Sí al punto justo

"La ley de punto final es radicalmente inmoral", sentencia el señor Vílchez (EL PAÍS, 21 de febrero de 1987). Se refiere a la ley argentina número 23492, aprobada por una Cámara de Diputados con mayoría radical y un Senado con minoría radical. A este señor Vílchez le gusta jugar con las palabras, pero como se autodefine "moralista", se coloca del lado del bien y perora en un lenguaje seudocientífico-seudofilosófico, su talante juguetón se pierde. ¿Es moralista porque enseña moral, porque es clérigo ordenado que sólo ha estudiado latín y moral (así lo define el diccionario) o porque practica una moral? En este caso, ¿cuál? Su artículo no la trasluce, ya que se apoya, entre otros, en santo Tomás y Marx, aligerados con letras de tango, y no es necesario ser profesor de nada para saber que el de Aquino acata la ley de Dios mientras el otro pregona la dictadura del proletariado.Eduardo Galeano (EL PAÍS, 22 de febrero de 1987) amalgama datos extraídos de 50 años de historia de Guatemala, República Dominicana, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay, ilustrados con una foto de granaderos argentinos, para concluir que la democracia no sirve. Como si fuera poco, la bautiza con el mote de "democradura". Tan eficaz es su artículo que al leerlo uno siente ganas de echarse al monte con un fusil al hombro. Con dedos mágicos selecciona, extrae y aísla ciertos elementos que parecen típicos de la vitrina donde se expone la variedad democracia para mostrar al mundo la maligna esencia de esa forma de gobierno. Viejo recurso que admite variaciones. Con esa metodología se puede socavar tanto la reputación de una forma de gobierno como la imagen de franceses en España, de españoles en Portugal y de sudacas en columnas periodísticas.

Pero contribuir al conocímiento de los hechos -fin confeso de los diarios- significa analizar los temas con más seriedad, esto es, alimentar el sistema que se intenta conocer con todos los datos pertinentes y no con unas pocas variables elegidas de acuerdo a las mejores oportunidades del día.

Dimensión de futuro

En el caso de la ley 23492 no basta con informar que la justicia civil ha puesto entre rejas a 15 militares de alta graduación (se dice rápido, ¿no?), que hay 139 juicios pendientes de sentencia, que dicha ley se promulgó después de dos largos años sin nuevas denuncias, que la acción penal no se extingue en casos de sustitución de estado civil o sustracción u ocultamiento de menores ni tampoco si el acusado se encuentra prófugo o en rebeldía y que los arrestos continúan; no, no basta. Se precisa mucha más información sobre la situación interna del país y la relación con el mundo; es necesario introducir la dimensión histórica y de futuro.

Quien quiera legislar en un vacío de laboratorio no está en su sano juicio, mientras que da golpes bajos estilo tango quien remata así el asunto: "Se encubre con una pretendida moralidad lo que resulta en el fondo una actitud carente de ética: miedo al más fuerte (fuerzas armadas) en menoscabo del más débil; al fin y al cabo, ¿qué son unos cuantos miles de personas que claman justicia por sus familiares desaparecidos y cuyas armas son únicamente el dolor y la reivindicación de la memoria y la dignidad de los suyos?" (Vílchez dixit).

Ni ellos monopolizan el dolor ni la reivindicación de la dignidad, ni ésas son sus únicas armas. Por lo menos muchos de ellos poseen otras, las que financian constantes viajes intemacionales y movilizan espacios periodísticos para exhibir las víctimas de un solo lado, como si el terrorismo de Estado no fuera la contrapartida inevitable del terrorismo subversivo. ¿Por qué no se admite que el Gobierno intenta no sólo juzgar a delincuentes, sino también impedir que el terrorismo (de Estado o subversivo) rebrote? Quizá el señor Vílchez, como Galeano, pertenezca a la logia de los impacientes, que por no ver chicos muertos de hambre reclutan otros chicos para mandarlos a morir al monte con un fusil al hombro.

Alimentar el sistema con toda la información posible. Dar ejemplos, si se puede, de algún país que haya borrado a las fuerzas armadas de un plumazo, de algún Gobierno que haya obligado a los sectores sociales recalcitrantes a concertar y haya eliminado las pasiones humanas de un decretazo. Consolidar la democracia no significa aferrarse a metas pergeñadas sin tener en cuenta el material, que es humano y resistente a los ideales inculcados a palos. ¿O no se trata de consolidar la democracia?

A la ley 23492 yo la llamaría, con mi experiencia doméstica, ley del punto justo. A mí también me gusta jugar con las palabras. Uso una metáfora culinaria, pero las metáforas, ya sean bíblicas, gastronómicas o gramaticales, son aproximaciones a la verdad a veces tan tentadoras y engañosas como un paraíso prometido.

El nombre de punto final, que lanzó a rodar el general Camps desde su cadena perpetua, lo enarbolan, ahora quienes ponen en la picota a la democracia. ¡Desgraciada coincidencia! La justicia argentina no ha llegado a ningún punto final y sigue su lento camino, a pesar de todas las zancadillas. Hablar de punto final contribuye a consolidar una imagen que intenta erigirse en paradigma, y ya se sabe que los paradigmas circulan por el mundo sin pasaporte y con pasaje gratis. Lo sabrá bien el señor Vílchez, que es moralista en España, país que conoce a qué extremos llega la divulgación de una suma de españoladas extraídas al azar. Y Galeano, que habrá tenido que explicar más de una vez, supongo, que Montevideo no está a orillas del Caribe y las uruguayas no usan plátanos en la cabeza.

Hasta ahora nadie ha demostrado tener mejor mano para el punto final que el presidente Alfonsín. Rectifico, que los tres poderes del Gobierno, para poner en marcha el país hacia una democracia moderna, solidaria y participativa. A pesar de los mordiscos al tobillo desde la derecha y la izquierda, nunca se hizo tanto en tan poco tiempo con un mecanismo tan complejo y pesado como es un sistema institucional heredado, pero que por fin comienza a corregirse sin transgredir sus fundamentos, única manera de garantizar, precisamente, el respeto a los derechos humanos.

Repito: ningún otro Gobierno, que yo sepa. ¿Opinaré por esto que los demás "carecen de ética"? ¿Se cree el señor Vílchez facultado para dictaminar cuál es el bien para Argentina? ¿Se puede saber cuál es el programa alternativo que nos propone Galeano? ¿No querrán admitir, ambos, que hasta tanto haya una nueva elección el bien es el programa que votó el pueblo argentino y que cumplen sus representantes, sin apelar a la violencia, para el país total y no para unos pocos que poseen la verdad?