El Gobierno tiene previsto aprobar hoy el IRPF con más deducciones y cambios en el régimen transitorio

Altos cargos del Ministerio de Hacienda ultimaban ayer el texto legal que regulará el impuesto sobre la renta y el patrimonio para los ejercicios 1988 y 1989. Respecto del último borrador conocido, el texto que aprobará hoy el Gobierno -según anunció Carlos Solchaga- introducirá mayores deducciones familiares, con un margen de 100.000 millones de pesetas para incrementar el gasto fiscal y con variaciones en el régimen transitorio. La forma en que se ha cubierto la última etapa en la discusión de la nueva norma ha creado malestar en algunos ministerios, que se consideran al margen de una decisión de gran trascendencia política.

Tras el forzado paréntesis de las elecciones europeas, el Gobierno tiene previsto aprobar hoy la norma legal que regulará el nuevo impuesto sobre la renta y el patrimonio. Así lo anunció el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, esta semana. La seguridad con que el ministro realizó tal declaración sorprendió en otros ministerios, que pensaban que el debate político aún no había concluido.El camino seguido para tomar la decisión política de adoptar uno de los modelos sobre la mesa, precisamente el que Hacienda había propuesto aunque con algunos retoques, se considera poco integrador. Fuentes ministeriales informaron ayer que la decisión última se ha adoptado en un mano a mano entre el presidente del Gobierno, Felipe González y el titular de Economía.

Esta práctica política ha creado, sin embargo, algunos descontentos. El procedimiento seguido ha sido similar a la forma en que se decidió, por ejemplo, el último recorte de los Presupuestos del Estado en 115.000 millones de pesetas, o la fecha de entrada de España en el Sistema Monetario Europeo (SME).

En estas dos decisiones de gran calado, fuentes de otros ministerios aseguran que no han tenido arte ni parte. Las quejas vienen porque la primera de las medidas supuso un cierto giro en la política económica y la segunda, es decir, la entrada en el Sistema Monetario Europeo, porque se valora como el asunto que condicionará la actuación futura del Gobierno en la misma materia.

La forma de resolver las características del impuesto sobre la renta, lo que afectará a una mayoría de la población dentro de la política redistributiva, lleva el mismo camino. Tras las directrices marcadas por el presidente del Gobierno, los técnicos de Hacienda han realizado durante los últimos días reuniones maratonianas para tener a punto una norma que llevará la bendición del presidente Felipe González.

No al 'splitting'

En esencia, se mantiene el borrador conocido aunque con algunas variaciones. Se ha descartado la implantación en España del sistema splitting y se va hacia una modalidad que, según Hacienda, distribuirá en favor de las rentas más bajas el coste que para los ingresos del Estado tendrá la nueva norma. Ésta consiste en que los matrimonios puedan optar entre realizar la declaración conjunta y la separada sobre la base de la legislación anterior declarada inconstitucional.El margen de decisión que le quedará hoy al Gobierno en su conjunto es hasta dónde se va a llegar con las deducciones familiares para la declaración conjunta. El cupo de mayor gasto fiscal es de 100.000 millones de pesetas que se añadirían a los 194.000 millones de pesetas que costará la nueva norma, tal como propuso Hacienda en el borrador conocido.

Esta cantidad, cercana a los 300.000 millones de pesetas, supone apenas un 3,4% de los ingresos totales estimados para este año (8,7 billones). Si se tiene en cuenta que los ingresos hasta el mes de mayo por IRPF son muy cercanos a la mitad de lo previsto para todo el ejercicio (1,4 billones frente a 2,9 billones) sin que aún se haya ingresado el diferencial sobre las retenciones en la declaraciónde renta -lo que se producirá en los últimos meses de este año-, el aspecto recaudatorio parece el menos preocupante. Además, durante todo este ejercicio, los ingresos están registrando un ritmo de crecimiento por encima de los pagos.

Lo que sí resulta más peliagudo es la regulación del régimen transitorio, es decir, cómo se liquidarán las deudas pendientes con Hacienda por parte de contribuyentes con un acta de inspección que no pudo ser concluida debido al vacío legal creado tras la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 20 de febrero. Por efecto de ésta, todos los matrimonios con dos rentas podrían resultar ilesos ya que la nueva norma es más benigna fiscalmente.

La solución primera aportada por Hacienda es que no se devolverá ni una peseta de lo ya pagado, tanto en estos casos como en el de los matrimonios que decidan aprovechar la nueva norma para solicitar una revisión de las declaraciones de cinco años anteriores.

Este aspecto ha sido puesto en tela de juicio por algunos expertos por lo que el proyecto que apruebe mañana el Gobierno puede variarlo. La opción que parece más clara es la de aplicar a los casos no cerrados la legislación vigente en el momento en que se levantó el acta de inspección.

Esta línea de actuación respetaría el principio de igualdad, pues los que para Hacienda son defraudadores no se aprovecharían de la nueva norma. Sin embargo, ello plantea problemas jurídicos ya que se trataría de aplicar ahora la acumulación de rentas como baremo del impuesto, lo que ha sido declarado inconstitucional.