56 países revisan el Protocolo de Montreal sobre el ozono

Expertos de los 56 países firmantes del protocolo de Montreal, que pretende limitar las emisiones a la atmósfera de sustancias perjudiciales para la capa de ozono, comienzan hoy en Londres una reunión para estudiar los problemas financieros asociados con este objetivo y la aceleración del proceso. Los trabajos culminarán el próximo miércoles con la reunión de los ministros de medio ambiente de los países que han ratificado el tratado. Asistirán como observadores países no firmantes, como China y la India, cuya población supone el 40% de la mundial.La asociación ecologista Greenpeace ha denunciado la falta de eficacia del protocolo, firmado en 1987, debido a que el ritmo de reducción fijado -un 50% hasta el año 2000- es demasiado lento para evitar el deterioro de la capa de ozono. Este criterio es compartido por el director del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Mostafa Tolba, quien señala que si en 1987 se hubiera sabido lo que se sabe hoy, se hubiera decidido un ritmo de eliminación de los clorofluorocarbonos (CFCs) mucho mayor. La capa de ozono, según Tolba, está vaciándose a un ritmo doble del previsto.

Según Greenpeace, si no se toman medidas, la presencia de CFCs en la atmósfera aumentará de 16 a 24 millones de toneladas para el año 2.000 y se permitirá el uso de nuevos compuestos químicos que podrían intensificar el calentamiento global en un 10% para principios de siglo. En España, Greenpeace ha iniciado una campana para que se paralice la producción de CFCs, centrada en las empresas alemanas Hoechst y Kali Chemie y la francesa Atochem.

Administración del dinero

La transferencia de tecnología inocua para el ozono al Tercer Mundo y su financiación es el problema más importante a que se enfrentan los países firmantes desde un punto de vista económico y político. El coste de la financiación se calcula en 20.000 millones de pesetas para el periodo 1991-1993. Los ministros deben decidir quién administra este dinero y cómo se gasta. Es posible que esta responsabilidad sea compartida por el Banco Mundial, el PNUMA -que organiza la reunión de Londres- y el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas.Los políticos y expertos deben también decidir si la distribución de los fondos se hace según las escalas normalmente utilizadas por la ONU o según las cantidades de CFCs emitidas a la atmósfera por cada país. Tolba ha señalado que estos fondos deben ser adicionales a los existentes para ayuda al desarrollo, postura que Estados Unidos no comparte, según han declarado recientemente sus representantes.