España y EE UU preparan un texto fuera del convenio que permita el paso de armas nucleares por la Península

Los Gobiernos de España y EE UU plantearon en las fechas previas al acuerdo del convenio la necesidad de que, al margen del propio articulado, se suscriba una cláusula marginal -se desconoce si será secreta o no- por la que el Ejecutivo español garantizará que no se impedirá el paso o tránsito de armas nucleares por el territorio o aguas españolas, porque nunca se preguntará qué tipo de artefactos portan los barcos o aviones estadounidenses que pasen por España, según afirman fuentes oficiales españolas. El Gobierno sólo ha exigido que esa posible introducción de armas nucleares no sea para "almacenar o instalar" esos artefactos en territorio nacional, pero incluso ello sería posible con "el acuerdo del Gobierno español", según el nuevo texto.

En el texto manejado hasta última hora por los negociadores se indica que "la instalación, almacenamiento o introducción" en territorio español de armas nucleares o no convencionales o de sus componentes "quedarán supeditados al acuerdo del Gobierno español". En ese mismo texto, y a pesar de que ayer lo negaron diversas autoridades gubernamentales, se incluía un párrafo en el que se aseguraba que el paso de buques de EE UU por puertos españoles se haría "sin exigir que en la correspondiente documentación" se obligara a las autoridades del barco a declarar qué tipo de armas portaban.El texto del convenio actualmente vigente dice textualmente: "El almacenamiento e instalación en territorio español de armas nucleares o no convencionales o de sus componentes quedará supeditado al acuerdo del Gobierno español".

Matizar la introducción

La posible cláusula planteada por ambos gobiernos para añadir al futuro convenio guarda relación tanto con esta cuestión -el compromiso de no exigir respuestas- como, sobre todo, con la pretensión americana de matizar el término "introducción". Fueron las autoridades españolas las que exigieron incluir este término en el artículo relativo a las armas nucleares. Pero, en opinión de los estadounidenses, esa palabra podía inducir a nuevas interpretaciones por parte de futuros gobiernos españoles, que podrían llegar a prohibir el tránsito de armas nucleares o escalas de buques sospechosos de portar artefactos atómicos.En este sentido, el Gobierno español, según las fuentes oficiales informantes, está dispuesto a, mediante una cláusula adicional, dar "garantías plenas" a EE UU de que cualquier Gobierno futuro deberá respetar el compromiso de permitir el posible paso de armas nucleares, simplemente porque no preguntará si se está haciendo o no.

De acuerdo con las mismas fuentes, es "una práctica habitual" en muchos acuerdos de Gobierno a Gobierno que se incluyan cláusulas adicionales -en algunos casos no conocidas por la opinión pública ni por los Parlamentos- que completan o interpretan los textos de esos acuerdos. Se recuerda, por ejemplo, que los acuerdos sobre compras de armamento incluyen en muchos casos ese tipo de cláusulas añadidas sobre limitaciones de uso de las armas adquiridas.

Las citadas fuentes señalan que España apoya, como miembro de la OTAN, la política de disuasión nuclear e incluso la doctrina de respuesta flexible, por lo que no puede oponerse -además no existen sistemas o medios legales para comprobarlo- a que, en caso necesario, pasen por puertos o aeropuertos españoles armas nucleares o componentes de la mismas.

El Gobierno español sí ha insistido, dentro de esa filosofía, en que el paso o tránsito de esas armas no se hará nunca con el fin de almacenarlas o instalarlas en España. Pero incluso esta hipótesis sería posible con un acuerdo previo del Gobierno, según figura en el texto del nuevo convenio.

Los otros dos problemas que quedaban pendientes para concluir la negociación -contratación de personal y obras, y régimen de presos- se resolvieron con la aceptación por ambas partes de que será el Ministerio español de Defensa el que contrate, mientras en el segundo aspecto serán los jueces españoles, en el caso de presos estadounidenses, los que decidan que los encausados o condenados permanezcan en España por un solo año o por más tiempo. En todos los terrenos, el convenio se refiere a un trato de reciprocidad, de forma que los militares españoles destinados en EE UU recibirán un trato similar al de los estadounidenses en España.

El acuerdo final alcanzado entre EE UU y España, así como las interpretaciones oficiales que se dan al mismo, son explicadas por fuentes gubernamentales como consecuencia del hecho de que España esté integrada en la Alianza Atlántica y de que, en un futuro próximo, formará parte también de la UEO.

Al conocer las partes más conflictivas del nuevo texto, fuentes gubernamentales consultadas negaron que se hayan producido excesivas concesiones a EE UU en el terreno nuclear o que se haya modificado la política del Gobierno al respecto. La segunda cláusula de la pregunta del referéndum sobre la OTAN decía textualmente: "Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español".

Ahora, con el nuevo convenio -que deberá ser ratificado por las Cortes-, esa prohibición queda supeditada al acuerdo del Gobierno español, a la vez que la palabra "introducción" queda matizada por las interpretaciones de los negociadores con respecto al paso, tránsito o escalas de buques y aviones que puedan portar armas nucleares.

El pasado verano, Fernando Morán, ex ministro de Exteriores, comentó, al referirse al cumplimiento por el Gobierno de las condiciones del referéndum, que quizás se estaba produciendo "un deslizamiento con freno".

A pesar de que el anuncio sobre el acuerdo hispano-norteamericano se hizo en Nueva York tras la entrevista de Francisco Fernández Ordóñez con George Shultz, fuentes gubernamentales aseguraron ayer que las autoridades estadounidenses ya habían comunicado hace días la existencia del acuerdo al titular de Defensa, Narcís Serra, quien ha dirigido las negociaciones en los últimos meses.

Para Defensa, los esfuerzos frente a los norteamericanos han tenido por objetivo potenciar la soberanía nacional, destacar la reciprocidad de trato para militares de uno y otro país y exigir que figurase en el texto, en los términos señalados, la palabra "introducción", que no figuraba en el vigente convenio.

Estos esfuerzos, añaden, son los que han retrasado la consecución del acuerdo final, ya que EE UU se oponía sobre todo a esa última pretensión española.