La peste de cada año

CON EL nuevo brote de peste equina ahora detectado en la finca gaditana de Sotogrande, son ya tres los años consecutivos en que esa epidemia hace su aparición en España. Demasiada frecuencia como para no llamar la atención sobre las discutibles decisiones y actitudes negligentes de responsables sanitarios y criadores sin escrúpulos detectadas en estos tres años.En 1987, la presencia de la peste equina en España -introducida por unas cebras importadas de África con destino al Safari Park de Madrid- acabó con la vida de 300 caballos y ocasionó unas pérdidas económicas valoradas en varios miles de millones de pesetas. Con toda probabilidad, la tardía reacción de las autoridades de la sanidad animal y la decisión de limitar la campaña de vacunaciones a las provincias limítrofes a la zona afectada guardan relación con el nuevo brote detectado el año siguiente en- diversas zonas de Cádiz, muy principalmente en la urbanización Sotogrande, en San Roque (Cádiz), donde ahora acaba de confirmarse que el mal no fue totalmente erradicado en su momento, como aseguraron las autoridades sanitarias andaluzas. Cuando una elemental prudencia, a la vista de lo que estaba en juego, hubiera aconsejado extremar las medidas profilácticas, lo que se hizo fue permitir el tráfico de caballos de una provincia a otra y concentraciones como la del Rocío o la Feria de Sevilla, a la vez que se pasaba por alto que siguieran sin vacunarse muchos de los caballos de las zonas convertidas en focos del mal.

En esta ocasión, las sospechas aparecen centradas en un grupo de caballos importados de Uruguay, aunque existen serias dudas de que llegaran infectados a España. Pero, sea por falta del debido control en las fronteras o porque la peste siga agazapada en el interior, el caso es que España se encuentra cada vez más cerca de que las autoridades sanitarias internacionales la declaren país endémico de la peste equina africana, lo cual amenaza seriamente la celebración de las pruebas ecuestres de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ello sin contar las graves pérdidas económicas en el sector caballar, el quebranto en el deporte hípico y el deterioro de la imagen internacional de España que la persistencia de esta situación ya está provocando.

El hecho de que los análisis confirmen la existencia de un rebrote de peste equina, no ofrece ya ninguna excusa para la pasividad o la tolerancia. El problema ha adquirido tal envergadura que exige la adopción de medidas rigurosas para acabar con un mal que ya ha echado raíces y de difícil control. Y ello tanto por parte de las autoridades estatales como de las autonómicas en el ámbito de sus respectivas competencias. La erradicación de la epidemia y la grave amenaza que ésta proyecta sobre los Juegos Olímpicos de Barcelona son problemas que afectan a todas las autoridades del Estado, y a su cabeza el Gobierno de la nación. Si es desproporcionado pretender resolver la situación con la imposición de barreras interiores dentro del Estado, aunque sean de carácter sanitario -y así ocurría con la orden de la Generalitat de 15 de febrero pasado, recurrida por el Gobierno y suspendida por el Tribunal Constitucional, que separaba sanitariamente a Cataluña del resto de España-, no lo es aislar drásticamente las zonas afectadas y adoptar todas las medidas prorilácticas y preventivas que sean necesarias.