Polémica en Las Palmas en torno a la supuesta prohibición del velatorio de una joven con SIDA

Personal de Fupalsa, la empresa funeraria que realizó el entierro de la joven de 19 años Ana María Reyes Rodríguez, portadora del retrovirus del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), fallecida a consecuencia de un accidente de tráfico, aseguró que el juez de guardia se negó "rotundamente" a que se instalara la capilla ardiente del cadáver. Por su parte, el juez Manuel Conde Núñez, de 36 años, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, ha manifestado a este periódico que no es cierto que se hubiese dictado orden alguna en contra de la instalación de la capilla ardiente una vez realizada la autopsia, y que no se impidió a los familiares ningún tipo de ceremonia fúnebre anterior al sepelio.

"La única orden que ha dado este juzgado fue la de que el cadáver se trasladara al Instituto Anatómico Forense para que, al día siguiente, se le practicara la autopsia; no ha habido más orden ni más prohibición ni nada", ha confirmado el mencionado juez, quien ha asegurado además: "nosotros no teníamos ninguna noticia de que esta persona estuviese afectada por ningún tipo de enfermedad; lo único que sabíamos es que su muerte había sido ocasionada por una hemorragia cerebral". Tanto fuentes judiciales como del ministerio fiscal adscrito al Juzgado de Instrucción número 4 de la capital grancanaria, que se encontraba de guardia el pasado martes, han insistido en que la actuación judicial fue "correctísima" y únicamente se han llevado a cabo las diligencias legales relativas a muertes violentas. Diligencias que obligan siempre a, una vez recibido el parte del fallecimiento del hospital, hacer el reconocimiento del cadáver y trasladarlo al Instituto Anatómico Forense, desde donde, y una vez determinadas las causas del fallecimiento, los restos mortales de la persona pasan a sus parientes próximos.

"Bajar al juez del burro"

Sin embargo, Fupalsa, la empresa de pompas fúnebres que se encargó del enterramiento de Ana María, mantiene la opinión de que "no hubo manera de bajar al juez del burro" y que dijo "rotundamente que no". Ana María Reyes Rodríguez sufrió el lunes en la isla de Fuerteventura un accidente de tráfico con traumatismos craneales que le produjeron una hemorragia cerebral intensa, a consecuencia de la cual dejó de existir en el hospital insular de Gran Canaria, centro al que la joven fue trasladada casi inmediatamente. Aunque determinadas fuentes médicas han revelado a los medios de comunicación que la fallecida tenía el SIDA, tal aseveración así como el tipo de SIDA que presuntamente portaba no ha podido ser confirmado por este periódico. "Lamento no poder dar información sin autorización expresa del director del hospital", comentó el jefe de servicios de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital insular de Las Palmas. El director, el subdirector y el presidente del centro asistencial estaban ayer, según sus respectivas secretarias, de vacaciones.

La joven Ana María estuvo en cuidados intensivos algo más de un día. Su defunción, según el parte médico, se debió a una hemorragia cerebral. Al hecho de tener varias heridas en la cabeza, de las que manó abundante sangre que posteriormente formaron costras de coágulos, atribuyen fuentes de la funeraria los hipotéticos motivos de la prohibición de montar la capilla ardiente que, por su parte, el juzgado de guardia ha desmentido.

"El juzgado de guardia puede decretar cualquier tipo de medidas siempre y cuando afecten a cualquier delito pero casi en ningún supuesto se puede prohibir una capilla ardiente y en este caso no se prohibió", precisaron ayer fuentes judiciales.

Antes de la autopsia

Las mismas fuentes han reconocido que la familia de la malograda joven quería montar la capilla ardiente antes de la autopsia, "pero por parte de este juzgado, en ningún momento, se impidió u ordenó que no se realizara después" y reconocen incluso que se habría permitido velar el cadáver en el mismo Instituto Anatómico Forense si se hubiese solicitado permiso. La empresa de pompas fúnebres explicó que después del trámite forense se enterró a la fallecida en el cementerio de San Lázaro de la capital grancanaria, ceremonia que tuvo lugar el miércoles.

Familiares de Ana María se entrevistaron ayer con el juez que se encontraba de guardia cuando se produjo el fallecimiento y ordenó el levantamiento del cadáver. "La actuación fue correctísima, se llevó a cabo el trámite normal y corriente y esto mismo es lo que acabo de explicar a su familia", confirmó después el juez.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0027, 27 de agosto de 1987.

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