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Editorial:

Las pesadillas de Pinochet

POCAS SEMANAs antes de la visita de Juan Pablo II a Chile, el dictador Pinochet intensifica sus esfuerzos para presentarle un país lo más normal posible según los hábitos de la democracia. Tal es uno de los objetivos de la ley sobre Partidos Políticos que acaba de ser promulgada. Que la ley esté concebida para restringir al máximo la actividad política de los ciudadanos y que casi todos los partidos la denuncien como antidemocrática, para el dictador son detalles secundarios. La visita del Papa es oficial, de Estado a Estado, y Pinochet está resuelto a sacarle el mayor partido posible. La popularidad de Juan Pablo II se acrece en Chile por un motivo no religioso: la mediación del Vaticano en el conflicto del canal del Beagle desembocó en un resultado satisfactorio para el Estado chileno. Para Juan Pablo II será un viaje particularmente difícil si no quiere dar una sensación de complacencia hacia la dictadura y de frialdad ante los sufrimientos que ésta causa al pueblo chileno.En los últimos tiempos, la Iglesia ha patentizado sus fuertes tensiones con el Gobierno. Sacerdotes han sido expulsados del país, colaboradores de instituciones religiosas están encarcelados, la Iglesia ha denunciado casos de tortura. El conflicto ha alcanzado su punto máximo con las declaraciones explosivas del obispo Carlos Camus en las que partiendo de una condena general de la violencia, atribuía la mayor culpa moral al policía que tortura a un preso desarmado y la menor a un terrorista que, corriendo graves riesgos, dispara contra un tirano. A pesar de las presiones del Gobierno cerca del nuncio y de la Conferencia Episcopal chilena, no se ha producido una condena formal de las palabras del obispo por parte del Vaticano, lo que probablemente motivó la protesta oficial del dictador ante la Santa Sede cursada el pasado fin de semana. En realidad, la Iglesia, después de grandes esfuerzos por facilitar el diálogo entre la oposición moderada y el poder, comprobó que la intransigencia de Pinochet cerraba esa vía. Hoy sus relaciones con el dictador están en su punto más bajo, lo que debería limitar la explotación política de la visita papal.

La condena internacional del régimen de Pinochet se mantiene; incluso se ha reforzado en EE UU. La demostración de que militares chilenos participaron en el asesinato en Washington, en 1976, del antiguo ministro de Allende Orlando Letelier coloca a Pinochet como acusado ante la opinión norteamericana. La decisión de un grupo de senadores, encabezados por Edward Kennedy, de pedir que EE UU detenga todos los préstamos a Chile mientras no haya pruebas de que se respetan los derechos humanos puede tener efectos importantes, sobre todo con una mayoría demócrata en el Congreso de Washington.

Sin embargo, el avance hacia la democracia en Chile depende principalmente de factores nacionales y no del clima internacional. Las fuerzas de oposición tienen que reconocer que su estrategia de choque frontal contra la dictadura, con manifestaciones de grandes masas, no ha dado el resultado anhelado. Ahora, para hacer una política con perspectivas realistas, necesitan admitir los plazos impuestos por la Constitución de Pinochet. Y centran sus esfuerzos en lograr que la convocatoria electoral de 1989 -calculada para dar al dictador un nuevo mandato mediante un plebiscito- se convierta en unas elecciones libres. La nueva ley de partidos está hecha en gran parte para acentuar las divisiones entre la oposición. El fraccionamiento de ésta ha sido un factor, y no pequeño, del mantenimiento en el poder de un personaje como Pinochet, que se cree dotado de una misión histórica. Pese a un inicial rechazo, la nueva ley puede provocar actitudes divergentes: algunos partidos están excluidos a priori por ser marxistas; otros pueden creer conveniente acogerse a ella para utilizar las ventajas de la legalidad e instrumentar una actitud posibilista.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 16 de marzo de 1987