1990: comienza el nuevo Chile

El autor del texto señala cómo la primera tarea de la transición chilena es la reconstrucción del funcionamiento de la vida política y advierte contra la posibilidad de que la estabilidad económica heredada del régimen de Pinochet sea rápidamente erosionada si se satisfacen las postergadas necesidades sociales.

Chile es uno de los países latinoamericanos que mayor expectación despierta, tras las elecciones del 14 de diciembre de 1989, que restablecieron las instituciones democráticas, decretando el fracaso del régimen de Pinochet y confiando el futuro al Gobierno de coalición presidido por el democristiano Patricio Aylwin. El panorama que el país ofrece hoy es muy complejo: un cúmulo de demandas sociales, políticas y económicas. La situación social parece, aparentemente, tranquila. Todos comparten la opinión de que los problemas heredados por el Gobierno de Pinochet son principalmente dos: la desigual distribución de la renta y el desmantelamiento del aparato estatal.Por lo que se refiere a la redistribución de la renta, los estudios demuestran cómo de cada 100 pesos de beneficios, en los últimos 10 años, 80 se han distribuido entre el 20% de los ciudadanos más ricos: la riqueza se ha ido concentrando en pocas manos, aumentando así la desigualdad social y el descontento de las clases marginadas.

El desmantelamiento del aparato estatal, y de los servicios públicos dependientes, se ha concretado en una política de privatización de los servicios sanitarios, educativos y de transportes. Esto ha supuesto para el usuario, sobre todo y especialmente en el servicio sanitario, un incremento de los costes y una drástica reducción de la calidad de los servicios ofrecidos.

La situación económica del país es conocida incluso en el extranjero. Los indicadores macroeconómicos generalmente son positivos, muy positivos si se comparan con el resto de los países del Cono Sur. La inflación no superó el 20% (diciembre de 1989). La deuda exterior es elevada: cerca de 16.800 millones de dólares estadounidenses, pero el país muestra una evidente tendencia al desarrollo: el PNB en 1989 aumentó un 11%, con un crecimiento anual del 7%. Los empresarios se muestran optimistas en relación al futuro inmediato pero, como todos, más preocupados por la difícil situación que por la situación económica bastante estable.

En la vertiente política, el cuadro es bastante complejo. De la situación general surgen dos problemas centrales, dos cuestiones a las que deberá enfrentarse el próximo Gobierno: a) reconstrucción del sistema político y su modus operandi; b) gestión de la emergente demanda social. Paralelamente a estos problemas, surge la incógnita sobre la forma que adoptarán las relaciones entre el régimen anterior y el apenas instaurado e, incluso, entre Gobierno y oposición.

Primer obstáculo

La reconstrucción del sistema político es el primer obstáculo evidente que hay que superar. La fragmentación, o incluso la desaparición, de los agentes políticos es un efecto de los 16 años del réginien anterior. La proliferación de partidos políticos en el país se explica si tenemos en cuenta que estos sujetos, en el pasado, siempre resolvían las controversias internas sólo en el plano ideológico y no pragmático; es decir, cada divergencia no podía concretarse en un acto político operativo y, como tal, comprobado y discutido por su eficacia; sin embargo, esta divergencia se convertía en una discrepancia ideológica, origen de una escisión interna dentro del propio partido. Esta fragmentación del sistema político "clandestino" se vio de manera evidente cuando alrededor de la concertación se agruparon 17 partidos. Ahora, lo primero que necesita el sistema, si quiere hacer política, es renovarse de forma más compacta y operativa. Junto al problema de la reconstrucción de los agentes políticos está el modus operandi de éstos, en base a la Constitución de 1980, al tener que legislar negociando con la oposición de la derecha, debido al peso que ésta conserva en el Senado. Este aspecto adquiere especial importancia dado el comportamiento de Pinochet en los últimos meses. Éste, de hecho, emprendió una cauta política, cuyo objetivo fue debilitar el poder político real del Gobierno democrático. Esto ha sido posible principalmente gracias a la venta de la mayor parte de los bienes del Estado a las Fuerzas Armadas o a privados complacientes y al hecho de dejar todo bien legislado.

