El pacto de Copiac
EL PAÍS El acuerdo de la Comisión Permanente Intersectorial de Asociaciones Cinematográficas (Coplac) al que hace referencía el ministro de Cultura se alcanzó el 20 de septiembre de 1985 entre representantes de los sectores de producción, distribución y exhibición, cuando era Pilar Miró directora general del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
Los firmantes del documento aseguraban que la propuesta de reforma que contiene el documento suponía, "por primera vez en la historia de la cinematograria nacional, un acuerdo únanime de los sectores de producción, distribución y exhibición" sobre aspectos que consideraban fundamentales para una ordenación racional de la industria cinematográfica. "Por tanto", señalaban en el documento, "solicitamos que estos acuerdos sean entendidos como un conjunto de medidas que deben ser tenidas en cuenta y no parcialmente".
Los acuerdos suscritos trataban sobre el sistema de contratación de películas, cuota de pantalla, cuota de distribución, relaciones cine-televisión, mercado audiovisual y medidas en favor de los sectores cinematográficos. El acuerdo no entraba ni en la cuantía ni en la distribución de las subvenciones oficiales a la producción.
Desgravaciones fiscales
Entre las medidas en favor de los sectores cinematográficos, el documento contemplaba la desgravación de impuestos a a las empresas distribuidoras y exhibidoras, la desgravación de impuestos a los capitales ajenos a la cinematografía que se inviertan en la producción de películas españolas, para así potenciar su financiación y la reconversión del parque de salas.
La única reserva al acuerdo fue el de la Federación Española de Asociaciones y gremios de Distribuidores de Películas Cinematográ ficas en los referente al capítulo de cuota de distribución, que afirmaba que "solamente las películas españolas generarán licencias de doblaje para películas de terceros países", y a esos efectos mantenía el sistema de licencias de doblaje fijado en la legislación vigente.
Este acuerdo, sin embargo, nunca se utilizó para reformar el llamado decreto Miró, que había suscitado tantas críticas como elogios en la industria cinematográfica española. Los principales detractores de decreto Miró han sido aquellos productores que no han conseguido, con la frecuencia que ellos consideraban justa, la subvención del ministerio. La reforma Semprún quiere poner fin al papel del Ministerio de Cultura como árbitro de la producción cinematográfica española y establecer criterios más objetivos y que se apoyen en el espíritu de riesgo de los productores, al mismo tiempo que se inicie una amplia reforma y apoyo a los sectores de distribución y exhibición.
