El Gobierno establecerá "prioridades sociales" en los Presupuestos como muestra del cambio de su política

ANABEL DIEZEl Gobierno reflejará el cambio de su política social en los Presupuestos Generales del Estado para 1988, cuya elaboración está formalmente acabada, y que deben ser enviados en forma de proyecto de ley a las Cortes el 30 de septiembre como fecha límite. Los ciudadanos apreciarán del Ejecutivo socialista una mayor "sensibilidad social", a través de las "prioridades" que se establecerán en los Presupuestos. La preocupación fundamental del Ejecutivo continúa en la actitud que adopte UGT en septiembre, ya que actualmente la consideran "deslegitimadora" ante cualquier iniciativa económica gubernamental.

La "reflexión" que se autoimpusieron los socialistas en torno a su política horas después de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del pasado 10 de junio, tras la pérdida de un millón trescientos mil votos, tendrá su primera traducción práctica en los Presupuestos Generales del Estado. El análisis pormenorizado de los sectores de población que en esa ocasión retiraron su apoyo a los socialistas ha sido uno de los indicadores esenciales para que el Gobierno conociera dónde debe dedicar más esfuerzo, o cómo establecer las "prioridades", palabra esta última reiterada en ambientes socialistas."El Presupuesto va a tener unas prioridades, y desde luego en estas tres materias: educación, sanidad y justicia", afirmó un ministro del Gobierno. Este portavoz afirmó que la inversión pública destinada a la creación de puestos de trabajo para jóvenes y los fondos para el desempleo registrarán un fuerte incremento.

Según un responsable del PSOE, "es una verdad a medias" que sólo hayan sido las clases medias quienes han dado la espalda a los socialistas. "Gran parte de la abstención había sido voto nuestro en las anteriores elecciones, y precisamente de ciudadanos de extracción obrera". Según esta última deducción de los análisis electorales -en un primer momento sólo se hablé de la pérdida de voto de las clases medias-, las medidas que deben adoptarse no deben sólo favorecer los intereses de las clases medias sino también los de los más desfavorecidos.

Esfuerzo inútil

El ministro informante asegura que todos los esfuerzos serán inútiles si la central sindical UGT y muy especialmente su líder, Nicolás Redondo, mantienen una actitud de desaprobar o minimizar cualquier acción del Gobierno. En sus palabras, UGT juega un papel "deslegitimador". "Si la derecha o Comisiones Obreras nos atacan no es tan grave como cuando lo hace UGT, porque la gente percibe que si hasta el sindicato socialista descalifica la acción del Gobierno es porque efectivamente somos un desastre", explicó este miembro del Gabinete de Felipe González.

"Si subimos las pensiones de 39.000 a 43.000 pesetas, sabemos que es muy poco y no estamos satisfechos, pero además viene UGT y lo critica duramente. Bien; esa pequeña subida supone al Estado 300.000 millones de pesetas, por lo que la conclusión es clara: si se deslegitima esta medida a lo mejor lo razonable es destinar esos 300.000 millones de pesetas a la sanidad o la educación", puso como ejemplo este ministro. El Gobierno no oculta que su tarea prioritaria es conseguir alcanzar un acuerdo social con los sindicatos y la patronal, porque ello condicionará, gran parte de su política.

Aunque el mes de julio ha terminado con resultado negativo para la iniciativa gubernamental, persiste la esperanza de que en septiembre los sindicatos accederán, al menos, a acuerdos parciales. Concertación social, discusión parlamentaria de los Presupuestos, negociación con los norteamericanos para la reducción de sus efectivos militares en España y debate del proyecto de ley de televisión privada son las cuestiones que ocuparán la atención del Ejecutivo a partir de septiembre.