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Los ganaderos culpan a las autoridades sanitarias del nuevo brote de peste equina

La confirmación por la Junta de Andalucía de la existencia de un nuevo rebrote de peste equina africana en la provincia de Málaga ha levantado una oleada de protestas por la "mala gestión de las autoridades sanitarias". Mientras Izquierda Unida y el Partido Popular piden la dimisión del nuevo consejero de Agricultura, Leocadio Marín, los ganaderos se quejan de la incompetencia de los veterinarios, que tardaban meses en acudir a vacunar a los potros. Cinco caballos muertos ayer en Pizarra y cuatro en Alora elevan a 61 el número de équidos fallecidos en Málaga, aunque la Junta sólo admite 10 potros cuyos análisis han resultado positivos.

El ganadero Eduardo Jiménez, propietario de la finca Viña el Peral, de Churriana (Málaga), señaló ayer que hay "mucho descuido en la Administración". Según Jiménez, quien en su explotación se dedica a la doma vaquera y de alta escuela de 32 caballos, los funcionarios no han vacunado a sus potros hasta que, la pasada semana, saltó la voz de alarma por la peste; a pesar de que él mismo había notificado varios nacimientos hace unos cinco meses. El ganadero, que está sufriendo graves pérdidas económicas desde 1988 al no poder enviar fuera de España a los caballos domados, criticó también la falta de formación y experiencia de los veterinarios encargados de la campaña. "No están acostumbrados a trabajar con caballos y cuando los ven les tiran la jeringa desde lejos", añadió.La vacunación de los 158.000 équidos que componen la cabaña caballar andaluza es la cuarta que se realiza en la región desde que, en octubre de 1988, se declarara el primer brote de peste equina africana. La campaña, que comenzó en Málaga el pasado miércoles, costará unos 200.000 millones de pesetas. La consejería dispone de 150.000 dosis de vacunas, procedentes de Suráfrica, que ya ha distribuido por las distintas provincias andaluzas. El Grupo Popular presentó, el pasado miércoles, en el Parlamento andaluz una proposición no de ley para la creación de laboratorios especializados que puedan estudiar la peste equina en la comunidad.

Parar la vacunación

Por su parte, Juan Fernández Santizo, el veterinario de Álora que notificó a la Delegación Provincial de Agricultura la muerte de los cinco primeros potros, dijo ayer que, el pasado mes de enero, recibió un telegrama de la delegación en el que se le prohibía seguir con las vacunaciones y se le comunicaba que un nuevo equipo continuaría con la tarea. En opinión de Fernández Santizo, esta decisión influyó en la aparición de un nuevo rebrote de la peste, ya que la mayoría de los potros que nacieron a partir de esas fechas se quedaron sin vacunar. "Con la reestructuración han quedado 15 veterinarios dependientes de Agricultura para toda Málaga, mientras que antes había uno o dos en cada pueblo. Además, el nuevo equipo no conocía la zona, ni los lugares en los que había caballos", señaló Fernández Santizo.El alcalde de Pizarra, Juan Gámez, manifestó ayer que la Policía Municipal se vio obligada a tomar las muestras de las vísceras de los cinco potros sin vacunar que fallecieron con síntomas de peste en la noche del miércoles, ya que el veterinario encargado de la zona dijo no poder realizar la operación por falta de instrumental" y debían ser enterrados para evitar más contagios.

Las quejas de los ganaderos y algunos veterinarios contrastan con las de la Administración, que culpa a los propietarios de dejadez e incumplimiento de las medidas contra la erradicación de la enfermedad. Opinión ésta que comparte la Asociación de Caballistas de Málaga, cuyos responsables se reunieron ayer con el delegado provincial de Agricultura, Francisco Gómez Aracil.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de septiembre de 1990

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