El hospital del SIDA

EN LA residencia de la Seguridad Social de Bellvitge, en Barcelona, se ha utilizado para transfusiones de sangre una partida de plasma sanguíneo con anticuerpos del SIDA. No es sólo un caso de negligencia profesional. Es, simple y llanamente, una barbaridad. Porque un centro de salud, destinado a luchar contra la enfermedad, se ha dedicado a expandirla.Una orden de la Generalitat, que entró en vigor el 11 de noviembre de 1986,'obligaba a todos los bancos de sangre de Cataluña a efectuar la prueba de detección de anticuerpos del SIDA en cada una de las donaciones que se produjeran. Es obvio que la medida ha sido incumplida por la dirección de dicha residencia. Pero la cuestión enseña, de paso, que no basta, con ser imprescindible, la elaboración de normas para la prevención de las enfermedades, ni aun en casos de tanta gravedad como el del SIDA. De poco sirven esas normas si la población en general, y los colectivos sanitarios en particular, no toman conciencia de la necesidad inexcusable de su cumplimiento y de que cualquier frivolidad o error puede generar daños irreparables.

La tarea que tienen los responsables de la política sanitaria en el terreno de la prevención del SIDA es ingente. Muy poco se ha hecho en España al respecto, lo que contrasta con la seriedad y el rigor con que el problema ha sido abordado en los demás países industrializados. Hasta hace pocos días ni siquiera era obligatoria en todo el territorio nacional la prueba de detección del virus en las donaciones de sangre, y ha sido precisamente en una comunidad autónoma que se había adelantado en la precaución donde la posterior falta de responsabilidad ha provocado el desaguisado.

Ello demuestra que la elaboración de normas debe ir acompañada de una política de supervisión y control. Las autoridades de la comunidad autónoma catalana son, por lo mismo, igualmente responsables de lo sucedido. Y es de esperar que en todos los casos no se trate de hurtar las sanciones y los castigos a quienes tan negligentemente tratan con la salud pública.

La industria privada que comercializa productos derivados de la sangre adoptó hace ya un año como obligatorias las medidas que nuestra sanidad pública acaba de decidir. Además, en el centro hospitalario de Bellvitge se habían producido reiteradas reclamaciones de personal sanitario alertando sobre los riesgos que comportaba el incumplimiento de las normas de prevención. Los directivos demoraban las soluciones argumentando que carecían de presupuesto para subsanar el tema.

Nunca, antes del SIDA, un problema sanitario había ocasionado tan intensas reacciones de espanto social, no sólo por su condición contagiosa, sino también debido a que las principales vías de transmisión conocidas están relacionadas con el sexo o la drogadicción. La tendencia a la ocultación que influyentes grupos sociales y religiosos practican respecto de esta enfermedad dificulta la lucha contra ella. Pero, por encima de teorías y actitudes morales, sean éstas permisivas o rigoristas, el SIDA se extiende sin hacer distingos entre los partidarios de unas y otras.

Los pacientes que hayan podido sufrir las consecuencias de la desidia médica en la residencia de la Seguridad Social de Bellvitge deben exigir una reparación, diricil de ofrecer en el caso de los que hayan sido contaminados. La Administración sanitaria ha de llegar hasta el final en su investigación sobre lo sucedido, informar sobre ello y depurar las responsabilidades políticas. Cabe preguntarse qué otro tipo de crímenes sociales se venían cometiendo en ese hospital: si sólo el SIDA ha podido ser inoculado en las transfusiones y si únicamente esa norma concreta respecto a esa determinada enfermedad era vulnerada tan impune como culpablemente.

En cualquier caso, y para empezar a actuar, es preciso llevar a cabo una revisión del estado de salud de todos los enfermos que han pasado por este hospital barcelonés y que han podido ser víctimas del contagio. Cualquier intento de minimizar lo sucedido o de relativizar sus consecuencias, aludiendo a un posible pánico o a exageraciones de la Prensa, constituirá una nueva agresión al derecho a la seguridad de quienes han sido pacientes del centro y de quienes más próximos estén a ellos.