Una rata en la boca de un detenido

Al actor Sergio Buschman, de calvicie prematura y ojos claros, sus torturadores le introducían un tubo en la boca. En el otro extremo del cilindro ponían una rata y le prendían fuego en la cola. El animal huía corriendo del dolor y se metía en la boca de Sergio Buschman. Las profundas arcadas del actor lanzaban al roedor fuera de su cuerpo. Sergio Buschman, involucrado en contrabando de armas en 1986, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), estuvo detenido hasta que se fugó de la cárcel a mediados de agosto del pasado año.

Antes de fugarse denunció a los tribunales civiles las torturas a que fue sometido por la Central Nacional de Informaciones (CNI, la policía secreta de la dictadura). La investigación difícilmente prosperará. La justicia militar, que cada día tiene más atribuciones legales, considera que las denuncias contra miembros de las fuerzas armadas deben ser vistas por tribunales castrenses.La justicia militar, cuyos procedimientos han sido calificados de "aberrantes" por un relator especial de las Naciones Unidas, Fernando Volio, que vino a observar el cumplimiento de los derechos humanos, se ha transformado en un poder inquisitorial. Reunió tantas causas contra opositores que 573 procesos fueron traspasados a los tribunales civiles, pero se creó un cargo especial, la procuraduría general, para que participara representando al Gobierno en los juicios. Una pintada mural en un céntrico restaurante alcanzó a decir durante algunos días que "la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música".René Garcia, uno de los pocos jueces que se ha atrevido a investigar las torturas, ha constatado la aplicación de tormentos en 35 casos. "Todos son terribles", dice el juez. Por ejemplo, meter de boca a una persona en una bañera llena de excrementos, o colgarla amarrada de pies y manos de un palo, soportando su peso sobre las rodillas, un tormento conocido como el pau de arara. García ha acusado de "monstruos, capaces de las aberraciones más extremas", a los agentes torturadores. La investigación de García, que está con protección después de ser amenazado de muerte, choca con la negativa de los agentes de la CNI para presentarse a declarar.

Cuando se trata de investigar crímenes contra opositores en los que aparecen involucradas personas con fuero militar, casi nunca se encuentra a los culpables. En cambio, el medio millar de presos políticos que hay en Chile ha llegado a tener esta condición con fallos emitidos por la justicia militar. Con una sola excepción: el ex vicepresidente socialista Clodomiro Almeyda, condenado por tribunales civiles.

Poderes absolutos

La justicia militar actúa con poderes absolutos. Las fiscalías castrenses están instaladas en Santiago en un edificio céntrico que fue expropiado al diario Clarín después del golpe de Estado de 1973. A diario, decenas de personas esperan largas horas frente a los soldados que custodian el edificio para ver a sus familiares cuando son trasladados desde la cárcel para prestar testimonios.Los procedimientos judiciales son tan ad hoc como los tribunales militares mismos. Horacio Díaz Trujillo, acusado de ser uno de los vigilantes del teniente coronel Carlos Carreño mientras el oficial estuvo secuestrado por el FPMR, llegó incomunicado a la fiscalía militar. Una bolsa de plástico negro lo cubría desde la cabeza hasta más abajo de la cintura y no podía distinguir si estaba frente a sus torturadores o ante un tribunal.Un abogado democristiano, Luis Ortiz, famoso penalista en Chile, ha criticado que Ios tribunales militares, más que hacer justicia, están al servicio de los fines políticos perseguidos por el Gobierno". A pesar de todos los obstáculos, el juez García sostiene que proseguirá su investigación sobre las torturas porque es su deber.