Esta última actividad ha contribuido a crear un poder paralelo al Gobierno de Aylwin ampliamente controlado por Pinochet. Además, el cambio de estas leyes, al requerir una mayoría reforzada, obliga al Gobierno, si no quiere aceptar este empobrecimiento del poder real, a buscar un acuerdo con la oposición paramodificarlas. La negociación, por tanto, es imprevisible y potencialmente desestabilizadora para la concertación si, como parece, los puntos a discutir serán los derechos humanos y los "errores" del régimen anterior.

La gestión de la emergente demanda social es la segunda cuestión que hay que resolver. Los numerosos problemas están en relación a la pluralidad de temas cuya matriz se debe buscar en la necesidad de resolver un conjunto de necesidades, generalmente no expresadas, o no recibidas por el Gobierno, durante los últimos 16 años: en especial, se demanda una reorganizacilón de los servicios públicos (sanidad, educación, pensiones) y una racionalización de los ya existentes (transportes). En otro nivel estaría el gran problema de los derechos humanos, o mejor de cómo responder a su violación durante el régimen anterior, indagando y promoviendo acciones; contra quienes se han hecho responsables de las violencias.

Abanico de demandas

Este abanico de demandas presiona al nuevo Gobierno. En este momento no parece probable que el descontento sea. dirigido por el partido comunista, o por otros extremismos que están al margen; sin embargo, podrá crecer de manera progresiva en la medida en que el Gobierno, en el que se ha puesto toda la confianza, no responda a sus necesidades. Desde esta perspectiva es fundamental, para la estabilidad del país, que la gente sea capaz de posponer la satisfacción de sus propias necesidades a la consecución de los objetivos políticos de la concertación.

Sobre estas sintéticas notas se puede intentar adelantar algunas hipótesis sobre el inmediato futuro de Chile. Los primeros meses de gobierno probablemente se dedicarán a la reconstrucción del sistema político y a la operatividad del propio Gobierno. Se deberán establecer las bases en la relación con la oposición y la cuota de negociación aceptable para poder llevar a cabo las reformas sociales.

En esta fase será difícil desarrollar políticas concretas en respuesta a la demanda social. Por tanto, el mantener esta fase darante tiempo significaría: inestabilidad en las relaciones internas del Gobierno, ocasión para que surja una izquierda al margen de la concertación, pérdida de prestigio por parte del Gobierno hacia la opinión pública y fortalecimiento de la oposición de la derecha.

Siempre en esta fase, se deberá prestar una constante atención a la economía: una buena economía es la herencia de la que alardea la derecha. Se espera un retroceso pero debe ser contenido: la tendencia al desarrollo debe mantenerse en torno a un incremento del PNB anual de un 5%.

El feedback Gobierno-opinión pública todavía debe ser constante y eficaz: el compromiso de la opinión pública frena el riesgo de que ésta se aleje del Gobierno por no haber llevado a cabo una política social.

El papel de Pinochet será, posiblemente, indirecto. A través de la acción de la derecha en el Parlamento y, por supuesto, por medio de su automanifestación de guardián de la ley. Todo deberá ser hecho según la ley que, como se ha visto, favorece al anterior régimen. Cuanto más breve sea la fase anteriormente citada, mayor será la probabilidad de una estabilidad futura del país.

En esta larga etapa de refuridación democrática, la cooperación internacional podría ser de gran ayuda. Las necesidades que parecen surgir con fuerza requieren una respuesta articulada en varios niveles: las instituciones de Gobierno, las organizaciones empresariales y sindicales y las instituciones educativas.

es profesor de Sociología de la Universidad Católica de Milán.Traducción: Clara de Marco.