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Una decisión chapucera

Hace 25 años se crearon algunos hospitales que estaban entonces a la altura de los tiempos.Sobre esos hospitales, cinco años después, se crearon facultades de Medicina, siguiendo con ello una tradición universal de aprovechar para la enseñanza los mejores recursos hospitalarios. Algunos médicos de tales hospitales fueron forzados a aceptar responsabilidades docentes especiales en función del puesto hospitalario que desempeñaban.

Con el paso de los años, tales médicos fueron forzados a adquirir una cualificación especial, demostrada ante tribunales, que, con independencia legal de su puesto hospitalario, pero a partir de él, les convertía en profesores numerarios de pleno derecho.

Estos médicos recibieron desde su incorporación a la enseñanza un modesto complemento docente, además de su sueldo asistencial, como natural compensación a su doble responsabilidad y de modo idéntico, aunque mucho más reducido en cantidad, a lo que ocurre en el resto del mundo.

Una disposición ejecutada el 1 de enero de 1989 funde ambas plazas, con las siguientes irregularidades:

A. Pérdida importante de ingresos consolidados desde hace muchos años, sin disminución de funciones.

B. Cambio de situación laboral y de dependencia ministerial, sin claridad alguna sobre las consecuencias legales ni las repercusiones económicas en cuanto a jubilación, Seguridad Social y trienios.

C. Desaparición de la vinculación legal que en todo momento mantuvieron tales médicos con los hospitales que, en unión con otros compañeros, crearon y prestigiaron hasta hacerlos utilizables para la docencia.

D. Invento de una situación ficticia piara apoyar el abuso legal producido, según la cual estos profesionale son primariamente profesores que usan el hospital solamente para la enseñanza, sin actividades asistenciales propias, lo que no sólo es demostrablemente falso sino que va contra la esencia misma de la filosofía en que se apoyó la creación de las nuevas facultades.

Extraños en su propia casa

Se lleva este argumento hasta tal extremo que, habiéndose erigido la Universidad en único pagador de estos profesionales, los hospitales cargan sus muy disminuidos emolumentos en el apartado de "pagos por servicios de terceros", con lo que desde todos los ángulos han sido convertidos en extraños en su propia casa, ocupando un espacio indefinido, de responsabilidades y atribuciones tan nebulosas que será difícil el desarrollo de las funciones que han de realizar o dirigir.

E. Discriminación flagrantemente ¡nconstitucional con numerosos profesionales:

1. Con sus iguales en Cataluña y Canarias, que seguirán siendo remunerados por dos instituciones (!bajo el techo legal del mismo Estado!).

II. Con los profesores asociados de toda España, que, al menos de momento, serán también remunerados por dos instituciones, sin pérdida de ningún derecho adquirido.

III. Con los profesores numerarios de otras universidades, a los que, por razones no explicadas, no ha sido aplicada esta norma.

. IV. Con los profesores numerarios de hospitales públicos y privados de esta misma universidad, a los que tampoco se ha aplicado esta norma.

V. Con algún profesor numerario de los mismos hospitales afectados, al que tampoco le ha sido aplicada esta norma.

VI. Con todos los ciudadanos españoles, que no son cambiados de situación laboral contra su voluntad y menos aún en función de un rendimiento especial al que el propio Estado les forzó.

Y además: todo lo que antecede viene a ocurrir como culminación a destiempo de una compleja, demagógica y chapucera acción gubernamental, en la que sucesivamente se desposeyó a los médicos del derecho a ver enfermos privados en su puesto habitual de trabajo, aun en horas distintas; del derecho a tener dos sueldos de instituciones públicas en horas distintas; del derecho a tener dos puestos cualesquiera si uno era de institución pública, y se ordenó a cambio: a) una remuneración especial a quienes cambiasen su horario de trabajo, alargando la jornada a la tarde (con renuncia evidente a otros trabajos); b) una injustificable supresión de la norma anterior, cuando el daño ya era irreparable; c) la creación de una exclusividad acompañada de complementos, pactados con sindicatos, que no se han puesto en marcha; d) una situación especial, en interés público, para quienes fueran médicos y docentes en la misma institución, lo que ha sido convertido por los últimos acontecimientos en una burla con una inacabable negociación desde que la Administración comenzó a interpretar torcidamente esta excepción, en la que ella no ha cumplido sus compromisos y sí ha forzado la implantación de sus criterios; e) unos trienios que no se pagan porque, a pesar de que su obligatoriedad está fuera de duda, la Administración atasca deliberadamente los tribunales de justicia, agotando prepotentemente los recursos legales frente a indefensos ciudadanos cuyo único delito ha sido servir al Estado e intentar modernizarlo, a cambio de lo cual pueden hoy comprobar que los dineros, generosamente otorgados para la reflotación de empresas privadas deficitarias, se niegan, contra toda justicia, a quienes han dedicado su vida al servicio público.

Quienes pudieran encontrar hoy alguna oculta satisfacción en el vergonzoso trato dado por el Estado a los que algunos creen privilegiados, deben tomar nota de que no sólo no ha habido privilegio alguno sino, bien al contrario, un sostenido abuso de poder, mediante el cual se han impuesto dobles funciones que se abonan como una sola, trasvase interministerial de personas como si fuesen objetos, promesas incumplidas, desconsideración permanente, oscuridad de ideas asociada a rigidez y claro desprecio de los intereses docentes y sanitarios de la sociedad española.

Refugio desesperado

Y en cuanto a la huelga, que no habría existido jamás si hubiese sido posible cualquier otra solución, y que bien a nuestro pesar, y ante la indiferencia de las autoridades, dañará gravemente a los estudiantes, es el refugio desesperado de quienes sólo han encontrado resultados adversos a sus argumentaciones, y se hace con un grave coste económico de quienes la secundan, en algunos casos al límite de sus posibilidades de subsistencia. Pero con ella no se defienden sólo legítimos intereses personales sino, de modo muy particular, el único modelo posible para enseñar la noble profesión de médico que es acorde con los tiempos.

Alberto Amaya es jefe del Departamento de Anatomía Patológica de la clínica Puerta de Hierro y director de] Departamento de Anatomía Patológica de la facultad de Medicina de la universidad Autónoma de Madrid. En nombre del colectivo de profesores numerarios de la clínica Puerta de Hierro.

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