Silencio y miedo frente a los cazadores furtivos de especies protegidas

, En España apenas se aplica la legislación vigente en relación a la conservación de especies en peligro de extinción. Los servicios de vigilancia, reducidos a las guarderías forestales, son insuficientes y sus miembros actúan movidos por el miedo a los furtivos. Éstos suelen actuar en colaboración con grupos organizados que disponen de una buena infraestructura comercial para vender las piezas cobradas. La reciente incautación por parte de la Guardia Civil de Oviedo de varias pieles de oso y otras piezas disecadas de especies protegidas, en Asturias, se considera la primera gran acción en España contra el furtivismo.

"En los pequeños pueblos todo el mundo sabe quiénes son los furtivos, pero se mantiene un código de silencio", explican varias personas consultadas. Javier Martín, miembro del Fondo en Asturias para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), asegura que "los guardas viven en situación de acoso. Están indefensos y hay sitios a los que no pueden acudir solos. Disponen de medios ridículos si se toma en cuenta la magnitud del problema que tratan de resolver". Tanto Guillermo Palomero, naturalista y estudioso de los osos en la Cordillera cantábrica, como Javier Martín, coinciden en que la vigilancia y control de los cazadores furtivos es insuficiente, incluso en las reservas naturales. Varias fuentes afirman que los guardas operan en solitario con escasez de medios y en un clima de temor. Se recuerda que hace cinco años un guarda fue asesinado de varios disparos de escopeta en Cangas del Narcea sin que se llegara a esclarecer el suceso.Javier Martín, asegura que el furtivismo está muy extendido. "Lo que se descubrió el lunes es sólo una gota de agua. Si no se encontró más fue porque se prefirió registrar los domicilios con más posibilidades de éxito. La operación de la Guardia Civil fue excelente. Nunca se había hecho nada igual, con registros organizados, simultáneos y por sorpresa". Las autoridades descartan, sin embargo, la existencia en Asturias de redes mafiosas de tráfico de pieles y piezas cinegéticas. No opinan lo mismo Roberto Hartasánchez, del FAPAS, y Ezequiel Navío, asesor en España del Convenio para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), quienes están convencidos de que en España existe una organización que trafica con especies amenazadas de extinción. Esta red contaría con la colaboración de peleteros y taxidermistas de varias ciudades españolas, según estas fuentes.

El hilo de la red

El comandante del servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Madrid, Manuel Silos, admite que este servicio cuenta con unos 1.000 agentes repartidos por toda la geografía española, aunque alega que no disponen de los medios suficientes. "Todo este asunto del furtivismo y el comercio de pieles está concentrado sobre todo en las zonas de Asturias y Cantabria. Lo más lógico es que exista algún tipo de red, casi seguro, pero tenemos que coger el hilo y tirar de él. Nos gustaría saber quién está detrás de esta cadena y para eso estamos trabajando".

El Gobierno autónomo de Cantabria, que aprobó recientemente un plan de recuperación del oso en la región, hizo pública una normativa el 31 de agosto de 1987 fijando multas por valor de tres millones de pesetas la muerte de un oso y de 1.600.000 la del urogallo. La existencia en Cantabria de un tráfico ilegal de trofeos de osos y urogallos fue recientemente admitida por Guillermo Palomero, coordinador de un plan de recuperación del oso que abarca 50.000 hectáreas solamente en Cantabria, informa . "El hallazgo, relativamente frecuente, de osos muertos en el monte demuestra la práctica del furtivismo", advierte Palomero.

El asesor del CITES en España, Ezequiel Navío, asegura que la Administración no hace nada para controlar el tráfico de especies en peligro de extinción. En su opinión, el Gobierno español está representado en el CITES por Aduanas, Comercio Exterior y el Icona y no existe coordinación entre estos organismos.

El responsable de vida silvestre en Icona, Juan Manuel de Benito, reconoce que hasta que se puso en marcha el servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, en 1988, no existía en España un cuerpo que actuara con capacidad policial en temas de conservación. De Benito admite que el furtivismo es casi un fenómeno tradicional en nuestro país que puede haberse acrecentado en algunas zonas a partir de la creación de los cotos privados de caza, previstos en la ley de Caza de 1970.

Insolventes

Esta ley imponía sanciones ridículas de hasta 5.000 pesetas en casos de infracción grave, pero ahora existen las normativas autonómicas y la propia ley de abril de 1989 sobre Conservación de la Naturaleza y la Flora y Fauna silvestres. Esta ley carece de reglamentación y tiene pocas expectativas de ser operativa, porque choca con las normas autonómicas en muchos aspectos. Y cuando en escasas ocasiones se tratan de aplicar estas últimas, los inculpados suelen declararse insolventes, según otras fuentes.

El director de la Agencia de Medio Ambiente del Principado de Asturias, Antonio Suárez, es tima que en el caso de Cangas del Narcea, por el que han sido detenidas dos personas, existen dos vías, una judicial y otra administrativa. El juez podría multar a los inculpados con multas de hasta 50.000 pesetas e imponerles penas de cárcel en el primer caso. Mediante la segunda opción, a los detenidos podrían aplicárseles las multas vigentes en la legislación del Principado, que hacen alusión a indemnizaciones por daños causados a la naturaleza o a especies en peligro de extinción. Por la caza de un oso se imponen multas de hasta un millón y medio de pese tas y por la captura de un uroga llo pueden alcanzar hasta 500.000 pesetas.

Un portavoz de la Delegación de Gobierno en Asturias mostró ayer su preocupación por la matanza de osos y otras especies protegidas descubierta esta semana en Cangas del Narcea y