La confesión de McFarlane, preludio del procesamiento de más asesores de Reagan

El Irangate, casi olvidado por la opinión pública, ha vuelto a resucitar tras la confesión de culpabilidad de uno de sus protagonistas, el ex consejero de Seguridad Nacional Robert McFarlane, lo que presagia el inminente procesamiento de la banda de patriotas encabezada por 0liver North. McFarlane admitió el viernes pasado, voluntariamente, cuatro delitos menores de mentir y ocultar información al Congreso sobre la ayuda militar a la contra, cuando el Parlamento la había prohibido. Pero políticamente el escándalo está desactivado.

El Irangate no ha sido ni mucho menos suficiente, como esperaban los demócratas, para acabar con la presidencia de Reagan e impedir que los republicanos retengan la Casa Blanca en las elecciones de noviembre. Nadie cree que la conclusión de la investigación del fiscal Lawrence Walsh altere este hecho. El vicepresidente, George Bush, seguro candidato republicano a la presidencia, ha conseguido evitar las salpicaduras del escándalo que su principal rival, Robert Dole, está tratando de utilizar en su contra en una acción desesperada para salvar su candidatura.Y esto a pesar de que el Congreso, en la sentencia política final que emitió el pasado 18 de noviembre, dijo que Ronald Reagan tiene la "responsabilidad última" de lo sucedido y violó su obligación constitucional de hacer que se cumplan las leyes, permitiendo que una "camarilla de fanáticos" interfiriera en el proceso democrático mediante una política exterior secreta.

Pero los comités de investigación del Congreso no lograron demostrar que el presidente supiera que los fondos obtenidos con la venta de armas a Irán se desviaban a la contra.

McFarlane, un peripatético coronel de la infantería de marina que intentó suicidarse a causa de la humillación sufrida por su jefe, Ronald Reagan, por su culpa, ha pactado con la justicia para evitar un procesamiento por delitos más graves que estaba a punto de dictar el juez especial, Lawrence Walsh. Es el primer alto cargo de la Administración que admite su responsabilidad criminal en el mayor escándalo de política exterior de esta presidencia.

Ocultación deliberada

McFarlane podría ser teóricamente condenado a un máximo de cuatro años de cárcel y 400.000 dólares (unos 46 millones de pesetas) de multa, un castigo mucho menor del que habría sufrido si Walsh le hubiera procesado por perjurio y obstrucción de la justicia. Debido a su inestabilidad psicológica y a su colaboración con la justicia continuará en libertad y se posterga su sentencia.

McFarlane admitió tres cargos de haber ocultado deliberadamente información al Congreso sobre la operación secreta de suministro a los rebeldes nicaragüenses y un cuarto cargo de haber realizado una declaración falsa ante el comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes al afirmar, en diciembre de 1986, que desconocía que un tercer país, Arabia Saudí, había dado dinero para la contra. "Actué en interés de la política exterior de EE UU", dijo un taciturno McFarlane.

McFarlane, un hombre del círculo íntimo del presidente, que voló disfrazado a Teherán con un pastel de chocolate, una Biblia y un revólver Colt para el ayatola Jomeini, encubrió las actividades ilegales del coronel North y del Consejo de Seguridad Nacional, que ahora confiesa que estaban directamente implicados en la ayuda a la contra a espaldas del Congreso.

McFarlane se convierte, gracias a este pacto con la justicia, en el principal testigo de la acusación contra la red de funcionarios de la Casa Blanca, de la Agencia Central de inteligencia (CIA) e intermediarios privados que, durante meses, llevaron a cabo una política exterior paralela.

El testimonio de McFarlane es importante, pero no constituye la bomba que haría posible resolver la gran incógnita: ¿Cómo es posible que Reagan no supiera lo que hacían sus subordinados?

Oliver North, el ciudadano norteamericano más famoso durante dos semanas el pasado verano y ahora olvidado, afirmó ayer que él no se siente culpable. Walsh, un juez íntegro de 75 años, lleva 15 meses, ayudado por 23 abogados y 35 agentes del FBI, preparando la sentencia del Irangate contra los principales fontaneros del escándalo de venta de armas al Irán de Jomeini y desvío de fondos a la contra nicaragüense.