España propone a los "docce" crear un fondo común para rersolver el problema de la deuda

El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Comunidad Europea, presidido por Carlos Solchaga, debatirá hoy en Luxemburgo la propuesta española de crear un fondo común europeo para ayudar a resolver el problema de la deuda exterior de los países de renta intermedia. El Gobierno quiere que este tema sea aprobado en la cumbre de Madrid, como posición de la CE en la reunión de julio de los siete grandes en París.

En la agenda del Consejo figura la directiva sobre libre instalación bancaria, para cuya aprobación existen problemas, y que va a perjudicar a los bancos españoles y alemanes al obligarles a recortar su participación industrial.La propuesta sobre la deuda es uno de los objetivos de la presidencia española de la Comunidad Europea (CE). España intenta que la Comunidad asuma un compromiso financiero para dar un "respaldo a las democracias en dificultades de América Latina", según fuentes del Gobierno. El ministro Carlos Solchaga envió el miércoles una carta a sus colegas con los detalles de su propuesta.

Aunque la intencionalidad política es clara, la iniciativa tiene un carácter global y va dirigida a todos los países de renta intermedia acuciados por el problema de la deuda, con lo cual se beneficiarían también Egipto y Marruecos, por ejemplo. La oferta española está concebida como un complemento al Plan Brady en lo que se refiere a la rebaja de aproximadamente el 30% en el principal y los intereses de la deuda. El principio es reducir su cuantía nominal en la medida en que ya lo ha hecho el mercado, pero con la garantía de convertir el pago en un compromiso seguro.

La novedad de la propuesta española reside en la creación de un fondo común europeo que actuaría sólo en caso de fallidos. Si este mecanismo recibe un apoyo mayoritario, entonces se entraría a definir el montante global y las aportaciones de cada país. La cumbre de Madrid intentará fijar una postura común sobre el tema para el próximo debate del G-7 en París.

De especial importancia son las directivas sobre libre instalación bancaria y coeficiente de solvencia. Con respecto a la primera, quedan todavía más de 30 desacuerdos, concentrados fundamentalmente en el trato de reciprocidad que dar a los bancos de países terceros establecidos en Europa, en el secreto profesional de las personas que controlen las autorizaciones de instalación bancaria y en la lista de actividades liberalizadas.

El principio de esta directiva es que basta tener permiso de instalación en un país comunitario para gozar de la misma libertad en todo el ámbito de la CE. Entre las obligaciones que impone está la de limitar la participación de cada banco en actividades no financieras a un máximo del 15% de sus fondos propios si se trata de una sola empresa o del 60% en el conjunto de sus participaciones.

Este tope de riesgo supone un desventaja para los grandes bancos españoles y alemanes, de carácter generalista en lugar de comercial y con grandes intereses en la industria. Las entidades españolas, según fuentes de Economía, "ya han comenzado un proceso de desinversión en sus filiales industriales para adecuarse a los baremos, y cuentan para ello con un plazo razonable de 10 años".