La Junta de Andalucía envía a los tribunales el expediente sobre irregularidades en la Alhambra

La Junta de Andalucía remitió el pasado día 30 a la justicia la documentación relativa a las presuntas irregularidades en la gestión de la Alhambra de Granada antes de que el Gobierno regional asumiese, en 1985, las competencias sobre el monumento. La Junta decidió el envío al detectar indicios de supuestos elementos delictivos en el expediente sancionador que se sigue contra el antiguo gerente de la Alhambra, Francisco Sánchez Roldán, según fuentes gubernamentales. No obstante, también se ha enviado a los tribunales la auditoría sobre la gestión económica del antiguo patronato de la Alhambra, por lo que otras personas podrían ser implicadas.

La legislación vigente establece que cuando se detectan indicios de supuestos elementos delictivos en un expediente sancionador debe darse parte al fiscal. Éste ha sido el caso del expediente contra Sánchez Roldán.En principio, la documentación fue remitida al fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Sevilla, Alfredo Flores, dado que la sede central del Gobierno andaluz se encuentra en esta ciudad. Sin embargo, según confirmó ayer el propio Flores a este periódico, el fiscal remitirá la documentación a la Audiencia Territorial de Granada, que es la que debe instruir las diligencias y establecer, si los hubiere, los indicios penales. En la resolución del expediente contra Sánchez Roldán, el instructor ya señalaba a la Audiencia de Granada como posible destinataria a la hora de incoar actuaciones judiciales.

La documentación presentada por la Junta consta de "seis carpetas de tamaño medio y otra voluminosísima", según explicó el fiscal Alfredo Flores. El fiscal comentó a este periódico que su actuación se limitaría a la remisión del expediente a la Audiencia de Granada, una vez leídas las conclusiones del expediente.

Con la puesta en conocimiento del fiscal de la auditoría y expediente disciplinario, la Junta de Andalucía pretende que se esclarezcan presuntas responsabilidades penales sobre la gestión y administración de la Alhambra. El hecho de que el ex gerente haya sido objeto de un expediente disciplinario y de que en su contra aparezcan presuntamente algunas pruebas, constituye la vía que ha utilizado la Administración autonómica, según admitió un alto cargo del Gobierno regional. Según esta fuente, que pidió no ser identificada, "de posibles acusaciones contra Sánchez Roldán pueden deducirse responsabilidades de otras personas relacionadas con la anterior gestión del monumento".

Por su parte, Francisco Sánchez, de 65 años, afirmó desconocer el envío del expediente administrativo al fiscal y declinó hacer cualquier comentario, alegando su doble condición de "enfermo y jubilado", informa Alejandro V. García desde Granada.

Cuentas bancarias

La decisión de abrir el expediente a Sánchez fue tomada por la Junta de Andalucía en otoño de 1985, tras conocer la auditoría citada. Según los datos filtrados relativos a la auditoría, que nunca se hizo pública oficialmente, Francisco Sánchez, junto con el director del patronato, Antonio Gallego Morell, y el secretario, Eduardo Roca, eran titulares de una cuenta sin fiscalizar en el banco de Granada, donde, sólo en un ejercicio, se ingresaron 145 millones de pesetas.La cuenta fue descubierta casualmente por el entonces delegado de la Consejería de Cultura, Gabriel Molina. El propio Molina, en mayo de 1985, encontró en un armario de la Alhambra 20 millones de pesetas destinados a la cuenta sumergida en la que se ingresaban los devengos del servicio de publicaciones de la Alhambra, que incluía la venta de recuerdos y el alquiler de locales en el recinto. En la auditoría también consta un ingreso de Sánchez en una cuenta de la Alhambra en el banco de Santander por valor de seis millones de pesetas. El ingreso se hizo en calidad de "aportación personal".

Dentro del área de gerencia, también se detectó un descubierto de cinco millones de pesetas correspondiente al alquiler del bar Polinario. El conserje mayor de la Alhambra, Luis Medina, decidió por escrito perdonar la deuda a los arrendatarios del establecimiento de bebidas. Medina también disponía de una cuenta con su firma en la Caja Postal, con más de 18 millones de pesetas, que provenían de la venta de objetos de recuerdo. Otras anomalías se refieren al desvío de camiones con tierra, plantas y artículos de jardinería, destinados en principio al Generalife, a viveros particulares propiedad de empleados con alta cualificación de la Alhambra.