Tribuna
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Las razones que se quieren ocultar

Muchos ciudadanos se preguntan por qué el Gobierno se muestra insensible ante las reivindicaciones sindicales. Se preguntan qué es lo que ha pasado para que la UGT, que ha aceptado sacrificios para hacer posible la recuperación y el desarrollo económico de nuestro país, que ha puesto los cimientos de unas modernas relaciones labonúes y que ha dado sobradas muestras de voluntad negociadora y capacidad de diálogo, se haya visto forzada a tomar una decisión de tanta trascendencia como es la de convocar un paro de 24 horas.Algunos responsables del Gobierno y del partido socialista intentan contestar a esta pregunta desprestigiando a los sindicatos; con esta actitud irresponsable: están haciendo un mal servicio al futuro de nuestro país y, sobre todo, están demostrando su nula confianza en la madurez de la opinión pública y de los trabajadores.

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Los que están propagando esta campaña olvidan que hace muy poco elogiaban la actuación de los sindicatos cuando asumíamos sacrificios, cuando firmábamos acuerdos que contemplaban, entre otros aspectos, la moderación salarial o cuando defendíamos en las empresas la necesidad de la reconversión industrial. Desde 1979 hasta 1986 la UGT desarrolló una acción sindical que perseguía el logro de cuatro objetivos básicos: Consolidar la democracia. Sanear nuestra economía y asegurar su desarrollo sobre bases firmes. Asentar un modelo de relaciones laborales equiparable al de los países europeos y ejercer una acción solidaria y protectora hacia aquellos colectivos de trabajadores con menos capacidad de defensa ante la crisis.

Nuestro sindicato, para conseguir estos objetivos, propició una política de grandes acuerdos nacionales entre el Gobierno, las asociaciones empresariales y las organizaciones sindicales. Fue lo que se conoció como concertación social. La concertación nos exigió aceptar compromisos que en su momento no fueron entendidos por algunos colectivos de trabajadores. Sin duda era dificil asumir la necesidad de moderar los salarios e inclusive de perder poder adquisitivo; era difícil entender la necesidad de reconvertir empresas y sectores o de flexibilizar el mercado de trabajo.

No obstante, estamos convencidosque fue la opción más positiva para los intereses de -los trabajadores y del país en una etapa caracterizada por una difícil transición política y una grave: crisis económica.

Democracia y economía

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En la actualidad, la situación de nuestro país es muy diferente: la democracia está consolidada y la reactivación económica es un hecho. El sindicato, por tanto, debe ajustar su actuación a las nuevas circunstancias. Los trabajadores no entenderían que las organizaciones sindicales mantuvieran un discurso similar al de la época de crisis cuando se vive una situación de recuperación económica y se están generando importantes beneficios en las empresas.La UGT sigue considerando que la negociación es el mejor mecanismo para conseguir las reivindicaciones de los trabajadores. No obstante, la experiencia nos está demostrando que Gobierno y empresarios llegan fácilmente a acuerdos con los sindicatos cuando hay que repartir el coste de la crisis, pero empiezan a plantear dificultades cuando se trata de repartir los beneficios.

Éstas son las causas reales del conflicto. Los sindicatos hemos agotado la vía de la negociación, hemos constatado que la actitud del resto de los interlocutores es negativa para lograr un acuerdo y, en consecuencia, utilizamos un derecho constitucional, el derecho a la huelga, para conseguir que modifiquen su actitud. La campa¡la lanzada por el Gobierno obedece exclusivamente al propósito de intentar frenar en seco la capacidad reivindicativa del movimiento sindical y conseguir así organizaciones sindicales sumisas.

Insistentemente se está lanzando el mensaje de que el paro convocado para el día 14 es una huelga política que pretende desestabilizar al Gobierno. Los responsables de la Administración, con esta actitud, pretenden chantajear a la sociedad española, quieren conseguir un cheque en blanco gracias al cual cualquier acto de protesta, en el marco de la Constitución, contra decisiones gubernamentales que afecten a los intereses de los trabajadores estaría deslegitimado porque socavaría la actual mayoría parlamentaria.

Desde la UGT se ha dejado perfectamente claro cuál es el objetivo de estas movilizaciones. UGT pretende modificar aspectos sustantivos de la política económica y social del Gobierno. Queremos, lo repetimos una vez más, que el Gobierno sea sensible al bloque social que le votó, que sea sensible a las demandas sindicales.

Las reivindicaciones de la UGT tienen como objeto resolver, en primer lugar, los incumplimientos que aún arrastramos desde la firma del Acuerdo Económico y Social. Para el movimiento sindical es imprescindibie que este capítulo se cierre para abordar con seriedad cualquier nueva negociación. Mientras la UGT siga teniendo pendiente el cumplimiento de acuerdos firmados con la Administración será difícil establecer nuevos compromisos.

