Suráfrica, ¿quien es el responsable del porvenir?

El embajador de Suráfrica en España, Frederich G. Conradie, ofreció, en su artículo aparecido en EL PAIS (miércoles 20 de junio de 1990), Suráfrica, porvenir responsable, un panorama sobre lo que considera el porvenir responsable de su país, pero olvidó mencionar una serie de cuestiones que determinan el carácter de ese futuro, particularmente quién deberá decidir cómo ha de ser la nueva Suráfrica, es decir, quién es el responsable de ese porvenir.Desde febrero de 1990, con ocasión de su histórico discurso, Frederik W. de Klerk y sus embajadores en el mundo tratan de ofrecer una visión de cómo corregir una injusticia de dos siglos. De entrada, el embajador de Suráfrica ha de entender que hemos de esperar mucho de esa corrección para comenzar a confiar en sus intenciones. Sobre todo cuando ni el presidente del Gobierno ni el embajador citan en sus discursos o artículos el principio, reconocido internacionalmente, por el que se rigen las naciones democráticas: el de un hombre / una mujer, un voto.

Ninguno de ellos acuerda tampoco acogerse a una serie de principios por los que la transición a la democracia sería considerada efectiva, principios determinados por la ONU a partir de la Declaración de Harare, sino que tratan de establecer una vía particular por medio de una negociación abierta que han rechazado durante medio siglo, en la que pretenden mantener un papel protagonista y una serie de privilegios.

Ante esta situación debemos recordar al embajador y al presidente de Suráfrica que para entrar en el concierto de las naciones democráticas existen múltiples vías, pero un solo modelo u objetivo final, tal y como se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 21): "Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país ( ... ). La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual ( ... )", que se basa en dos principios de la misma declaración: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos y dignidad ( ... )", y "Toda persona tiene todos los derechos proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo ( ... )". Les recordaremos también que pertenecen a una declaración que vertebra la propia existencia de la ONU, que consta de 30 artículos, de los que, a pesar de sus reformas, el Gobierno de Suráfrica no cumple uno solo.

Leyes y preguntas

¿Qué leyes segregacionistas ha abolido el Gobierno? ¿La ley de matrimonios mixtos y la de la inmoralidad, que impedían realizar el acto sexual a blancos y negros excepto en las áreas designadas a las prostitutas negras, derogada hace poco y opuesta al artículo 16 de la declaración, que llevó a miles de personas a juicio y a testificaciones de forenses sobre el calor de las sábanas y las manchas en las camas, o la ley sobre la tierra, que hacina al 87% de la población en el 13% de la tierra otorgando la proporción inversa a una minoría y que vulnera el artículo 137. El embajador sabe mejor que nadie que esta última ley no está derogada y que Pretoria no ha ofrecido un calendario para su eliminación.

¿O puede ser la ley sobre la clasificación racial, que tutela desde el nacimiento al surafricano indicándole a qué grupo pertenece, si su familia es del mismo grupo que él, por lo que podrá vivir con ella o no, si tiene una expectativa de vida de 75 o 50 años, si se halla en un grupo con una mortandad infantil del 9,3 o del 80 por mil, si podrá circular libremente por su país o votar, o si podrá recibir una educación valorada en 928,9 o en 176,6 dólares per cápita?

¿Saben los europeos que un blanco puede ser reclasificado aún hoy como mestizo por ser de origen griego y que deberá residir a varios cientos de kilómetros de su familia y a varios cientos de años luz de su nivel de vida? ¿Saben los españoles que el Gobierno representado por este embajador no se ha posicionado aún sobre el mantenimiento de esta ley que, en estos momentos, está destruyendo familias enteras clasificando a sus miembros en diferentes grupos, internando a las personas en distintas áreas de las que ni siquiera conocen la lengua? ¿Saben que 110.000 familias mestizas han sufrido al menos dos reclasificaciones diferentes en los últimos 30 años y que varios millones de negros han debido reasentarse en lugares distantes entre sí centenares de kilómetros en los últimos 20 años?

No han derogado más que lo que internacionalmente se denomina el apartheid mezquino porque sabían que era insostenible ante la opinión pública mundial. ¿De qué manera se podía explicar humanamente que una mujer negra sólo pueda sentarse en un banco si lleva a un niño blanco en brazos, mientras que si el niño corre alrededor de ella debe sentarse automáticamente en el suelo si no desea arriesgar el arresto inmediato y el ir a la cárcel durante un mes por tamaño delito?

Gracias a F. W. de Klerk, esa mujer, en su propio país, estará autorizada a sentarse en el banco, mientras la mortandad infantil tercermundista en un Estado tremendamente rico arrasará con sus hijos; mientras su marido, que con suerte tendrá trabajo, deberá desplazarse 30 o 50 kilómetros diariamente para verla o, como es habitual, no podrá residir con su familia más que la semana de vacaciones anual, mientras sus hermanos y hermanas tratan de rehacer su vida en la última de las reservas a las que han debido trasladarse tras descubrirse yacimientos mineros bajo sus chabolas y, por tanto, convertirse en zona blanca.

