Punto final

Esta carta trata de corregir las más que notables desinformaciones que contiene el artículo del embajador de Uruguay en España publicado en este diario el pasado 15 de mayo. El embajador compara la amnistía concedida a los presos políticos con los beneficios que para los agentes represivos representa la ley de punto final que el pueblo pretende cuestionar ahora.La amnistía a los presos políticos se produjo al computar por tres años de cárcel cada uno de los realmente pasados, en base a las infrahumanas condiciones de detención y aplicación indiscriminada de la tortura flisica y moral. Hay aún un buen número de presos cuya amnistía no ha sido hecha efec.tiva, que gozan de una libertad solamente provisional. No existen, como el embajador afirma, ciudadanos que hayan cometido delitos sin pagar por ellos, a menos que considere que el exilio no es un duro castigo; mientras que sí existen infinidad de ciudadanos que sin haber cometido ningún delito prefirieron autoexiliarse a correr el riesgo de caer en manos de la indiscriminada represion que asoló al país durante más de diez años. Mientras esto sucedió, y sucede, no se ha purgado absolutamente ninguna pena, ni siquiera se ha identificado a los culpables, que siguen en el seno del Ejército y la policía atemorizando al pueblo.

El embajador identifica a los tupamaros como terroristas, cuando su único acto susceptible de ser catalogado como terrorista fue la voladura de un establecimiento frecuentado por la oligarquía en el que, por rara casualidad, la única víctima fue precisamente un tupamaro. Pero no engloba en los terroristas a los aparatos represores y a las fuerzas armadas, involucrados en delitos tales como asesinatos en el país y en el extranjero (entre ellos los del senador Zelmar Michelini y presidente. de la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez Ruiz); desaparición de personas (como el periodista Julio Castro), entre ellas varios niños; ejecución de un golpe de Estado que atentó contra, la Constitución e implantó un verdadero régimen de terror; detenciones arbitrarias; allanamientos y registros ilegales; cierres de sindicatos y de toda clase de organizaciones populares; apaleamientos, torturas, etcétera.

Mientras se llenan la boca declarándose adalides de la democracia, las actuales autoridades atemorizan a la población y amenazan a los funcionarios con la destitución si firman el pedido plebiscitario y al conjunto de la población con la vuelta de la dic-

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tadura.- y dos firmas más.