civilización altamente vulnerable, y un pequeño movimiento en una parte del mundo puede causar grandes catástrofes en el todo; incluso las medidas preventivas de esas catástrofes causan otras. Pero siendo esto obvio, no lo es que los efectos de estas situaciones deban repercutir indiscriminadamente sobre los ciudadanos y sus necesidades más primarias. En este sentido, el recorte de las inversiones públicas en infraestructuras viarias y en transporte colectivo constituye una decisió n de difícil comprensión. El fuerte incremento del precio de la gasolina debería repercutir en un menor uso del coche privado y en un aumento del transporte público. Paradójicamente, la respuesta del Gobierno a este previsible aumento de la demanda del transporte colectivo parece ser la de reducir la oferta, con lo que muchos ciudadanos se encontrarán ante el dilema de elegir entre un transporte privado cada vez más oneroso para susbolsillos y uno público insuficiente y en regresión.

Pero, además, esta decisión podría dar lugar a otra lectura política más rebuscada: los gobernantes socialistas parecen dar a entender que consideran perdida su recuperación electoral en los grandes núcleos urbanos, pese a las menciones a la inhabitabilidad de las ciudades que se hacen en sus, reflexiones precongresuales. Cuesta trabajo creer que, en caso contrario, postergasen medidas que, al margen de su evidente componente electoral, buscan satisfacer urgentes necesidades del ciudadano.

Puestos a recortar gastos por inevitables imposiciones presupuestarias, lo lógico sería racionalizar al máximo el orden de prioridades, eliminando los efímeros y ostentosos, sin mencionar los que constituyen auténticos despilfarros y, en general, aquellos que inciden menos en la vida diaria del ciudadano y que, en gran medida, sólo sirven para alimentar viejas estructuras estatales sobredimensionadas e ineficaces.

La actual crisis del Golfo ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, que lo imprevisto sigue dominando, pero su dominio no tiene por qué paralizar, o frenar, necesariamente la legítima aspiración de los ciudadanos a mejorar su calidad de vida, ya bastante deteriorada. Recortar las inversiones que faciliten los desplazamientos es, cuando menos, un rasgo de incompetencia imaginativa.