Cuatreros

PARA ETA y sus ayudantes, lo importante no son los objetivos a conseguir, sino demostrar que su intervención en cualquier asunto resulta determinante. En el límite, ETA aceptará resultados expresamente contradictorios con los ideales nacionalistas siempre que quede claro que esos resultados son el efecto del miedo que su actuación provoca. Ello es una forma involuntaria de reconocer que ya no tiene objetivos, pero tal reconocimiento resulta demasiado sutil para sus mentes. Es lo que está ocurriendo con el asunto de la autovía entre Guipúzcoa y Navarra.Esa autovía era hace una década una reivindicación nacionalista. Los portavoces de Herri Batasuna la consideraron imprescindible, y tacharon de antivascos a quienes expresaron reticencias sobre su viabilidad. Entre tanto, grupos ecologistas llamaron la atención sobre los posibles efectos ambientales negativos. Durante años, las instituciones concernidas debatieron la forma de hacer compatible el objetivo de mejorar las comunicaciones entre Navarra y Guipúzcoa con el de reducir al mínimo el impacto ambiental. Algunos partidos sólo dieron su apoyo a la autovía cuando se introdujeron modificaciones al primitivo proyecto y se ofrecieron garantías complementarias. Finalmente fue aprobado por unanimidad tanto en las Juntas Generales de Guipúzcoa como en el Parlamento foral navarro.

Así estaban las cosas cuando una ETA a la búsqueda desesperada de causas en las que intervenir decidió hacerse presente: los técnicos y otras personas relacionadas con la construcción de la autovía fueron declarados "objetivos militares" de los terroristas. Buscando la simetría, algún obediente portavoz civil aficionado a los tebeos de Hazañas bélicas declaró entonces que tal vez el proyecto de la autovía escondiera un plan destinado a favorecer una intervención militar por carretera contra Euskadi. Ningún vasco se tomó a broma la amenaza porque hace años que saben que los argumentos racionales tienen escaso peso para ETA. La Coordinadora Antiautovía sufrió las bajas de quienes se negaron a ser instrumentalizados, pero no hizo ascos a añadir a sus argumentos ecológicos el mucho más contundente de la coacción. Con todo, aceptó rebajar a un mes la moratoria de medio año que los terroristas exigían. Las instituciones y los partidos expresaron en los términos más contundentes su rechazo al chantaje y su voluntad de seguir adelante con la autovía, pero las personas y empresas más directamente amenazadas comunicaron que no iniciarían las obras en esas condiciones.

Ante esa situación, las instituciones no han tenido más remedio que buscar alguna salida. El presidente navarro indicó que estaba dispuesto a hablar con la Coordinadora Antiautovía si ETA retiraba su amenaza. Y el diputado general de Guipúzcoa, Imanol Murúa, se entrevistó con los ecologistas. Fruto de esa entrevista fue un aparente compromiso por el que se aceptaba de hecho la moratoria a fin de dar oportunidad a la coordinadora de defender su propuesta alternativa ante las Juntas Generales de Guipúzcoa. Murúa explicó la moratoria por la necesidad de esperar el pronunciamiento de la Comisión de Medio Ambiente de la CE y de adecuar el proyecto a las recomendaciones en materia ambiental del Gobierno vasco. Por otra parte, insistió en que la decisión final correspondería a las instituciones, lo que formalmente salvaba el principio democrático, y aseguró que la coordinadora se había comprometido a acatarla. Pero 24 horas después, la coordinadora ha cuestionado confusamente ese acuerdo diciendo que plantear el asunto en las Juntas Generales "no es la única posibilidad". Para acabar de arreglarlo, un portavoz de Herri Batasuna acaba de afirmar que las instituciones "no han podido imponerse a la lucha popular" y que en el resultado ha sido "determinante el órdago de ETA".

El diálogo que propone ETA es el del cuatrero con el granjero que levanta las manos ante el arma que le amenaza. Los que, ecologistas sinceros o de ocasión, se escudan tras el cuatrero, aceptan esa lógica del más fuerte que nada tiene que ver con la defensa de la naturaleza. Sería fácil exigir de las instituciones un comportamiento más contundente. Pero, tal como están las cosas, difícilmente podían haber hecho otra cosa que intentar un acuerdo que, al menos, garantice que la decisión final no la tomen los pistoleros.