Colombia se cubre de sangre ante la primera elección popular de alcaldes del próximo domingo

Veintiuna viudas lloraban acurrucadas junto a 21 ataúdes de sus respectivos esposos en una polvorienta calle de Apartado, población de Urabá, en la costa caribeña de Colombia. Los 21 campesinos, asesinados a tiros en la madrugada del 4 de marzo, pertenecían al izquierdista Frente Popular, aliado a la Unión Patriótica. La desgarradora escena no es, desgraciadamente, una excepción en la violenta campaña política que arrecia en Colombia ante la primera elección popular de alcaldes en todo el país, que se celebrará el próximo domingo.

"El crimen tiene un claro interés político", afirmó el ministro de Gobierno, César Gaviria. En Turbo, municipio en el que ocurrió el crimen masivo, la Unión Patriótica (UP, coalición de izquierda formada por el partido comunista y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC) tendrá 21 votos menos. El múltiple asesinato lo reivindicó un grupo paramilitar autodenominado Movimiento Obrero Estudiantil Revolucionario, que ya había dado muerte en Medellín a cinco militantes de la juventud comunista en noviembre del año pasado.El mismo 4 de marzo, en Dabiba, otra población de Urabá, un dirigente del Partido Liberal, el aspirante liberal a la alcaldía local y su escolta fueron acribillados.

"La elección popular de alcaldes es el hecho democrático más importante de este siglo en Colombia", opinan políticos y analistas, pero tal vez los colombianos lo recordarán más porque ha sido una contienda electoral ahogada por la sangre. Catorce candidatos de la UP a alcaldías han sido acribillados desde noviembre del año pasado, cuando iniciaron su campaña. Esta cifra sube de 30 si se suman los candidatos liberales y conservadores también asesinados.

Es tanta la violencia que a sólo una semana de la jornada electoral se habla de la posibilidad de aplazar las elecciones en algunas regiones del país. Por esta misma razón, en 14 municipios el Gobierno ha nombrado alcaldes militares. En la provincia del Caquetá, al sur del país, una zona selvática de colonización, el gobernador es también militar. Allí, en los últimos meses, han sido asesinados 34 activistas liberales y otros tantos de la UP.

La violencia ha generado en el país situaciones que se contradicen con el espíritu de apertura democrática que inspiró la adopción de la reforma electoral. Algunos casos: en San Juan de Arama, una pequeña población del oriente colombiano, no habrá elecciones por falta de candidatos. El aspirante de la UP retiró su nombre por las constantes amenazas contra su vida, y el liberal, que era el otro inscrito, fue asesinado a comienzos de este año. En 25 de los 1.009 municipios del país, la UP no podrá presentarse por falta de garantías para la vida de sus candidatos. Y en Sabanalarga, otra población de la costa, un activista del Partido Conservador fue acribillado mientras hablaba en una manifestación política.

Fraude anunciado

"Por fuerza, estas elecciones serán fraudulentas", afirma el presidente de la UP, Bernando Jaramillo Ossa. Los liberales de El Meta (provincia al oriente del país) acusan a la UP de realizar proselitismo armado. La UP, por su parte, se queja de falta de garantías en esa provincia y asegura que 100 de sus activistas han sido asesinados en esa región durante la campaña.El hecho más sangriento fue la matanza de 16 campesinos en una pequeña población de El Meta. Los activistas de la UP estaban reunidos en una gallera cuando llegaron unos hombres encapuchados. "Venimos a por los comunistas", gritaron los asesinos mientras dispaban. La práctica tan común en Colombia de la compra y venta de votos también ha sido denunciada. No sólo se da en pequeñas poblaciones, sino en las grandes capitales como Bogotá y Barranquilla. Por un voto se puede pagar hasta 5.000 pesos (2.500 pesetas) o becas en colegios y universidades.

La guerrilla tampoco ha detenido su acción. Sólo en febrero hubo 90 enfrentamientos con el Ejército, 8 asaltos a poblaciones, 8 emboscadas, 12 secuestros de alcaldes y 3 de periodistas.

¿Se calmará la violencia tras las elecciones?, preguntó EL PAIS al procurador delegado para los derechos humanos, Bernardo Echeverri Ossa. "Me temo que no. Después de las elecciones habrá otra racha de violencia, y será contra los alcaldes elegidos".

[En Ginebra, 21 grupos internacionales de defensa de los derechos humanos pidieron ayer en una carta a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que investigue las denuncias de centenares de asesinatos recientes en Colombia, informa Reuter.]