Policía en Euskadi

EL ASESINATO de dos policías en Vitoria ha servido de caja de resonancia a las reivindicaciones planteadas por los sindicatos policiales respecto de las condiciones de vida de los agentes destinados en el País Vasco, y en particular respecto al carácter forzoso, por un plazo considerado excesivo, de esa permanencia. El método escogido por un grupo de estos agentes para exponer sus quejas -increpación pública a los representantes del Gobierno en el funeral por sus dos compañeros asesinados- no sólo resulta inoportuno sino inaceptable, por más que el momento y la circunstancia fueran propicios al desbordamiento emocional. Por otra parte, un centenar de agentes de las Compañías de la Reserva General con base en Córdoba realizaron ayer un encierro en el acuartelamiento de Basauri (Vizcaya) en protesta por lo que consideran excesivo tiempo de permanencia fuera de sus bases, donde residen sus familiares.Las reivindicaciones profesionales y laborales de los colectivos policiales españoles han encontrado un cauce legal para su tratamiento con el reconocimiento de los sindicatos en el seno del actual Cuerpo Nacional de Policía, que agrupa a 60.000 agentes procedentes de la Policía Nacional y del Cuerpo Superior de Policía. La reciente constitución del Consejo de la Policía, organismo paritario de arbitraje y mediación entre los sindicatos policiales y la Administración, está teóricamente orientada a favorecer la institucionalización del diálogo. Y uno de los asuntos más graves que debería abordar cuanto antes es el estudio de las condiciones de trabajo y de vida de los 5.000 policías que prestan servicio en el País Vasco y en Navarra.

La reivindicación principal de los policías destinados en estas comunidades autónomas es la libertad de traslado a otros lugares, como única forma de combatir el llamado síndrome del Norte, expresión con la que se describen las secuelas psíquicas producidas por el terrorismo y por el rechazo social que sufren en aquella zona. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), que representa a la mayoría de los agentes destinados en el País Vasco y Navarra, ha propuesto al Ministerio del Interior la renovación anual de mil agentes. Según fuentes sindicales, más del 70% de los policías destinados en Euskadi tienen solicitado el traslado fuera del País Vasco. La contraoferta de Interior no pasa de autorizar el traslado de 200 agentes por año. De otro lado, existe la posibilidad de una reforma estructural que permita que únicamente efectivos especializados rindan servicio en destinos como el País Vasco.

El problema es delicado porque la experiencia indica que una excesiva inestabilidad de las plantillas redunda en una disminución de la eficacia policial y en un aumento del riesgo padecido por los agentes. Pero no es menos cierto que una tarea como la encomendada a las fuerzas de seguridad en el País Vasco exige unas condiciones psicológicas incompatibles con la tensión inherente a la incertidumbre sobre la situación personal y laboral. Pero es delicado, además, por las evidentes implicaciones políticas de la decisión que se adopte. La estrategia actual de ETA, basada en la redundancia criminal, se dirige preferentemente a suscitar una reacción social de saciedad ante la violencia, en la esperanza de que ello favorezca la claudicación por parte de las instituciones ante el permanente chantaje del terror. En esa estrategia es fundamental la provocación de reacciones incontroladas por parte de las fuerzas de seguridad en diferentes terrenos, incluido el de la indisciplina frente a los mandos y el del abandonismo.

Una actitud responsable por parte de los dirigentes sindicales de la policía debe tener en cuenta esta dimensión del problema. Pero ello no debe ser utilizado como coartada por los mandos para desoír sistemáticamente lo que de razonable hay en las reivindicaciones de los agentes. Ello remite a la necesidad de reforzar las vías de diálogo y pone de manifiesto la oportunidad de la creación del Consejo de la Policía. Esa entidad debe ser el cauce en el que se. alcance el consenso necesario para resolver problemas como el ahora planteado, caracterizado porque ambas partes tienen una porción de razón. Pero es lamentable que haya que llegar a situaciones indeseables, como la inaceptable actitud de los que protagonizaron los incidentes de Vitoria o el encierro de Basauri, para que los mandos policiales y los responsables sindicales se acuerden de que ese organismo existe.