Un déficit de 20.000 millones amenaza paralizar la asistencia pública en Canarias

Las promesas verbales de responsables del Insalud de asumir la financiación del hospital insular de Gran Canaria a partir de 1989 no han disipado del todo el peligro de cierre que pesa sobre este centro desde que los responsables del cabildo, del que depende, amenazaran con clausurarlo. Los problemas del hospital de Gran Canaria ponen de manifiesto la grave crisis por la que atraviesa la sanidad pública en el archipiélago, cuyo déficit anual asciende a 20.000 millones de pesetas, según el Gobierno autonómico.

Las autoridades canarias reclaman las transferencias del Insalud una vez que la Administración central se haga cargo del déficit.La situación de crisis sanitaria de Gran Canaria se repite con alguna diferencia en Tenerife, donde los cuatro hospitales, dependientes asimismo del cabildo de esta isla, se han visto paralizados por una huelga general a lo largo del mes de junio. Ambas instituciones insulares reclaman al Instituto Nacional de la Salud (Insalud) que asuma los costes sanitarios de los hospitales concertados en cada isla, pertenecientes a los cabildos.

Manifestación el 1 de julio

Por otra parte, la citada corporación tinerfeña piensa llevar a los tribunales al Insalud para que reconozca su deuda con la misma. Pese a las promesas del Insalud, el personal sanitario del hospital insular de Gran Canaria ha convocado una manifestación para el próximo día 1 de julio.El consejero de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales del Gobierno canario, Luis González Feria, ha señalado que la normalización de la sanidad en el archipiélago requiere una inversión de 56.700 millones de pesetas, dado el retraso que sufre este renglón asistencial en la comunidad autónoma a causa de la política de dejación hacia las islas que, según su opinión, practica el Estado.

Para poner al día la infraestructura sanitaria en la región deberán crearse 2.000 nuevas camas hospitalarias. El Gobierno de coalición, presidido por Fernando Fernández, del CDS, decidió recientemente iniciar las negociaciones con Madrid para la transferencia del Insalud. En tanto las autoridades sanitarias de las islas afirman que no están dispuestas a recibir la competencia sin que el Estado repare el citado desequilibrio, el ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, ha declarado que Canarias debe mostrar una voluntad más decidida para consensuar la cifra del déficit.

La situación más crítica se vive estos días en el hospital insular de Gran Canaria, cuyo funcionamiento supone para el cabildo una gran carga financiera, a la que no puede hacer frente (los cabildos han tenido que soportar una notable merma de ingresos por arbitrios -impuesto de la Hacienda canaria- tras el desarme arancelario por la incorporación a la Comunidad Europea).

El endeudamiento de la corporación insular con las empresas suministradoras de material sanitario supera los 1.500 millones de pesetas. Los acreedores se han negado a atender nuevos pedidos. Al mismo tiempo, han dimitido todos los cargos directivos del hospital, y el personal ha protagonizado movilizaciones para protestar por la inestabilidad de sus puestos de trabajo.

En el caso del cabildo de Tenerife, el Insalud se enfrenta a un déficit, que el año pasado fue de 800 millones de pesetas, por los servicios prestados a los beneficiarios de la Seguridad Social. El cabildo le exige el pago del importe de la cama/día, que es de 20.000 pesetas diarias. El programa regional de trasplantes renales de este hospital, considerado uno de los más importantes de todo el país, ha estado a punto de ser suspendido al acumularse una deuda del Insalud de 200 millones de pesetas.

Los trabajadores de éste y otros tres centros sanitarios financiados por la corporación insular han colapsado su actividad como presión para la firma del convenio colectivo. Sus reivindicaciones tropiezan con las dificultades presupuestarias del cabildo.