El aumento de la cobertura hasta alcanzar el 48% de los desempleados es uno de los acuerdos del AES incumplidos. La UGT no va a renunciar en su empeño por lograrlo y, porsupuesto, no abordaremos ninguna negociación en materia de cobertura en tanto la Administración no cumpla lo que firmó en 1984. Lo mismo tenemos que decir en relación al contrato de inserción para los jóvenes elaborado por el Gobierno. Si bien en este caso no se trata de un incumplimiento, entendemos que es la puerta falsa por la cual la Administración accede a las exigencias de la CEOE en las negociaciones del AES, y que no eran otras que las de reducir las cuotas a la Seguridad Social y flexibilizar aún más el mercado de trabajo, con un agravante añadido: que esa mayor flexibilización es financiada con dinero público. A propósito del contrato de inserción, el Gobierno debería explicar cómo es posible que, estando prevista la entrada en vigor del contrato para el próximo año, el empleo en 1989 se incremente menos que en 1988, según se contempla en el cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado.

En otro orden de cosas, la Administración debe corregir las repercusiones negativas que ha tenido su error en la previsión de inflación; los funcionarios, los pensionistas y jubilados, y en general todos los colectivos que dependen de los Presupuestos Generales, deben recuperar los dos puntos de salario perdidos. Si esto no se produce, los sindicatos difícilmente podremos seguir negociando sobre inflación prevista, y sin duda éste será un elemento que perturbe cualquier futura negociación salarial.

Si el Gobierno tiene voluntad de resolver estos capítulos, sin duda podremos avanzar con eficacia en otra serie de aspectos tales como la reforma del Instituto Nacional de Empleo, los fondos de inversión y la participación sindical en las empresas e instituciones.

Éstas son las reivindicaciones fundamentales de nuestro sindicato. La Administración está en su derecho de criticar la decisión que hemos adoptado, pero que no busque otras interpretaciones más allá de las estrictamente sindicales. No es el objetivo de la UGT derribar al Gobierno socialista.

Últimamente, responsables del PSOE están expresando su preocupación por la estrategia sindical de la UGT; tenemos que decirles al respecto que no se preocupen por el abrazo del oso que, según ellos, nos está dando CC OO; la UGT es responsable de sus actos, y si nos atenemos a las últimas elecciones sindicales celebradas en empresas de gran importancia como Seat y Ensidesa, los resultados demuestran que subimos en representatividad, y CC OO, por el contrario, la reduce.

El día 14 de diciembre los trabajadores de este país van a parar de manera masiva. Será unajornada pacífica y de defensa responsable de sus reivindicaciones, al tiempo que una expresión de solidaridad y de defensa también de las reivindicaciones de los jubilados, los jóvenes y los desempleados. Los trabajadores y trabajadoras ejercerán un derecho constitucional: el derecho a la huelga. Es un error grave que el Gobierno y el Partido Socialista se estén movilizando para atemorizar a la sociedad ante la convocatoria del paro. Igualmente se comete un error situando de nuevo a la sociedad ante la perspectiva del caos y la ingobernabilidad, ya que no se corresponde ni con la voluntad de los sindicatos ni con la realidad de los hechos.

Negociar en serio

Por nuestra parte, después del paro general volveremos a decirle al Gobierno y a los empresarios que queremos negociar, pero negociar en serio, para resolver los problemas.Para hacer posible una negociación, la Administración no puede ahogar el diálogo con una postura cerrada y poco flexible. Su escasa voluntad de acuerdo ha estado motivada por la obsesión de seguir reduciendo la inflación y el déficit público, actitud ésta que la insensibiliza ante las necesidades sociales.

Queremos dejar claro que no estamos hablando de aumentar el déficit público ni de que no nos preocupe un repunte inflacionista. El objetivo de reducir ambos capítulos es un principio compartido por todos, y la política de la UGT desde 1979 ha estado encaminada también a lograrlo. Pero lo que sí afirmamos es que no es posible seguir sacralizando ese principio a cualquier precio.

El Gobierno debe reflexionar sobre la conveniencia de hacer una reducción suave, menos drástica, que haga compatibles las previsiones macroeconómicas con las necesidades de infraestructura y de servicios de nuestro país, al tiempo que conecte también con las demandas sociales y las reivindicaciones de los sindicatos.

En cualquier caso, el Gobierno socialista no puede enfrentarse al movimiento sindical y a los trabajadores por negarse a modificar, si es necesario, sus previsiones de déficit público y de inflación. Para tomar esta decisión, que sin duda puede reconducir positivamente las negociaciones, se requiere exclusivamente voluntad política y sensibilidad social.

Por todo ello esperamos que el Gobierno modifique su actitud; a nuestro juicio, eso será beneficioso para los trabajadores y para el conjunto del país, así como para la credibilidad del propio Gobierno socialista.

En cualquier caso, la UGT asume su responsabilidad y, como siempre, está abierta al diálogo y a la negociación.

José Antonio Saracíbar es secretario de organización de la Coinisión Ejecutiva Confederal de la UGT.

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