La vieja batalla por la tierra

Dos pequeños pueblos extremeños, Zahínos (Badajoz) y Navalvillar de Ibor (Cáceres), incluidos en el mapa de la Comunidad Europea como "bolsas de pobreza", reivindican el acceso a la propiedad de tres fincas expropiadas por la Junta de Extremadura y que los tribunales impiden ocupar: Cabra Alta y Cabra Baja, en Zahínos, y Valle de Ibor-Trasierra, en Navalvillar. El conflicto se ha extendido a toda la sociedad extremeña, con participación incluso de la Iglesia, que levanta la voz pidiendo una reforma agraria en profundidad.

Al fondo aparece uno de los problemas históricos de Extremadura: la estructura de la propiedad agraria, la concentración de la tierra en pocas manos. Nunca la sociedad extremeña se ha mostrado tan sensibilizada como en este caso. "¿El futuro del campesino extremeno sera mantener y cuidar la reserva ecológica del Viejo Continente?". José Cruz, un joven dirigente agrario de la Unión de Campesinos Extremeños (UCE), lanza la interrogante mientras en sus manos sostiene una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura: "La finca sólo es aprovechable de un modo residual con cabras, pero su mayor rentabilidad reside en el aprovechamiento del corcho y de la caza mayor, los cuales se perjudican con el pastoreo de aquéllas [las cabras]", dice el texto de la resolución."¿Y qué hacemos entonces con las cabras? ¿Las metemos en los bolsillos de los jueces?". Teodoro Muñoz, teniente de alcalde de Navalvillar de Ibor (2.700 habitantes), está enfadado. A medida que habla, su tono de voz es más rotundo: "Los cabreros siguen y seguirán acudiendo a la finca por más que la ley diga lo contrario".

Y la ley ha dicho lo contrario. El presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo, José María Crespo, un juez acusado de reaccionario por las fuerzas de izquierda y que se defiende diciendo que durante el régimen de Franco era el juez más rojo de todos los jueces", ha rechazado que sea expropiable la finca Valler de Ibor-Trasierra, propiedad de la empresa Sotel, cuyo principal accionista es el industrial madrileño Celso García.

La Junta de Extremadura entendió que existía un problema social "por la transformación que los actuales propietarios" querían hacer "convirtiéndola en un coto de caza" y "obligando a los cabreros a sacar sus ganados e instalando en la ruina a un buen número de familias". Para el magistrado Crespo, la expropiación no soluciona el problema, "como demuestra el aumento del paro". Al mismo tiempo, acusa al Gobierno autónomo de haber "cambiado su criterio, quizá por razones demagógicas", ahuyentando al inversor y continuando "con una población subsidiada".

Desde la sede de la Presidencia autonómica en Mérida, el máximo responsable extremeño da la respuesta: "Algunos jueces buscan argumentos políticos y no puramente jurídicos para apoyar sus decisiones".

Los siervos

Todo vehículo que acceda a Navalvillar de Ibor rezumará barro. Desde la Radial V, Madrid-Lisboa, son casi 50 kilómetros de una intransitable carretera ahora descarnada de asfalto por las obras. Bruselas considera Los Ibores como "bolsa de pobreza", y en un Ayuntamiento remozado con algunas goteras hay una pancarta dedicada al magistrado: "Por culpa de los ciervos nos hacen siervos"."¿Se creen que somos caracoles, con la casa todo el día a cuestas?", apunta Domingo. Cuentan que algunos emigrantes, atraídos por la expropiación, volvieron al pueblo. "Ahora piensan otra vez en marchar". La radio dice que el propietario de Valle de Ibor Trasierra, Celso García, llegó a ofrecer al pueblo hasta 400 hectáreas: "¿Colocamos las cabras en literas?", señala José, un viejo cabrero: "Hacen falta por lo menos 2.000 hectáreas". La Junta de Extremadura, en aplicación de la ley de la Reforma Agraria, sólo expropió 900 hectáreas.

Camino de Zahínos, al sur de Badajoz, hay que pasar por Logrosan y dejar a un lado Las Paredes, la finca de Antonio Hernández Gil, el presidente del Consejo General del Poder Judicial. El jurista extremeño, apreciado por conservadores y progresistas, trata de suavizar las tensiones entre jueces y políticos extremeños.