El debate sanitario actual y futuro

Afortunadamente, el debate sanitario actual ya ha superado la fase de los únicos lamentos por la insuficiente financiación. Porque, en el fondo, los problemas, hasta hece relativamente poco tiempo, todos se reducían a lo mismo. Los sanitaristas podían hacer juegos malabares con dineros, con conceptos, con autores, que al final de todos, los debates, la defensa siempre acaba hablando de estrecheces económicas. Y si el ex ministro Lluch presumió de haber controlado el gasto en sanidad, sus detractores lo acusaban precisamente de eso, y así hasta el infinito, todos de acuerdo -obsesivamente- en que: los recursos son insuficientes, pero nadie, hasta hace relativamente poco, le daba la vuelta id argumento.Por eso creo que es importante el desplazamiento que se observa últimamente en el debate sanitario: puesto que los recursos son efectivamente Iimitados y ello nos conduce fatalmente a la insatisfacción del profesional y del usuario, aceptemos que en la repartición del pastel son muchos los sectores interesados, y nunca quedará ni un solo sector plenamente satisfecho. Entendamos que la limitación de recursos siempre existirá y busquemos el modelo de gestión de esos limitados recursos que produzcan la máxima satisfacción.

En ralidad no hay que tener mucha imaginación, porque ya está todo inventado. En el mundo occidental, el Estado está para incentivar la iniciativa privada, pero no para sustituirla; si acaso, para complementarla allí donde ésta no alcance. Y, efectivamente, en España el Estado hizo, por ejemplo, hoteles allí donde no los había, pero no en las costas turísticas donde los hoteleros los gestionan mejor. Igualmente, el Estado se ocupó del transporte, de la industria y de ciertos servicios, pero nunca en condiciones competitivas, y por esto con la entrada en la Comunidad Económica Europea deberá abandonar sectores en los que la iniciativa privada repartirá también sus dividendos donde el Estado, a través de sus organismos autónomos, cosechaba déficit. ¿Hasta dónde este esquema es también válido en la asistencia sanitaria? Hasta allí habrá que llegar. La ley general de Sanidad puede seguir siendo válida en sus conceptos, pero si la realización de esa idea la gestiona directamente el Estado, es una garantía de que funcionará como el resto de la Administración: mal.

Entonces, lo que hay que armar poco a poco es un modelo de sanidad en el que el Estado planifique, canalice, incentive, autorice, acredite, financie, asegure el servicio público en definitiva, pero solamente lo gestione en las mismas condiciones de competitividad que el sector privado.

Principios

Y el ciudadano, que paga su cuota obligatoria, que esté en condiciones de elegir el sistema sanitario -público o privado- que desee.

Las otras declaraciones de principios, de un sistema que lleva 10 años desenvolviéndose en democracia, se comprueba que no conducen más que a la demagogia y a la deficiente utilización de recursos:

1. Que la sanidad ha de ser igual para todos es una bella frase que se traduce en que casi todos paguen por una sanidad pero no que todos la utilicen porque está claro que el que tiene recursos la utiliza mínima mente. Es decir, que sigue habiendo la asistencia de los más pudientes, que van donde haga falta, y la asistencia del seguro.

2. Que la sanidad se financie a través de los impuestos generales del Estado hasta donde eso puede ser cierto puede se guir siéndolo con un mercado sanitario semimonopolístico, o con un mercado abierto a todas las entidades acreditadas que quieran entrar en él.

3. Que la sanidad sea gratuita para todos aquellos que la utilicen quizá fuera un bien para el camarada Girón, que aún tiene la revolución pendiente. Pero incluso en la filosofía de los utópicos ácratas "a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades". Es decir, pongamos la sanidad efectivamente al alcance de quien la quiera utilizar. Con subsidios y coste cero para los ciudadanos de menor nivel de renta, y con un coste soportable pra los demás, con lo que se racionalizará automáticamente parte del consumo de servicios asistenciales.

