Anticiparse al 92

La plaza del Cincuentenario de Bruselas, construida con motivo de la exposición universal de 1880 y en conmemoración del 50º aniversario de la independencia de Bélgica, será escenario hoy, 18 de octubre, de un hecho insólito y significativo: la concentración de trabajadores de toda la Europa democrática.Delegados de centenares de empresas de los distintos países que con anterioridad habrán debatido en la villa de Ostende la articulación de la acción sindical a nivel europeo, miles de trabajadores y los principales líderes sindicales, entre ellos Breit, Willis, Trentin, Redondo, expresarán con su presencia o su palabra, en representación de 44 millones de trabajadores organizados, una cuestión de fondo: la necesidad de construir una Europa social.

Pero ¿qué se quiere decir cuando se propugna la Europa social? Se defiende un modelo de unidad europea, diferente y alternativo de otros que en la actualidad pugnan por marcar su impronta al proceso que se ha desencadenado con gran dinamismo a partir del objetivo mercado único comunitario para 1992.

Esquemáticamente, tres son las concepciones en liza a la hora de definir cuál es la Europa que se quiere construir: la Europa del libre cambio, la Europa de las empresas, la Europa social.

La primera, que es la defendida con mayor ardor, sobre todo por la señora Thatcher, concibe el mercado único como un vasto proceso de desregulación, como una zona de libre cambio.

El objetivo de los conservadores británicos consiste en eliminar todas las barreras para que el mercado lo domine el más fuerte, que con toda probabilidad serán sobre todo las multinacionales americanas y japonesas. Es, sin duda, un proyecto muy liberal, pero poco europeo. En este diseño sobran las reglas sociales, la armonización fiscal, las políticas sectoriales, el Gobierno político de la Comunidad.

Las consecuencias de una Europa subordinada a la "política de competencia" son perfectamente previsibles. Los poderosos aumentarán su poder y los débiles serán más débiles. Lo que vale tanto para las estructuras productivas, las áreas geográficas y las clases sociales.

A este respecto es ilustrativo lo que está sucediendo con el proyecto comunitario de armonización fiscal de las rentas de capital. El proyecto está bloqueado y se ha desatado una auténtica carrera para armonizar a la baja este tipo de tributación, lo que supone la conversión de Europa en un nuevo paraíso fiscal para estas rentas, en tanto los trabajadores y pensionistas se verán condenados en exclusiva al infierno impositivo.

Sin armonización fiscal los riesgos de evasión son innegables, sobre todo si pensamos en que en Europa el 50% de los beneficios se destina a inversiones financieras y no productivas, como ha señalado recientemente B. Trentin, o si tenemos en cuenta las diferentes cargas sociales sobre el trabajo: entre el 30% y el 40% del coste salarial en Italia, Francia o la RFA, frente al 10% en el Reino Unido.

El segundo modelo de integración tiene como eje el desarrollo de empresas europeas capaces de competir a nivel mundial. Lo que exige un mercado regulado económicamente (y en menor medida, o en distinto tiempo, socialmente), una política tecnológica europea, un entorno institucional favorable y una política comercial comunitaria.

En otras palabras, maximizar el efecto dimensión de las empresas europeas y establecer los "multiplicadores comunitarios de eficiencia". El prototipo de, este modelo es el del consorcio Airbus, como señalaba J. Delors, en 1988: "Antes de la integración de la SNIAS en la Asociación Airbus-Industrie, Francia podía enorgullecerse de detentar por sí sola la casi totalidad de la producción aeronáutica europea, pero con una participación en el mercado mundial cercana al 1,5%. Hoy en día Francia no controla más del 2.5% de la producción europea, pero como Airbus detenta el 3,9% del mercado mundial, la parte de este mercado que le corresponde a Francia ha pasado del 1,5% al 7,5%.

Pese a las resistencias y las contradicciones, ésta es la concepción que hoy por hoy está ganando terreno.

Es difícil esperar, sin embargo, de este diseño de Europa una política activa orientada al pleno empleo, a la protección del medio ambiente, a la eliminación de los desequilibrios regionales, a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y de sus familias, y al desarrollo de un nuevo orden económico internacional.

Por el contrario, el proceso de concentración empresarial y de aceleración tecnológica implícito en este modelo, al menos en una primera etapa, conllevará pérdidas de empleo junto a modificaciones profundas en la estructura ocupacional, mayores desequilibrios entre las zonas ricas y pobres como consecuencia de una nueva división europea del trabajo, y menor incidencia sindical en la regulación social de cada país.

