Los precios llaman más de dos veces

LA SOCIEDAD española recibe por el terreno de la economía un serio aviso para fijarse en uno de los verdaderos problemas que le dificultan su senda de progreso, mientras que la Prensa de la caverna azuza polémicas estériles, tendentes a destruir la convivencia democrática, e intenta recortar los márgenes de libertad de los ciudadanos. El índice de precios al consumo (IPC) ha subido en España durante julio pasado un 1 %, de forma que el incremento acumulado en lo que va de año pasa desde el 1,9% de junio hasta el 2,9% en sólo cuatro semanas. La tasa de inflación en los 12 últimos meses no varía, porque en julio de 1986 también se registró un aumento del 1 %. Pero el análisis de este incremento ofrece algunas novedades que habrán de ser tenidas en cuenta, especialmente ahora que el Gobierno se dispone a intentar un acuerdo de concertación social.

La primera novedad es que los precios de la alimentación, el principal factor moderador de la inflación desde octubre pasado, se han encarecido en una media del 2,1%, casi tanto como habían bajado durante todo el primer semestre de.1987 (un 2,5%). Que este hecho resulte pasajero o no se verá en agosto, mes en el que parecen haber continuado las subidas, según confirmación de Agricultura. Se puede argumentar que el turismo siempre presiona al alza dichos precios, como suele hacer todos los veranos la Administración. Pero esta justificación resulta sospechosa, pues se desconoce que el Gobierno haya tomado las debidas precauciones para impedir tal carestía, actuando, por ejemplo, en materia de canales de distribución.

Además de haberse encarecido la alimentación, los precios industriales y de servicios han subido una media del 0,4%. Se trata de una tasa también igual a la de julio de 1986, pero superior a la de junio último (0,2%) y a la que parece necesaria para que el IPC pueda terminar el año en torno al 5%, sobre todo ahora que a las presiones internas que inciden sobre la inflación subyacente (en primer lugar, los costes salariales, los financieros y los impuestos) se añaden las derivadas del contexto internacional, menos favorable que en los dos últimos años. En efecto, los precios del petróleo han subido en los últimos meses, el dólar muestra cierta resistencia a la baja y el conjunto de las importaciones españolas tiende a encarecerse en la segunda parte del año, después de haber contribuido decisivamente en 1986 y la primera mitad de 1987 a aproximar la tasa de inflación española a la de la CE.

Por tanto, el IPC de julio, además de ser una advertencia sobre el peligro de que la inflación pueda aumentar en agosto como consecuencia de los precios de la alimentación, entraña una llamada de atención sobre las posibilidades que le quedan a la economía española de aprovechar las venta . as del exterior para alinear sus precios con los países con los que han de competir sus exportaciones. Este aldabonazo tiene especial significación cuando las líneas maestras de la política económica para el próximo año parecen irremediablemente abocadas a potenciar el papel de sus ventas al exterior, con el fin de contrarrestar el fuerte aumento de las compras -en parte derivadas de las condiciones del ingreso en la CE- para que no representen un freno al crecimiento económico y a las posibilidades de crear empleo.

Ciertamente, no resulta extraño que los precios de la alimentación se disparen en verano ante la inanidad del Gobierno, ni que los productos industriales y los servicios se resientan de cierta alegría' en la evolución de los costes de producción. Es evidente a estas alturas del año que la falta de un acuerdo social en 1987 ha elevado los costes salariales, como también que la incapacidad de la autoridad monetaria para controlar la cantidad de dinero (13% de aumento en los siete primeros meses del año) ha desatado las incertidumbres sobre la posibilidad de contar con costes financieros concordantes con los que registran otras economías occidentales.

Por todo ello, se presenta cada vez como más imperiosa la necesidad de que las conversaciones para la concertación social sirvan para despejar el panorama de incertidumbres. Éste ha de ser el mejor marco para que el Gobierno se decida a acometer una reforma de las estructuras comerciales que evite los habituales sustos del verano. Para que la moderación salarial no quede en una imposición de los imperativos macroeconómicos, sino que sea fruto de negociaciones serias y que permitan compatibilizar el aumento de los salarios reales -una de las condiciones para que se mantenga el aumento del consumo privado- con mejoras de productividad que refuercen las posibilidades de crear empleo. Para que el déficit público no pese como una losa sobre los intentos de controlar la masa monetaria para bajar los costes financieros. Para que la economía española, en fin, se libere de sus corsés exteriores y alcance su mayor potencialidad de crecimiento y de creación de empleo.