Los centros de planificación quieren que los directores del Insalud decidan los abortos
Los profesionales de planificación familiar que trabajan en los centros de salud están votando esta semana varias medidas de protesta por el procesamiento de cuatro médicos de Pamplona por la realización de un aborto al amparo del tercer supuesto de la ley Despenalizadora de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (malformación del feto). Según Ángel López, presidente de la Asociación de Planificación Familiar de Madrid, los centros de salud pueden dejar de dar indicaciones de aborto y remitir a todas las mujeres que se pueden acoger a la ley al director provincial del Insalud en cada provincia.
De esta manera, los representantes de la Administración sanitaria serían los responsables en caso de nuevos procesamientos. Esta medida, propuesta por el movimiento de planificación familiar de Navarra, puede paralizar la aplicación de la ley del aborto, en vigor desde agosto de 1985. Según manifestó Ángel López, "seguramente no se decida la suspensión total de indicaciones de aborto porque se presentan casos de mujeres con una situación realmente urgente que no pueden esperar, pero indudablemente las indicaciones de aborto por peligro para la salud mental de la madre se van a reducir mucho o casi desaparecer". El procesamiento de Jesús Manuel Carpintero, ex director del hospital Virgen del Camino de Pamplona, donde se realizó el aborto, y de los ginecólogos Pablo Sánchez Valverde, autor de la intervención, y Mari Cruz Landa Aznarez y Elisa Sesma Sánchez, como firmantes de la indicación de la interrupción del embarazo por presunción de malformación en el feto, ha desencadenado una crisis en el movimiento de planificación familiar."Existe un gran cansancio entre los trabajadores de planificación familiar", dice Angel López, "porque nos sentimos utilizados por la Administración. Desde el ministerio se ha contado con nosotros para sacar la ley adelante, pero ahora nos encontramos con que nos pueden juzgar por aplicar una ley que es más restrictiva que la que nosotros queríamos. La gente tiene miedo porque los palos los siguen recibiendo las mujeres que abortan y los profesionales sanitarios, sin que la Administración se decida a hacer una ley nueva".
El titular del juzgado número 3 de Pamplona, Juan José García Pérez, procesó también a la joven de 19 años que se sometió al aborto. La interrupción del embarazo fue aprobada por la comisión de evaluación prevista por la ley (formada por la directora de enfermería del hospital, una asistenta social, un psicólogo y el director del centro) tras analizar el informe de las dos ginecólogas que habían firmado la indicación de aborto. Éste se amparó en el tercer supuesto de la ley -"presunción de graves taras físicasen el feto"-, ya que a la joven se le practicaron 15 radiografías de abdomen en la quinta semana de embarazo.
11.559 abortos
Los centros de salud y planificación familiar, tanto privados como los que dependen de las distintas administraciones, han recogido tradicionalmente las demandas de aborto de las mujeres. Desde agosto de 1985 se han practicado en España al menos 11.559, según los datos del Ministerio de Sanidad. En Navarra se han realizado 7; en Aragón, 2; en Asturias, 1.412; en Baleares, 20; en Castilla y León, 58; en Castilla-La Mancha, 16; en la Comunidad Valenciana, 4.050; en Galicia, 5; en Madrid, 5.980; en Navarra, 7, y en el País Vasco, 9. El resto de las comunidades no han comunicado a Sanidad sus datos.
