La Administración no prorroga el permiso para efectuar vertidos tóxicos en el golfo de Cádiz

La Dirección General de Marina Mercante reconsideró ayer la decisión adoptada el pasado martes de prorrogar durante tres meses las licencias de vertidos de los buques Nerva y Niebla, que depositan en las aguas del golfo de Cádiz residuos de dióxido de titanio procedentes de la empresa Dioxide España. La licencia para realizar los vertidos en el golfo de Cádiz caduca hoy, y Marina Mercante argumenta su decisión de no prorrogarla en supuestas dificultades técnicas derivadas de no haberse pronunciado todavía el Instituto Nacional de Oceanografía

.Sin embargo, en el fondo de esta medida aparecen las fuertes presiones y pronunciamientos de ayuntamientos y organismos provinciales de Huelva y Cádiz, que se han mostrado contrarios en todo momento a la renovación de las licencias. En muchos casos han sido los grupos socialistas de estos organismos oficiales los que tomaron la iniciativa de presentar las mociones aprobadas con el apoyo mayoritario del resto de las fuerzas políticas. Las últimas muestras de rechazo a la renovación de la licencia de vertidos han sido adoptadas por las comisiones de gobierno de las diputaciones provinciales de Cádiz y Huelva.

Juan Trigo, subdirector general de Seguridad Marítima y Contaminación de la Dirección General de Marina Mercante, ha asegurado que "están pesando los pronunciamientos políticos". No obstante, Trigo ha manifestado también que existen reglamentaciones internacionales -convenios de Oslo y Londres- que legislan este tipo de vertidos, "y cualquier ciudadano español, acogiéndose a la ley, puede hacer valer sus derechos; tampoco podemos negar su cumplimiento".

La Junta de Andalucía, por su parte, en la reunión semanal de su Consejo de Gobierno celebrada ayer, aprobó una declaración en la que manifiesta su oposición a los vertidos "por los perjucios medioambientales" que pueden derivarse.

El responsable del departamento encargado de revisar la prórroga de las licencias confirmó que Dioxide España "ha venido cumpliendo escrupulosamente esta reglamentación, y luego, si políticamente no interesa renovar los permisos, no nos corresponde a nosotros tomar esta decisión". En el caso de que sean denegadas las licencias de los barcos, la empresa química puede recurrir ante el Ministerio de Transportes, que podría hacer valer los intereses y presiones políticas.

El grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva manifestó ayer, por otra parte, su disconformidad con la forma y el fondo de la moción aprobada el pasado lunes por la comisión de gobierno municipal, con mayoría socialista. Izquierda Unida establece su diferencia en que la moción manifestaba que no se vertiera a 35 millas de la costa, mientras que ellos defienden la total eliminación de los vertidos al golfo de Cádiz,aunque para ello sea necesario un plazo o prórroga de tres meses para conocer todos los detalles técnicos que hagan posible esta medida".

José Quintero, portavoz de Izquierda Unida, secretario provincial de Comisiones Obreras y trabajador en excedencia de Dioxide, manifestó que su grupo estaba en desacuerdo con la nota emitida recientemente por el comité de empresa de esta factoría, en la que se defendía la política sobre la reducción progresiva de vertidos que mantiene la empresa. Quintero justificó lógica la defensa que el comité hacía de los cerca de 500 puestos de trabajo que estarían en peligro de no renovarse las licencias, "sin embargo, esto no quiere decir que Izquierda Unida deba estar de acuerdo con el comité de empresa- al valorar positivamente las acciones de Dioxide".