El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley taurina

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley taurina, por el que se regulan las potestades administrativas en las corridas de toros, novilladas y restantes festejos taurinos. Los gobernadores civiles y los responsables del Ministerio del Interior podrán imponer multas por fraudes cometidos en dichos espectáculos que oscilan entre 25.000 pesetas y 25 millones de pesetas, dependiendo de la importancia de las infracciones, y también podrán inhabilitar durante una temporada a ganaderos, empresarios y toreros.Con el proyecto de ley aprobado ayer para su remisión a las Cortes, se supera una normativa que había quedado obsoleta -y que apenas se aplicaba-, al tiempo que se habilita un régimen jurídico adecuado en función de las competencias atribuidas al Estado y a las comunidades autónomas en la Constitución y en los estatutos de autonomía, según nota remitida por el Ministerio del Interior. La ley permitirá a la Administración intervenir en todo tipo de espectáculos taurinos para exigir el cumplimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo de la lidia e imponer las sanciones oportunas en corrección de las infracciones que se cometan.La reglamentación de las condiciones de traslado de las reses, su reconocimiento por parte de los facultativos así como de los caballos que intervienen en los espectáculos garantizarán los derechos de los espectadores sobre la calidad del espectáculo. Con la misma finalidad se establecen las condiciones técnicas de petos, puyas y banderillas, y se dota a la de las facultades precisas para la dirección del espectáculo. Estas actuaciones se completan con los controles y análisis que se reglamentan para que se apliquen a las reses después de ser lidiadas. Se establecen tres tipos de infracciones para tipificar las anomalías en las que pueden incurrir los ganaderos, los em presarlos, los facultativos y cuantos intervienen en estos espectáculos. Las sanciones que podrán imponer los gobernadores civiles y el ministro del Interior oscilarán entre 25.000 y 25 millones de pesetas o la inhabilitación para actuar durante una temporada como ganadero, empresario o profesional taurino. La regulación de las multas, que ahora se hará mediante ley, reforzará notablemente las limitadas potestades que en la actualidad tiene la Administración en este aspecto.Con el fin de asegurar la profesionalidad de quienes tienen parte en la lidia, se crean dos registros en los que deberán inscribirse los profesionales taurinos y las empresas dedicadas a la cría de reses de lidia.

El proyecto de ley da un plazo de seis meses al Gobierno para hacer público el nuevo reglamento. Mientras tanto, seguirá siendo válido el actualmente vigente.