Perdonar y no olvidar

CASI EL 58% de los votantes uruguayos ha optado porque se mantenga la ley de puntofinal, promulgada hace año y medio, que preveía la prescripción de los delitos cometidos por policías y militares durante ladictadura que padeció el país desde 1973 a 1985. Muchos de ellos, aun queriendo mantener vivo el recuerdo de las monstruosidades cometidas en nombre de la patria, optaron por esta solución. Los que, además de no olvidar, exigían la abolición de la ley y el castigo de los culpables fueron derrotados, pero obtuvieron un 42% de los votos, una cifra muy alta si se tiene en cuenta que las direcciones de los dos partidos mayoritarios, el Blanco y el Colorado, pidieron el voto en contra. Lo que indica que muchas heridas abiertas por la represión siguen aún abiertas.¿Perdonar y mirar al futuro o castigar y limpiar el pasado? Ésa es la disyuntiva con que se enfrentan algunas naciones suramericanas tras el paso de dictaduras militares por sus casas de gobierno. Quienes opinan que la única vía de acceso a un futuro nacional pacífico es el olvido ven en esta solución la mejor garantía para evitar nuevos pronunciamientos militares. Los que, por el contrario, han padecido directamente los crímenes o, simplemente, sienten que antes de encararse con el porvenir prima la necesidad catártica de limpiar las manchas de sangre y borrar de la memoria los gritos de las víctimas exigen que paguen los responsables.

Sometido el tema a votación en Uruguay, han ganado los pragmáticos del olvido. Si ello garantiza que de ahora en adelante los militares de aquella república se quedan en sus cuarteles y nunca más ceden a la tentación del autosacrificio, habrá que aceptar que se ha alcanzado la solución más realista. Muchos demócratas uruguayos, con el presidente Sanguinetti a la cabeza, habrán tragado un amargo cáliz en bien del ftituro.

Sin embargo, y pese a ello, el poder civil salido de las urnas en 1985 sigue gobernando en precario. El Ejército uruguayo dispone todavía de un poder estimable. Hasta el punto de que no habría que descartar que, enfrentados con un resultado plebiscitario que les obligara a responder de sus crímenes, los militares no habrían vuelto a las andadas. No conduce a otra conclusión la campaña de desobediencia militar y reto al Gobierno que durante las semanas previas al referéndum llevó a cabo el propio ministro de Defensa. Es dificil que se pueda esperar otra cosa de estamentos militares que en América Latina se muestran dispuestos a respetar el orden democrático siempre y cuando les favorezca. Recuérdense si no las recientes y pintorescas declaraciones del general Pinochet prometiendo acatar el resultado de las urnas en su país siempre y cuando no resulte elegida una opción de izquierda.

Por su parte, los perdedores del referéndum han librado una tremenda batalla. En primer lugar, para conseguir, contra viento y marea, que les fuera reconocida la reunión de las más de 555.000 firmas exigidas para convocar la consulta. Y probablemente la habrían ganado si a sus voces hubieran podido añadirse las de otro medio millón de uruguayos a quienes no se permitió votar desde el exilio a que les empujó la dictadura. Entre todos constituyen un sonoro recordatorio al Ejército uruguayo, no vayan a creer los criminales de entonces que en realidad nunca asesinaron y torturaron. El Estado ha perdonado, pero el pueblo uruguayo no quiere olvidar.