Dos detectives y un funcionario de la Seguridad Social, procesados por cohecho y revelación de secreto

El funcionario de la Seguridad Social Federico Gubert Espuña y los detectives privados Hilario Celma y Francisco Javier Pereta han sido procesados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona por los supuestos delitos de cohecho y revelación de secretos, cometidos al comerciar con datos oficiales relativos al censo laboral. El juzgado ha decretado su libertad provisional y ha fijado una fianza global de 500.000 pesetas.

Historial laboral

Hilario Celma, director y propietario de la agencia de detectives Action Group, se puso en 1982 ,en contacto con el funcionario de la Seguridad Social de Barcelona Federico Gubert Espuña para que le facilitara datos relativos al, historial laboral de determinados trabajadores, ofreciendo a cambio 1.000 pesetas por cada uno de estos informes, según se desprende del auto de procesamiento dictado por el juez instructor Gerard Thomás.Durante cerca de tres años, el funcionario facilitó de manera continuada datos a la agencia de detectives que dirigía Hilario Celma. Aproximadamente, según se asegura en el acta de acusación, el funcionario procesado venía facilitando de 15 a 20 informes mensuales a Action Group.

Las supuestas irregularidades fueron descubiertas casualmente por un funcionario del departamento de teleprocesos de la Seguridad Social, a quien un empleado de la agencia de detectives le requirió por error su colaboración para conocer el historial de un trabajador al cual estaba investigando. El hecho se puso en conocimiento del responsable provincial de la Seguridad Social, que acabó denunciando el supuesto cohecho en el juzgado de guardia.

La Seguridad Social, tras denunciar las supuestas irregularidades en el juzgado de guardia, se personó como querellante en el procedimiento judicial instruido por el juez Gerard Thomás. Instruyó también un expediente disciplinario contra el funcionario y lo trasladó provisionalmente de lugar de trabajo.

Sospechas

El representante de la agencia de detectives corroboró en sus primeras declaraciones al juez las sospechas del responsable de la Seguridad Social recogidas en el texto de la denuncia.Afirmó que utilizaba estos servicios con regularidad para satisfacer las demandas de importantes clientes, entre los que destacó a La Caixa.

El presidente de la Asociación Catalana Balear de Detectives Privados ha asegurado que los hechos por los que está procesado Hilario Celma no son habituales. Con esta afirmación desmiente unas afirmaciones anteriores recogidas en medios profesionales (véase EL PAÍS del 10 de noviembre) según las cuales ésta era una práctica corriente.

Hilario Celma, el investigador privado ahora procesado, fue expulsado hace dos años de la Asociación Catalana Balear de Detectives Privados por ceder la licencia profesional a terceras personas, posibilitando así la cobertura legal y la apertura de nuevas agencias. La asociación remitió al Ministerio del Interior un informe denunciando las supuestas irregularidades de Hilario Celma.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 24 de noviembre de 1987.

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