Un importante gestor, acusado de estafar a la Generalitat en el impuesto de transmisiones

La Delegación de la Consejería de la Hacienda de la Junta de Andalucía en Almería ha detectado un presunto fraude al Estado que podría suponer varios cientos de millones de pesetas, realizado por la gestoría de Antonio López Bosch, de Barcelona. El fraude consistía en la falsificación de las cartas de pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales que recauda la Generalitat. La parte de ingresos correspondiente a transmisiones de bienes situados fuera de Cataluña cuyos titulares residen en ese territorio, debe remitirse a las respectivas comunidades. El fraude puede afectar a muchas provincias españolas, pues López Bosch tramita el 15% de las transmisiones que se liquidan en Cataluña, que para 1987 se calcula que asciendan a unos 18.600 millones de pesetas.Se desconoce el sistema concreto de falsificación empleado. Según una versión, lo que se manipulaba eran los sellos que emplea la Generalitat. Otras fuentes rechazan esa posibilidad, ya que la Generalitat trabaja con un sistema que goza de todas las garantías, por máquinas NCR, y consideran más probable una utilización fraudulenta de los sellos, lo que exigiría contar con la participación de algún funcionario autonómico. El Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat hizo público ayer una nota afirmando que, "según las investigaciones realizadas hasta el momento, no hay. ningún funcionario involucrado en la falsificación de documentos con el sello oficial de la Generalitat".

Según esa nota, la Generalitat "tuvo conocimiento de la existencia de un posible fraude en un documento de liquidación del impuesto de Transmisiones Patrimoniales por valor de 7.602.000 pesetas, cuando la Delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía le reclamó la trasnferencia por referirse a bienes situados en la citada comunidad".

Todo se descubrió por las sospechas de la Junta de Andalucía, que consideró excesivamente reducidas las transferencias que recibía desde Cataluña por este tributo. El pago del impuesto puede hacerse en la comunidad donde reside el sujeto pasivo, pero luego se deben remitir desde allí a las comunidades respectivas los ingresos correspondientes a transmisiones de bienes situados en sus territorios. La Junta hizo un seguimiento del caso tomando como modelo una provincia pequeña, como Almería, y descubrió las irregularidades.

López Bosch, que tiene sus oficinas en el céntrico Paseo de Gràcia barcelonés, estaba ayer ilocalizable, "de viaje" según la telefonista de su despacho. La anomalía detectada se produjo el 10 de enero de 1986, cuando la empresa inmobiliaria Proplaya, radicada en Madrid pero con representación en Barcelona y propietaria de una cadena de hoteles y de una agencia de viajes, compró a otra de Almería un edificio en esta ciudad.

El pasado jueves, el delegado provincial de la Consejería de Hacienda en Almería, José Manuel Martínéz: Rastrojo, se entrevistó en Barcelona con el delegado territorial del Departamento de Economía de la Generalitat, Jordi Salleras, para solicitar que se abriera una investigación. Hasta este momento, según fuentes de la Generalitat, las presuntas irregularidades no se han puesto en conocimiento del juez.

Según Martínez Rastrojo, las autoridades autonómicas catalanas se pusieron en contacto, al conocer la denuncia, con el gestor administrativo considerado inicialmente como presunto responsable. Martínez considera que las autoridades catalanas deberían haber puesto el tema inmediatamente en manos del ministerio fiscal.