Las barreras del SIDA

Los MINISTROS de Sanidad de la Comunidad Europea (CE) han salido al paso de los intentos de algunos países europeos de cerrar sus fronteras a las personas sospechosas de padecer el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) o ser portadoras del virus de esta enfermedad. La política del sálvese quien pueda, como respuesta unilateral de cada país frente al peligro exterior del SIDA, amenaza con imponerse en la conducta internacional de naciones que pasan por ser las más civilizadas de la Tierra. A los intentos de marginación social que los contagiados por el SIDA sufren en sus respectivas ¡comunidades nacionales se añade también la marginación internacional, que pone en cuestión derechos comúnmente aceptados en las relaciones entre los pueblos, como son los de emigración y de libre circulación de personas.La República Federal de Alemania (RFA) ha pretendido dejar al criterio de su policía fronteriza la de cisión de impedir la entrada en su territorio de aquellos extranjeros de los que se sospeche puedan ser portadores del virus. La medida ha encontrado tal oposición en medios políticos y sociales de la propia RFA que ha sido inmediatamente anulada. Sin embargo, la medida se mantiene en el Estado de Baviera, que dirige el conservador Strauss. Dos ciudadanas españolas han sido expulsadas de Grecia, tras confirmarse que eran portadoras del virus. Hace algún tiempo que el Reino Unido pone dificultades a los extranjeros que llegan a su territorio bajo la sospecha de padecer la enfermedad, y Bélgica obliga a los estudiantes becarios procedentes de países africanos, asiáticos o latinoamericanos a someterse a las pruebas de detección del virus. En Francia son recientes los intentos del Frente Nacional, que dirige el ultraderechista Le Pen, de utilizar el miedo al SIDA para endurecer las leyes de inmigración. Y hasta en España, país turístico visitado anualmente por cerca de 50 millones de extranjeros, se contempla, desde sectores de la Administración, la posibilidad de cerrar las fronteras a los portadores del virus del SIDA.

Al margen de la valoración moral que puedan merecer, estas actitudes constituyen una amenaza para el principio del libré tránsito de ciudadanos que caracteriza las relaciones de los países europeos entre sí y con el resto del mundo. Y junto a los peligrosos brotes de racismo y xenofobia que actualmente alimentan ciertas fuerzas políticas europeas, el peligro del SIDA puede ser utilizado, al margen de las medidas sanitarias de prevención que legítimamente deban adoptarse, como un nuevo argumento para el aislamiento y la desconfianza entre. los pueblos. No es extraño que esta actitud egoísta e insolidaria preocupe a las instituciones comunitarias. Porque, de entrada, la actuación por libre de cada país comunitario en decisiones que restrinjan la entrada de extranjeros en su territorio puede infringir la legislación común de la CE sobre la libre circulación de las personas. El carácter ilegal de esta marginación parece claro en el caso de extranjeros que son ciudadanos comunitarios.

Pero no solamente en este supuesto los países de la CE están obligados a adoptar una actitud común, si no quieren que las fobias y prejuicios de unos y de otros pongan en peligro esfuerzos de años a favor de una mayor integración entre los pueblos europeos. También en el caso de ciudadanos de países terceros, la Europa comunitaria debe esforzarse por encontrar fórmulas comunes que no echen por la borda la tradición europea de asilo y acogimiento de personas procedentes de las más diversas latitudes.