4. Que el ciudadano pueda elegir libremente médico y hospital acaba siendo una simple libertad retórica, porque los planificadores conocen que el ciudadano no tiene criterio técnico suficiente y le han montado una planificación central en áreas de salud, regiones, etcétera, que sobre el papel es perfecto, pero que nadie sabe cuándo funcionará satisfactoriamente Sin embargo, si el ciudadano decide que su cuota obligatoria el Estado la transfiera a la mutua X o Y, ya se encargará ésta -aguijoneada por el propio Estado y por la competencia- de ofrecer buenos servicios al ciudadano, para que en un mercado libre éste opte por aquella mutua o aquella sociedad médica.

5. Los grandes centros nacionales de investigación y tratamiento no pueden ser nunca una coartada para justificar la postración de todo un sistema a la ineficiencia de la Administración. En primer lugar, los recursos de los centros no tienen por qué ser ¡limitados. La investigación también tiene su relación coste-beneficio. En segundo lugar, también se pueden gestionar a través de programas financieros por el Estado y ejecutados por entidades no estatales que justifiquen su buen fin. Y en tercer lugar, si se dan determinadas características nada impide que esos centros sigan con su actual titularidad. A modo de ejemplo, sin embargo, se puede añadir que la investigación y la tecnología más avanzada no son patrimonio único del Estado. Los trasplantes de corazón y las técnicas de fecundación in vitro se han acreditado, en primer lugar, en instituciones privadas (hospital de San Pablo y clínica de la Fundación Dexcus, en Barcelona).

Garantía de eficiencia

En resumen, y sin ánimo de recordar al ministro del ramo su procedencia y sus iniciales declaraciones, sí que creo que es obligación de todos recordar cosas tan. elementales como que:

1. El mercado libre es la mejor garantía de eficiencia (costes mínimos y máximo servicio).

2. El Estado debe únicamente llegar a donde no llega la iniciativa privada.

3. El Estado debe también velar (en sanidad, como en la distribución de energía, en transportes, etcétera) para que los servicios prestados se adecuen a unos patrones de calidad que es más fácil exigir que realizar directamente.

Por eso, las sociedades deben dejar de reunirse para lamentar lo poco y mal que les concierta el Estado, que efectivamente lo hace (pues necesita la mayor parte absoluta y relativa de recursos para sus hospitales públicos, con los que éstos -sin que se lo propongan- se convierten en enemigos objetivos de los privados). Lo que tienen que pedir estas sociedades al Estado es que les dé las mismas oportunidades que al Insalud, no aumentándoles solamente el precio de la estancia, sino cargándoles con la responsabilidad y los recursos de la atención total de aquellos ciudadanos que quieran ser atendidos por esas sociedades.

Con lo que un nuevo factor de expansión de un sector que consume el 6% del PIB y que está castrado por el propio Estado produciría una nueva dinámica empresarial en el sector de los servicios sanitarios en el que aún llegaremos a ver políticas tecnológicas innovadoras, cálculos de rendimientos, un mercado laboral fluido y con incentivos de todas clases, absorciones y toda la imaginería de gestión que sea necesaria.

Éste es el camino a través del que la ley general de Sanidad puede llegar a ser un instrumento útil. Y en este sentido, el proyecto del servicio que se desarrolla en Cataluña puede llegar a ser un ejemplo de ensamblamiento de la asistencia pública y la privada.

Otra cosa es dar los primeros pasos, y en la dirección correcta, no haciendo únicamente partícipe del monopolio a una sociedad mutual determinada, sino abriendo el mercado a todos los que estén dispuestos a acudir a él en igualdad de condiciones y exigencias.

Y este modelo, que se ha debatido en distintos foros de la sociedad civil -Colegio de Médicos, de Economistas, Mutualidades, Prensa, etcétera-, será el que acaparará próximamente el grueso del debate sanitario.