El tercer escenario -que alientan las organizaciones sindicales- es el de la Europa social. No se trata naturalmente

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de que en la Europa que propugnamos no haya sana competencia entre empresas o que vayamos contra una política tecnológica y de creación de empresas multinacionales europeas.

Hay, sin embargo, algunas características que diferencian esta idea de Europa de las anteriores. Ante todo que el desarrollo económico se oriente hacia una mayor calidad social y un nuevo equilibrio en el mundo.

En segundo lugar, el papel a desempeñar por las instituciones comunitarias: no basta con que éstas garanticen las reglas de funcionamiento del mercado único y establezcan políticas compensatorias de los desequilibrios provocados por éste; es necesario avanzar hacia un espacio económico y social común. Para ello las instituciones han de convertirse en sujeto de programación del desarrollo y de la calidad social, en las que el empleo debe tener carácter prioritario.

Por último, el mantenimiento de un modelo social europeo, que, a diferencia del americano o el japonés, se ha caracterizado por un elevado nivel de protección social, porque la negociación sea la regla general para la definición de las opciones y los comportamientos de las partes sociales y por una avanzada legislación laboral.

Para avanzar en este camino los sindicatos europeos se plantean algunas prioridades: la regulación de los derechos sociales mínimos que evite el riesgo de dumping social; los derechos de participación y de negociación colectiva ante un proceso supranacional de la actividad empresarial que trascienda las fronteras; el reforzamiento de las instituciones políticas comunitarias que garanticen un gobierno público de la integración económica.

Como se ha tratado de poner en claro, la Europa social no consiste en añadir una faceta más a las otras dimensiones de Europa: la tecnológica, la monetaria, la regional, la de los ciudadanos... Es, por el contrario el resultante de todo ello pero orientado hacia la mejora de la calidad social, hacia el reequilibrio económico de países y regiones, hacia el desarrollo y la paz en el mundo. Es, en definitiva, la Europa que queremos.

La dimensión social es sólo una de sus características. En este terreno tampoco se ha avanzado mucho. El foso que separa la regulación económica de la social no ha hecho más que agrandarse desde 1985. Las grandes esperanzas depositadas en la Carta Social y en el Diálogo Social se han desinflado.

Por un lado, la llamada Carta Social no posee ninguna fuerza vinculante, además de tener un contenido muy limitado y genérico, ya que la Comisión de la CE se ha inclinado por la declaración solemne en lugar de apoyarse en las instituciones como el Parlamento Europeo o el Comité Económico y Social y en los países que reclaman un carácter normativo. El diálogo social de los últimos cuatro años no ha logra do ningún avance significativo, ya que los empresarios lo han utilizado para ganar tiempo y la Comisión y los Gobiernos para rehuir su responsabilidad en la regulación de los derechos sociales.

En el campo de la negociación y la participación la situación no es más positiva. Las directivas más importantes siguen bloqueadas: el estatuto de la sociedad europea ha estado en el frigorífico durante 13 años y fue relanzado en 1988; la Quinta Directiva, cuyo proyecto se remonta a 1972 y fue modificado en 1983, sigue sobre la mesa desde entonces; la Directiva Vredeling continúa hibernada desde 1983.

Por la vía de la negociación colectiva se han conseguido algunos pasos simbólicos, alcanzándose acuerdos para crear comités de empresa europeos en tres multinacionales: Thomson, BSN y Bull.

Mientras, el proceso de concertación empresarial se acelera: de 155 operaciones en 1984 a 303 en 1987. De los 40 grupos industriales europeos más importantes depende en la actualidad un 23% de la cifra industrial de negocios. En este panorama, las empresas tendrán carácter supranacional y sus estrategias y decisiones serán definidas a nivel europeo en tanto que los derechos de los trabajadores responden a legislaciones y convenios estrictamente nacionales.

Era nuestro paisano Séneca quien sentenciaba que de poco le sirve al marinero que el viento sea favorable si no sabe a dónde va. El destino de esa nave que se llama Europa es hoy tan incierto como acelerado. Pero lo que es innegable es que el rumbo hay que orientarlo desde ahora, sin esperar al 93, porque entonces será demasiado tarde. También para el movimiento sindical que se reúne y manifiesta en Bruselas.