El Gobierno se niega a transferir Educación o el Insalud sin un acuerdo previo sobre financiación

El Gobierno se niega a transferir a las comunidades autónomas más competencias de Educación o Sanidad sin un acuerdo previo con los Gobiernos regionales y con los partidos estatales sobre la financiación y gestión de estos servicios públicos. Una transferencia precipitada podría provocar la crisis de los mismos, según el punto de vista gubernamental, que difiere de las urgencias expresadas por Alianza Popular, Centro Democrático y Social y algunos partidos regionalistas para reabrir el proceso autonómico.

El acuerdo de financiación de las comunidades autónomas que éstas pactaron con el Gobierno central en 1986 -y vigente hasta 1991- no preveía la descentralización completa de tales competencias.El mensaje del presidente del Ejecutivo, Felipe González, a los responsables autonómicos -con los que ha iniciado una lenta ronda de conversaciones para analizar estos asuntos- va en el sentido de que una alteración sustancial del actual reparto competencial necesita una financiación diferente a la vigente. Esta postura dilata el plazo para una solución al problema y parece muy lejana de los deseos manifestados por algunos responsables autonómicos.

El Gobierno de la nación reconoce que las comunidades autónomas pueden solicitar nuevas competencias, pero "la Educación o la Sanidad no se pueden transferir por simple petición", según afirma el ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia. "Antes de desencadenar el proceso, es elemental pensar primero quién y cómo va a financiarlos, que es una cuestión cargada de interrogantes".

"La Constitución garantiza la autonomía política: eso es un dato", añade, "pero para que ese dato no se convierta en una incógnita es necesario coordinar todas las peticiones y resolver los múltiples problemas que plantea. Lo más negativo es que puedan producirse diecisiete visiones distintas del Estado, porque no hay Estado que resista tantos tirones".

Los servicios públicos de Educación y Sanidad, que cuestan dos billones de pesetas al año, se gestionan en la actualidad como responsabilidad compartida entre la Administración central y varias comunidades autónomas, con fórmulas adaptadas a esa circunstancia. Las transferencias de Educación, realizadas a seis autonomías (Andalucía, País Vasco, Cataluña, Galicia, Canarias y Comunidad Valenciana) se financian con el mismo porcentaje en que se incrementa la parte gestionada por el Ministerio de Educación (24 provincias). El Estado asigna, igualmente, una financiación para el Instituto Nacional de la Salud (Insalud), en la misma proporción para las autonomías a las que se ha traspasado y para el servicio central.

Estado ingobernable

Si desaparecen el Ministerio de Educación o el Insalud, "no se puede pretender", según Almunia, "que el presupuesto de tales servicios sea una suma de diecisiete presupuestos, porque en ese caso hay que hablar sobre la recaudación de los recursos necesarios". También hay que estudiar qué sucedería si algunas comunidades no quieren gestionar tales servicios: "El Estado a la carta es ingobernable", según el punto de vista de Almunia.En el seno del PSOE crece la corriente favorable a que las comunidades autónomas se impliquen cada vez más en obtener recursos propios y no sólo en gastar el dinero común.

José Víctor Sevilla, ex secretario de Estado de Hacienda, se muestra partidario de que las comunidades puedan establecer recargos sobre impuestos y tasas estatales. En su trabajo para el Programa 2000, del PSOE, Sevilla critica el sistema de financiación mediante transferencias, porque las comunidades "no deciden ni el volumen de sus ingresos ni tampoco su patrón distributivo", mientras que las decisiones de gasto no suponen "nuevos impuestos o el aumento de los existentes, sino, generalmente, una presión sobre la Hacienda central", según escribe en su informe.

El ex secretario de Estado de Hacienda propone "el establecimiento de recargos libremente decididos por las haciendas no centrales", respecto a impuestos y tasas, entre otras posibilidades. Sevilla defiende que sean los ciudadanos los que apoyen o sancionen las decisiones de sus respectivas administraciones, como la consecuencia lógica de haber organizado diecisiete parlamentos y gobiernos autónomos.

Más impuestos

El sucesor de José Sevilla en el mismo puesto, José Borrell, ha formulado una propuesta pública para que las comunidades autónomas gestionen una parte del IRPF, propuesta que, de momento, "es de carácter personal", según fuentes gubernamentales, que aseguran que no supone una decisión del Ejecutivo. Borrell argumenta a favor de su idea la capacidad demostrada por las comunidades autónomas para cobrar los impuestos que tienen cedidos en la actualidad. El año pasado las comunidades recaudaron un 33% más de lo previsto por tales conceptos.En contra de propuestas como las mencionadas juega un precedente político: el propio jefe del Gobierno, Felipe González, desautorizó el intento del presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, de establecer un recargo del 3% sobre el IRPF de los madrileños.