Un técnico afirma en el juicio del 'rififi' que el sistema de seguridad del banco era obsoleto

Francisco Corti Fábregas, director de la oficina del Hispano Americano de la calle de Fontanella de Barcelona asaltada en agosto de 1985, manifestó ayer en el juicio por el rififí que los sistemas de alarma de la cámara acorazada cumplían los requisitos legales. Sin embargo, el técnico en seguridad Enrique Gómez Francés aseguró que los sistemas de la oficina eran "obsoletos", pese a que un representante de Esabe, empresa encargada de la seguridad de la sucursal, puntualizó que las alarmas funcionaban con normalidad el 20 de julio de 1985, fecha en la que se realizó la última comprobación.Las críticas del técnico Gómez Francés a la seguridad de la sucursal coinciden en líneas generales con el informe elaborado por un perito designado por la juez, cuyas conclusiones fueron incorporadas al sumario.

El delegado de la sucursal aseguró que la policía tardó varias horas en descubrir la manipulación del sensor instalado en el interior de la cámara acorazada. El mecanismo fue inutilizado por los asaltantes que desvalijaron un total de 389 cajas de seguridad y obtuvieron un botín de unos 6.000 millones de pesetas. Para neutralizar la alarma, uno de los acusados colocó un capuchón sobre el sensor volumétrico, impidiendo que detectara los movimientos en la cámara.

"El 14 de agosto de 1985 los empleados revisaron la cámara y no vieron nada anormal", afirmó Corti. El director de la oficina explicó que, de hecho, la manipulación de la alarma tardó en se cubierta dos días, tiempo en la sucursal permaneció cerrada por tratarse de jornadas festivas. El asalto fue descubierto a las ocho de la mañana del 16 de agosto. Una hora más tarde, la policía ya se encontraba en el banco, pero "ni ellos mismos se dieron cuenta que el sensor había sido tapado hasta cerca de la una del mediodía", afirmó Corti.

Montserrat Vilas Condal encargada del registro de los clientes que entraban en la cámara a acorazada, reconoció ayer a dos procesados, que tenían cajas de alquiler en la entidad bancaria. La empleada negó que acostumbrase a mantener largas conversaciones con los supuestos clientes, en contra del criterio del fiscal. Durante el juicio, el tribunal pudo comprobar la dificultad de mantener un diálogo con la testigo ante su evidente sordera.

María del Carmen Espluga Lozano, una de las procesadas por el rififí, denunció ayer a Julia Álvarez Viveros, una de las pedudicadas por el robo, por presuntas amenazas, insultos y agresión física. El pasado lunes, un grupo de perjudicados insultó a los procesados cuando entraban en la sala de vistas. La denunciante recibió un golpe en la cabeza.

Parte de los titulares de las cajas de alquiler manifestaron ante el tribunal que recibieron una indemnización de 500.000 pesetas, aunque algunos de perjudicados aseguran haber tenido pérdidas individuales que superan los 10 millones, entre el dinero en efectivo y las joyas que les sustrajeron.