Punto final
Aunque en general los editoriales de EL PAÍS y los artículos de su corresponsal en Buenos Aires, Martín Prieto, reflejan un criterio comprensivo y posibilista al juzgar los límites fijados por el Gobierno democrático argentino para el procesamiento de los responsables de atrocidades contra los derechos humanos, llama la atención que, salvo excepciones aisladas -un artículo de Marta Mercader-, casi todas las colaboraciones publicadas acerca de dicho tema estén signadas por la incomprensión y el maximalismo. Desde la del ex jefe guerrillero Juan Gelman hasta la del profesor de la educación Luis Fernando Vílchez Marín (vease EL PAÍS de 21 de febrero de 1987), pasando por las de Mario Benedetti y Horacio Vázquez Riai. Según mi modesta opinión, no hay que exigir a Argentina, desde Europa, que se convierta en el laboratorlo de un experimento social sin precedentes: la depuración completa de unas fuerzas armadas que están en condiciones de ejecutar un magnicidio o de provocar una guerra civil. Más bien, y vista la tragedia que acaba de vivir Argentina, habría que valorar la política de su Gobierno democrático con el mismo talante que Dionisio Ridruejo solicitó a los europeos que aplicaran, en 1963, para valorar el caso español: "Si algo tengo que pedir o aconsejar a nuestros amigos demócratas, en Dinamarca como en toda Europa, es que nos ayuden a poner a una luz racional de España, no pidiendo del pueblo español heroísmos desmesurados o inhumanos, sino prestando atención al movimiento discreto pero progresivo de su nuevo estado de conciencia" (Casi unas memorias. Editorial Planeta 399-400). Aquel "movimiento discreto" solo culminó, al cabo de 12 años, con la ayuda de los procesos biológicos, pero, como pensaba Ridruejo, infinitanente peores habrian sido los "heroísmos desmesurados". Y lo que fue bueno para España también lo es, cómo no, para Argentina.- Eduardo Goligorsky
