España rechaza que se exija a marroquíes, y latinoamericanos visados para entrar en la CE
El Gobierno español mantiene su oposición a que se exijan visados en el futuro a los ciudadanos de países latinoamericanos y de Marruecos que deseen entrar en países de la CE. Esta postura enfrenta a España con la mayoría de sus socios comunitarios dentro del llamado Grupo de Trevi, creado para coordinar la seguridad interior y la inmigración. España, según fuentes de Asuntos Exteriores, "no puede, por razones políticas, históricas y culturales, aceptar ese trato para América Latina, y no quiere enconar por este motivo la relación con Marruecos".
El comité ad hoc de inmigración, creado en 1987 dentro del Grupo de Trevi por representantes de los ministerios de Justicia o Interior -según los casos- de los doce, mantiene múltiples diferencias sobre el control de la frontera exterior común a partir de 1992. La eliminación de las fronteras interiores obliga a adoptar normas comunes sobre la entrada de extranjeros en la Comunidad, que afectarán a la concesión de visados, solicitudes de asilo y refugio, y a la unificación de documentos a exigir en la frontera. El criterio es controlar la inmigración y la seguridad, ésta en una triple acepción de espionaje, tráfico de drogas y terrorismo. De momento, los doce han llegado a un acuerdo sobre una lista mínima de países "positivos", a cuyos nacionales no se exigirá visado. Están incluidos en esta categoría los estados que, como Suiza, Canadá, Liechtenstein y San Marino, no reúnen oposición alguna. Con Australia, Nueva Zelanda y Japón no habrá tampoco objeciones.Tanto esta lista como la de los países "negativos", con visado, son reservadas, explican fuentes comunitarias, "para evitar fricciones diplomáticas antes de tiempo y para permitir negociaciones políticas aún en marcha". No obstante, la segunda categoría está integrada inicialmente por unos 50 países, entre ellos los del área socialista (Cuba incluida) por razones de seguridad, y otros de alto riesgo migratorio, bien sea derivado de conflictos bélicos (casos de Irán e Irak) o de una presión social interna que alimenta la emigración clandestina a Europa.
Sobre los demás no hay nada decidido. España presiona para defender a los países latinoamericanos, cuyos nacionales encuentran actualmente grandes dificultades para obtener permisos de residencia o trabajo en nuestro país, pero no necesitan visado para entrar, salvo en el caso de los cubanos. Si con casos como el de Costa Rica o Argentina no habría problemas para obtener un consenso positivo, la oposición es mayoritaria respecto a países como Bolivia, Colombia o Perú a causa del tráfico de droga. La tesis de Asuntos Exteriores es que políticamente no se puede hacer diferencias, aunque todo parece indicar que habrá que dar el brazo a torcer.
Permiso de trabajo
Con respecto a los países norteafricanos, en especial Marruecos, la posición es más matizada. El Gobierno español considera que no es necesario exigir visados para no resucitar las fricciones con Marruecos, ahora que las relaciones bilaterales parecen encauzadas. Interior, cuyos representantes son los que acuden al comité ad hoc de inmigración, es partidario de un control efectivo. En este caso, además, destaca el comportamiento de Francia, que exige visado a marroquíes y argelinos pese a sus lazos históricos y políticos. La solución más probable será permitir el paso de los millones de residentes norteafricanos en países de la CE con sólo presentar su permiso de residencia o trabajo, pues extender a éstos los visados "sería penalizar los consulados y sobresaturarlos de trabajo".
Fuentes de la CE entienden que no es fácil que se llegue a un acuerdo total en la reunión que se celebrará a final de este semestre ni en la que tendrá lugar bajo presidencia española, dado que los trabajos del comité avanzan muy despacio.
[La postura mantenida por España desde hace varios meses ha sido la de no exigir visado a los ciudadanos de países del Magreb "siempre y cuando no sea una decisión adoptada por los doce", según recordó un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, informa Emma Roig. Respecto a los países latinoamericanos, a cuyos ciudadanos no se exigevisado "salvo a los cubanos y venezolanos", este portavoz explicó que España mantendrá esta misma postura mientras no salgan a colación estos países].
