Reforma financiera y cambio democrático
"En ese tiempo se descubrió las Indias del Perú y fue llamada tierra en el Día, tierra de riqueza, de oro y plata". Nueva Crónica y Buen Gobierno, de Felipe Guamán Poma de Ayala."Execrable sistema... la cantidad de dinero que cuesta ser pobre". Poemas humanos, de César Vallejo.
País de hondas resonancias, el Perú recorre su historia entre el mito y la utopía, desde el sueño que retiene un pasado exaltado a la dura vigilia de una realidad que interpela la propia imagen del futuro, cuando una pregunta, tantas veces pronunciada como irresuelta, se repite: por qué la abundancia que elogia el indio cronista Guamán Poma trajo la pobreza proverbial que duele a nuestro contemporáneo Vallejo.
En 1985, después de 60 años de lucha, el partido aprista peruano que fundara Haya de La Torre llega al poder, y su líder, Alan García Pérez, gana la presidencia de la República con la más alta mayoría, nunca antes registrada en comicios generales. Se inaugura un Gobierno de carácter nacional, popular y antimperialista, que, nacido en elecciones libres, recoge el legado de las largas luchas del pueblo para llevar a cabo las impostergables transformaciones que el país necesita, con adhesión plena a los cánones de la democracia y las leyes.
El presidente Alan García llegaba al Gobierno en el vértice de la más profunda crisis experimentada por el Perú en su historia, agitado por la violencia, el desgaste económico, el desaliento de los sectores populares. La imagen era la de un Estado desbordado y una sociedad entrampada en un proceso de fracturamiento. En realidad era la acumulación de males no resueltos en decenas de años, en un país empobrecido que soportaba una estructura de poder económico que lo había convertido en un exportador neto de capitales. Las políticas liberales aplicadas por mandato del Fondo Monetario Internacional para hacer frente al pago de la deuda externa sometían al pueblo peruano a una ímproba servidumbre cuyo correlato en lo interno era el desarrollo de un sector financiero especulador y rentista que sustentaba la base de un sistema social marcado por las desigualdades.
Ante este escenario, el presidente peruano tomó la decisión de cambiar los términos de relación con el poder financiero mundial. Recusó la política negativa del FMI y limitó el servicio de la deuda externa al 10% de las exportaciones, a fin de dedicar los principales recursos creados en el país a reactivar el aparato productivo, alentando un crecimiento económico que atendiera las urgentes necesidades de las mayorías nacionales. Se trataba de un modelo de crecimiento económico hacia adentro que generaba demanda interna y que luego, un nuevo ciclo de inversiones, debería ensanchar las bases de un desarrollo económico sostenido. El modelo obtuvo positivos resultados. En 1986 el Perú registró el crecimiento económico más alto de América Latina, situándose en un índice de más del 8%. Se redujo el proceso inflacionario del 183% al 67%, y se redistribuyeron los ingresos mediante una política salarial que atendió suficientemente las necesidades de las fuerzas del trabajo. Los empresarios y los amplios sectores sociales conocieron entonces una innegable mejora en sus expectativas económicas.
Sin embargo, el sector financiero en el Perú, lejos de comportarse como un instrumento de creación de riqueza social, fomentó una política de extracción de las ganancias obtenidas por la reactivación, que debe rían tener un fin productivo, para colocarlas en el exterior como renta financiera u orientando el ahorro nacional con una voluntad especulativa, utilizando el crédito de manera in compatible con las urgentes de mandas del país. Convertido el sector financiero en el más poderoso grupo de concentración de poder económico e influencia política y en el mayor obstáculo a la democratización de la vida económica, el modelo de crecimiento interno puesto en marcha por el Gobierno perdía su razón de ser y podía devenir más bien en un simple modelo de ampliación de la acumulación económica de grupos minoritarios. Era indispensable transformar los mecanismos esenciales de acumulación para impulsar la producción y la inversión. En el contexto de esta desafiante realidad y frente al imperativo ético de democratizar la sociedad peruana y el muy pragmático de devolver eficacia al proceso económico es que el presidente Alan García tomó la decisión de proponer al Congreso de la República la nacionalización de la actividad bancaria, financiera y de seguros, a fin de redistribuir el poder de decisión económica a todos los agentes productivos, democratizar la producción y el crédito y evitar así la excesiva concentración de poder en grupos de presión que utilizaban el ahorro nacional para su exclusivo beneficio.
Una medida legal
La iniciativa presidencial se propone reorientar el sistema financiero poniéndolo al servicio del crecimiento y la reactivación industrial, promoviendo el desarrollo empresarial y extendiendo el crédito a todo el país y en especial a las zonas rurales más pobres del país. Busca liberar a los empresarios de la subordinación de los circuitos de poder financiero que condicionaban su actividad productiva, en una economía con necesidades impostergables de inversión, que no puede seguir alimentando sólo la especulación rentista y el drenaje continuo de divisas.
La propuesta de nacionalización está apegada a las normas constitucionales y al sistema de libertades, según lo han demostrado recientes acontecimientos. Se ampara en el artículo 14 de la Constitución, que autoriza al Estado a reservar para sí las actividades productivas y de servicios por causa de interés nacional, y en el artículo 123, que establece que la propiedad debe usarse en armonía con el interés social. El Parlamento, en uso de sus funciones, promulgará la ley definitiva haciendo las precisiones y modificaciones que fueran necesarias. Las puertas están abiertas para que se armonicen fórmulas que permitan crear propiedades mixtas con participación de un amplio accionariado. En realidad, la medida afectará a cuatro grandes grupos de poder económico y no se aplicará a los bancos extranjeros que operan en el país ni a los pequeños bancos que tienen un accionariado difundido y descentralizado.
Afirmar que la medida de nacionalización de una banca rentista y de vocación oligárquica tiene una índole totalitaria es aplicar una lógica bizantina a un hecho democratizador claro, cuyo fin es precisamente desplegar hacia todos los ámbitos productivos el recurso del crédito, usado por grupos privilegiados para servir sus propios intereses. Decir que la propuesta empobrecerá al pueblo y será el festín de una burocracia ineficaz y corrupta es utilizar el puro catastrofismo y desinformar sobre las posibilidades reales que tiene en el Perú actual la democratización de la actividad financiera, que estuvo en manos de grupos que cuando tuvieron la oportunidad de crear bienestar hicieron de su poder un sueño narcisista, indiferentes a las necesidades del país.
Se opondrán al actual proyecto el fanatismo subversivo que exalta la violencia irracional en aras del sueño mesiánico de un Estado totalitario, y, lamentablemente, también algunos sectores anclados en una suerte de fantasía liberalista de grado ultramontano que al ver perdidas sus opciones históricas recetan los beneficios imposibles de un capitalismo salvaje, que no puede tener lugar en el Perú real. Con algo de ignorancia, intención y otro tanto de desdén, algunas corrientes de opinión, inhabilitadas por sus prejuicios de percibir el rumbo del proceso peruano, lanzan interpretaciones peregrinas sobre el Perú, versiones entre apocalípticas y crepusculares sobre una sociedad de la que ignoran casi todo y de la que incomprenden sus impulsos básicos.
El Perú es una larga y fecunda experiencia de pueblos que por su avatar histórico manejan un saber: el de la sobrevivencia, del encuentro y del trabajo solidario, y que después de recurrentes pruebas y desafíos ensaya en este tiempo difícil un nuevo espacio de creación social, en donde será posible una cultura de paz, pluralidad democrática y bienestar para todos los peruanos.