Crimen contra la humanidad

¿"Ya no es necesario entablar la batalla del apartheid', señor embajador? El apartheid ha sido definido por la ONU como "crimen contra la humanidad", un crimen que afecta a todos y a cada uno de los momentos de la vida de 32 millones de personas (blancos, asiáticos, mestizos y negros). Pensamos que ningún demócrata, ningún ser humano decente, puede decir que la batalla por acabar con este crimen no debe entablarse hasta el final.

Por último, quisiéramos comentar algunos de los olvidos más notorios en que incurren tanto el presidente del Gobierno como el embajador cuando contemplan la crisis y el futuro de la economía surafricana.

¿A quién se refieren cuando hablan de una renta per cápita de 2.000 dólares, si saben perfectamente que, por la estructura social y económica que determinan las leyes citadas, un 13% de la población ingresa 641,5 dólares per cápita de promedio mensual cuando la mayoría de la población no llega a 185?

¿Qué datos aporta cuando indica que la petición de sanciones para la economía racista surafricana "no resistiría un examen minucioso dentro del país", si resulta que la adopción de estas medidas se hizo a imagen y semejanza de las campañas de los consumidores negros contra los comercios racistas en una decisión que afectó de manera mucho más dura a la economía cotidiana de estas personas que la crisis provocada por las sanciones internacionales?

El embajador parte de que las sanciones "sólo pueden servir para retrasar la recuperación económica del país, que es condición previa de un acuerdo políticamente negociado". Observamos una prepotencia que nos resulta familiar al indicar a la opinión pública mundial cuáles son las condiciones previas. La ONU, la Commonwealth, la CE, la mayoría del país (negros, asiáticos, mestizos y blancos demócratas), han dejado muy claras las condiciones previas, por lo que alguien que únicamente representa al 8% de la población de su país no está en términos de dictarlas.

Estas instancias internacionales han pedido a los sucesivos gobiernos racistas la abolición de todas las leyes segregacionistas del país en un proceso que desemboque en un acuerdo constitucional que contemple unos principios democráticos universales que con su tradición y su pasado no son quiénes para determinar. ¿Hemos de recordarles que en ningún momento han planteado voluntariamente la democracia, que han debido ser los sufrimientos y la lucha de todo un pueblo y la reprobación de todo un planeta y, sobre todo, la caída del margen de beneficios de los empresarios que aprovechaban la situación de explotación extrema las que les han forzado y les seguirán forzando hasta que la acepten?

Por esto es por lo que hay que seguir, ahora más que nunca, luchando contra el apartheid, ahogando el beneficio (que no la economía) que podría justificar el mantener la explotación, mediante el mantenimiento de las sanciones. De Klerk, y el embajador lo deja muy claro en su párrafo sobre la inversión europea, está buscando capitales provenientes de los fondos de cooperación internacional de Estados Unidos, Europa y los países del Este para financiar la transformación de su país sin que se toquen los privilegios económicos adquiridos por la minoría mediante la explotación que ha permitido el apartheid. El Congreso Nacional Africano (ANC), las organizaciones democráticas surafricanas y la mayoría del país no están, obviamente, contra los programas de ayuda, pero consideran que es la riqueza propia del país la que debe distribuirse equitativamente entre sus habitantes. Así que, compañeros europeos, americanos, asiáticos, cuando De Klerk y sus embajadores agiten el espantajo del comunismo o de la nacionalización ante sus ojos, reflexionen y verán que lo que quieren decir es que el mundo debe financiar con su capital la mejora de las condiciones de vida de la mayoría del país, mientras que las riquezas del mismo deben seguir beneficiando únicamente a la minoría. Si levantan las sanciones estarán permitiendo que el apartheid se mantenga de hecho en nuestro país y además lo estarán haciendo con el dinero de ustedes.

Hemos saludado las medidas aisladas que De Klerk, un "hombre honesto", en palabras de Nelson Mandela, ha tomado (también advertimos que la decisión se ha producido cuando la situación era ya insostenible), pero denunciamos la lentitud del proceso, la resistencia al cambio que muestran él y su Gobierno, el doloroso mantenimiento de las condiciones de vida y de la represión contra la mayoría de la población cuando el tiempo se agota (ignoramos si lo que se define como la extrema derecha le permitirá repetir legislatura) y esperamos que la comunidad internacional mantenga la presión económica, ya que el régimen de Pretoria no ha impulsado aún ninguna medida que haga el proceso irreversible. Esto último es imprescindible, ya que hasta que el camino a la democracia no sea irreversible no podemos confiar ni relajar la presión ante quien ha demostrado que sólo cambia bajo ésta y que tiene muy mala memoria incluso para cumplir promesas tan pequeñas como la que hizo a su niñera, Anna Ntshangae, que fue criada de los De Klerk durante 41 años por un salarlo de 200 pesetas al mes, a la que se prometió que nunca dejaría la familia y una pequeña pensión y a la que se acaba de despedir y obligado a emigrar.