La defensa del 'etarra' Yoldi pide numerosas pruebas para desvirtuar la acusación fiscal

El pleno de la Audiencia Territorial de Bilbao, en funciones de Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma vasca, iniciará el próximo martes 26 de mayo el juicio contra Juan Carlos Yoldi Múgica, presunto etarra y diputado del Parlamento vasco por Herri Batasuna (HB). El fiscal acusa a Yoldi -que será juzgado con otros cuatro procesados- de ocho delitos relacionados con la actividad terrorista, por los que pide un total de 64 años y medio de cárcel y 600.000 pesetas de multa. La estrategia de la defensa, que solicita la absolución, consiste en la propuesta de numerosas pruebas para desvirtuar el relato del fiscal.

Las conclusiones provisionales del fiscal acusan a Yoldi de una serie de delitos supuestamente cometidos entre febrero y mayo de 1985. El fiscal parte de la integración de Yoldi en un grupo armado o comando de ETA autodenominado Zorrotza-Atxio y califica este hecho como delito de pertenencia a banda armada, por el que pide siete años de cárcel y 300.000 pesetas de multa.Solicita también para Yoldi ocho años de cárcel, como autor de un delito de depósito de armas de guerra, por la supuesta constitución de un zulo en una cueva próxima a una carretera de Ataún, en donde guardaba, en unión de otros, dos metralletas, cinco pistolas y siete bombas de mano. Le acusa asimismo de colocar una bomba, en unión de otras personas, el 1 de febrero de 1985, en el bar Panamá de la avenida de Oria, de Beasain, causando lesiones y daños. Por este hecho, que califica como delito de estragos, pide 11 años de cárcel, así como cinco años y 300.000 pesetas de multa con cinco meses de arresto sustitutorio, por el delito de lesiones graves, cinco meses por el de lesiones menos graves, y 30 días por las lesiones constitutivas de falta.

Finalmente, el fiscal acusa a Yoldi de tres delitos de terrorismo, que no produjeron víctimas pero sí daños, por cada uno de los cuales pide 11 años de cárcel: la colocación, el 6 de marzo de 1985, en un taller Renault de Lazcano, de un artefacto explosivo; el ametrallamiento, el 2 de mayo de 1985, de un camión

Renault en el alto de Etxegárate, en término de Idiazábal, y la colocación de dos artefactos explosivos en un vagón de Renfe en la estación de Beasaín.

Respecto a los otros cuatro procesados, el fiscal solicita 39 años de cárcel para José María Lizárraga Goikoetxea, siete años para José Sukía Arruabarrena, y para María del Carmen Ayerbe Múgica y Gregorio Imaz Aguirre, dos años de cárcel para cada uno.

El abogado niega los hechos

Por su parte, la defensa de Yoldi y de los otros cuatro procesados, asumida por el letrado Iñigo Iruín, niega que sean ciertos los hechos imputados y estima que no existen hechos delictivos en la conducta de sus patrocinados, por lo que en las conclusiones provisionales solicita su libre absolución.La vista que se inicia el próximo martes se centrará en la práctica de las pruebas necesarias para demostrar la existencia de los hechos. Aunque la carga de la prueba corresponde a la acusación, la estrategia de la defensa consistirá en solicitar numerosas pruebas, algunas de ellas complicadas, cuya práctica, en caso de ser admitidas por el tribunal, podría dar lugar a la suspensión de la vista para practicarlas fuera de la sala. En cambio, la denegación de pruebas no suspenderá la vista, según fuentes judiciales. En todo caso, el defensor podrá pedir que conste en acta su protesta, a los efectos del ulterior recurso de casación.

Entre las pruebas solicitadas por la defensa, destaca la que propone que testifiquen varios miembros de ETA residentes en el sur de Francia, para que manifiesten si es cierto que Yoldi les ayudaba a cruzar la frontera, como le imputa el fiscal. El tribunal se dirigirá al Ministerio del Interior para que comparezcan tales testigos, y una vez que éste departamento conteste, como es probable, que se encuentran "en paradero desconocido", la prueba no se podrá practicar.

Expectación

En medios jurídicos y políticos de todo el Estado existe gran expectación por la celebración de ésta vista, primera en la que los magistrados que ejercen en el País Vasco tendrán oportunidad de enjuiciar a un presunto miembro de ETA -competencia atribuida a la Audiencia Nacional, con sede en Madrid-, que además reúne la condición de parlamentario electo por HB, partido que cuenta con el 1.7% de los votos vascos. Yoldi fue autorizado por la autoridad judicial para abandonar la cárcel de Herrera de la Mancha y recoger su credencial y, más tarde, para defender en el Parlamento vasco, como candidato a lehendekari, el programa de gobierno de HB.El propósito del tribunal es extremar las garantías procesales, sin merma del necesario objetivo de que la vista sirva para el esclarecimiento de la culpabilidad o inocencia de los procesados. Está prevista la presencia de intérpretes, para el caso de que los procesados deseen declarar en euskera.

La competencia del pleno de la Audiencia Territorial de Bilbao -integrada por 11 magistrados-, es consecuencia del fuero personal de los parlamentarios vascos, que sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia Vasco, todavía no constituído. Inicialmente, la Audiencia Nacional remitió la causa a la de Pamplona, pero la defensa de Yoldi obtuvo el traslado a Bilbao.