Recortes asimétricos

EL REAJUSTE presupuestario para compensar los casi 200.000 millones de pesetas destinados a financiar las medidas del llamado giro social afectará a algunas partidas de gran contenido social, como la educación, y apenas a los gastos corrientes de la Administración. El giro social reclamado por las centrales sindicales quedó, tras el fracaso de las negociaciones que siguieron a la huelga general de diciembre,- en unos incrementos de las pensiones, los salarios de los funcionarios y la cobertura del desempleo que suponían, en términos cuantitativos, la mitad de las cifras que el Gobierno llegó a ofrecer en el curso de dichas negociaciones. La decisión de hacer pagar a los sectores más desprotegidos el coste de ese fracaso resultó bastante discutible, por más que la responsabilidad contraída por los sindicatos sea también evidente. La presentación por parte del secretario de Estado de Hacienda de los recortes introducidos en las diferentes partidas presupuestarias para financiar esos 200.000 millones de pesetas aumenta el desconcierto.De las cifras ofrecidas por Borrell se deduce una deliberada voluntad por parte del Ejecutivo de aplicar una pedagogía destinada a advertir a los interlocutores sociales que toda asignación de recursos que exceda las previsiones presupuestarias habrá de hacerse a costa de otras necesidades sociales no menos perentorias. Es decir, que si aumentan las pensiones habrá menos autopistas o menos aulas escolares. Ciertamente, el oficio de los economistas consiste en resolver el dilema de los usos alternativos de unos recursos limitados por definición, pero no es cierto que su ciencia sea de tal naturaleza que el dilema tenga una única respuesta racional. Las prioridades son definidas con

arreglo a criterios políticos, y dista de ser evidente que las elegidas por el Gobierno sean las únicas posibles.Así, llama la atención que los recortes afecten en un 5,3% a los gastos en inversiones y transferencias, frente a tan sólo el 1% en gastos corrientes. O que, en un país que destina a las administraciones locales un porcentaje del gasto público muy inferior al de cualquier otro de nuestro entorno, se apliquen mayores recortes a las transferencias destinadas a ayuntamientos y comunidades autónomas que a la Administración central. O, en fin, que, tras haber presentado los presupuestos de 1989 como una respuesta a las demandas sociales de mayor atención a servicios públicos como la enseñanza o la justicia, sean esas partidas las que se ven proporcionalmente más recortadas. Si la política presupuestaria es la forma más racional de redistribución en una situación como la española -con casi tres millones de parados-, se entiende mal que, en aras de esa pedagogía del carácter limitado de los recursos, se haya renunciado a impartir una lección práctica de política redistributiva diferente a la practicada por los conservadores. Especialmente cuando el mismo Borrell informa que, merced a los incrementos recaudatorios, se ha conseguido reducir considerablemente el déficit público.