Un billón de pesetas sin condiciones

El Estado facilita a las autonomías el 80% de sus recursos económicos, por medio de un procedimiento pactado. El acuerdo afecta no sólo a la cobertura de los servicios traspasados o a las subvenciones que las autonomías están obligadas a mantener, sino a la llamada financiación incondicionada, que en 1988 supera ligeramente el billón de pesetas.Las comunidades autónomas utilizan este margen de financiación incondicionada para realizar sus propias decisiones, que van desde mejorar los servicios recibidos por traspaso hasta facilitar incentivos a la actividad económica o fabricarse una televisión propia, según niveles de competencias. Las previsiones de financiación sin condiciones superan este año en un 13% las de 1987 y suponen un tercio del presupuesto global de las autonomías, según datos de la dirección general de Análisis Económico Territorial.

Diferencias internas

Las cantidades incondicionadas son diferentes para cada comunidad. El margen oscila entre los 284.797 millones, a disposición del gabinete de José Rodríguez de la Borbolla (Andalucía), y los 6.752 del presidente de La Rioja, Joaquín Espert.Según las previsiones para este año, la Generalitat de Cataluña tiene asignados 209.660 millones, y la Comunidad Valenciana cuenta con 124.137, mientras que el madrileño Joaquín Leguina dispone de 52.945 millones y el gallego Fernando González Laxe alcanza los 120.051 millones. José María Aznar tiene 54.036 millones por este concepto, para Castífia y León, mientras su homólogo castellano-manchego, José Bono, se sitúa en los 34.402 millones. La comunidad canaria, gobernada por Fernando Fernández, prevé 73.977 millones incondicionados, y el aragonés Hipólito Gómez de las Roces 25.026, entre otros ejemplos.

Algunas de las comunidades con menor nivel de desarrollo mantienen quejas sobre el sistema de financiación. La más reiterada es el fallo de mecanismos concebidos para la solidaridad, como es el Fondo de Compensación Interterritorial. Cataluña percibe por este concepto 14.768 millones de pesetas, más que Castilla y León (11.498 millones) o Castilla-La Mancha (10.813).

A través de este fondo se financian traspasos de servicios que algunas autonomías consideran insuficientemente dotados por el Estado, lo cual disminuye las posibilidades de aplicar tales cantidades a inversiones nuevas.