Otra versión sobre la presidencia de Alan García

De un tiempo a esta parte, el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique -a quien, dicho sea de paso, estimo como amigo y admiro como escritor- publica artículos de tema político. Celebro que lo haga, pues a la democracia peruana le faltan valedores en el exterior, y aplaudo, además, que, a diferencia de lo que ocurre con los memorables personajes de sus novelas, el autor de los artículos políticos derroche optimismo en su visión de la sociedad y la historia. Sin embargo, dos terceras partes de los limeños no compartimos su entusiasmo respecto al Gobierno aprista declarado a través de dos artículos publicados en EL PAÍS, y tampoco lo comparte más del 50% de los hombres de la provincia, como ha quedado claro en las recientes elecciones municipales, realizadas apenas un año y medio después de asumir. Alan García el poder. Y, como la política es un dominio ajeno a la amistad, quisiera permitirme impugnar una versión de las cosas que me parece algo desfasada de la realidad.Los reparos que hay que hacerle al Gobierno aprista son políticos y morales antes que económicos. ¿No resulta, por ejemplo, una paradoja misteriosa que el mismo hombre que durante cinco años acusó a Belaúnde de permitir que las fuerzas armadas torturaran inocentes en la guerra que libraban contra Sendero Luminoso no dudase, el 18 de junio de 1986, a menos de un año de asumir la presidencia, en ordenar a los militares que sofoquen a como dé lugar los motines que habían brotado en las cárceles de Lima, con la esperanza de que una acción violenta, de noche, a escondidas de la Prensa y el poder judicial, apagara el fuego y le salvase la imagen durante la reunión en Lima de la Internacional Socialista? ¿No resulta insólito, además, que tardara una semana en dar la cara y que cuando la dio acusara a unos cuantos policías y algún que otro militar de bajo rango de cosas que en verdad él mismo había ordenado, junto con los más altos jefes de las fuerzas armadas? ¿Hasta qué punto puede creerse en la palabra de un hombre que cambia su versión de los actos que comete según las conveniencias personales, sobre todo cuando de por medio están nada menos que 400 cadáveres?

El episodio triste del 18 de junio reveló que la presidencia está en manos de alguien que con tal de salvar el pellejo puede llegar a extremos terribles. Pero también reveló esto: que García no actuaba sinceramente cuando denunciaba, durante los años precedentes, las violaciones de los derechos humanos por parte de los militares. Esto se ha visto corroborado después por otros hechos insólitos: la imposición permanente del estado de emergencia, el toque de queda y la suspensión de garantías, algo que ni siquiera Belaúnde se había atrevido a hacer. Resultado de esas medidas draconianas son las muertes inocentes en las calles de Lima, algunas de las cuales han sido denunciadas por diversos grupos en el exterior, incluida Amnistía Internacional. A ello se añaden las repetidas detenciones de periodistas en la zona de emergencia y la total falta de acceso a la información por parte de los periodistas sobre las movidas de los militares allá en Ayacucho, que, según han denunciado tanto la izquierda como la derecha, ponen en entredicho la política antisubversiva del régimen.

El otro lado

En el otro lado de la moneda está Sendero Luminoso, cuyas acciones criminales crecen geométricamente mientras el Gobierno aprista se muestra totalmente incapaz de hacerles frente. Esto lo prueba la serie de atentados dinamiteros, de asesinatos selectivos y de apagones que han espeluznado en estos meses a Lima, a un ritmo que antes no se había visto. El problema número uno del Perú -lo dicen todos los peruanos- es la violencia. En consecuencia, cualquier -Gobierno que quiera salvar a los peruanos debe proponerse erradicarla. A un año y siete meses de gobierno, Alán García, en esta materia, lleva una cuenta claramente negativa. La policía, que ha sido reorganizada mediante la destitución de ciertos elementos y su reemplazo por gentes allegadas al partido del Gobierno, no sólo no desbarata células terroristas, sino que, para colmo de males, se ha convertido en una institución dedicada a secuestros y robos.

Hace pocas semanas se supo en Lima que las principales bandas de secuestradores en el Perú estaban dirigidas por policías.

Ayer, la policía traficaba en cocaína y el Gobierno de Belaúnde no resolvió el problema; hoy, la policía -una parte importante de ella- secuestra y roba, y Alan García Pérez tampoco resuelve el problema, a pesar de que durante cinco años -otra vez- se dedicó a acusar a su antecesor de amparar a instituciones corruptas. 1

En este año y medio de gobierno se han cerrado más programas de televisión y se ha echado de las pantallas a más periodistas que en los previos cinco años. Fue clausurado temporalmente un diario de extrema izquierda y fue asaltada la revista Oiga por elementos que, según se cree, estaban vinculados al viceministro del Interior, sórdido personaje que se ha dedicado a armar con fusiles norcoreanos a un grupo, paramilitar. De la televisión salió un joven periodista por órdenes personales de García. ¿Su pecado? Haberse atrevido a preguntarle al ahora presidente, cuando era candidato, en una entrevista, si era cierto, como se decía en la Prensa, que había estado internado alguna vez en clínicas psiquiátricas. Peores cosas se le han preguntado a candidatos en muchas democracias y jamás ocurrió nada. La ciudadanía tiene derecho a saber quién es exactamente el hombre que va a gobernarla durante los próximos cinco años. A ese periodista siguieron otros, con pecados menos pícaros. Y, como si fuera poco, el Gobierno amenazó a los directores de los canales privados con cobrarles las deudas que tienen éstos con el Estado desde hace mucho tiempo si no seguían una política informativa y periodística afín a Palacio de Gobierno. Son deudas tales que su cobro -enviaría a la bancarrota a los canales irremediablemente.

La caída dramática del caudal electoral aprista -sobre todo en la capital, más del tercio del universo electoral peruano- lo demuestra. Y la razón por la que el alcalde nuevo es el aprista y no Barrante o Bedoya es que hubo fraude en algunas mesas y una vertiginosa manipulación periodística. Esto lo han denunciado tanto Barrantes como Bedoya, es decir, tanto la izquierda como la derecha, y ha dado lugar a manifestaciones -gigantescas. Que éstas tuvieran una cobertura moderada en la Prensa no hace sino comprobar el peligroso autoritarismo del Gobierno. Un autoritarismo parecido al de los sandinistas, cuya Constitución farsa no tuvo en el mundo el apoyo de nadie, salvo de los obvios y de García, quien busca fervorosamente ser líder de los tercermundistas. (Aspiración con pocos visos de concreción.) Los progresistas del mundo admitieron que la Constitución nicaragüense -que tuvo vigencia sólo tres horas- fue una farsa. Sólo García Pérez, por una curiosa inversión de perspectiva, creyó ver en ella el sello de la democracia. Digo inversión de perspectiva porque, a pesar de todo lo dicho, su régimen en el Perú sigue siendo por ahora constitucional. ¿Para los nicaragüenses está bien la inconstitucionalidad y no para el resto de latinoamericanos? Vaya sentido del' americanismo aprista, tan predicado por Haya de la Torre, jefe fundador del partido.

El espejismo

Sería largo referirse ahora al aspecto económico y, además, vale la pena esperar un poco antes de analizarlo, puesto que sus verdaderos resultados podrán verse dentro de un tiempo. Basta decir lo siguiente: jamás en su historia republicana importó tantos alimentos del exterior el Perú (lo increíble es que toda la campaña presidencial de García estuvo centrada en la idea del "retorno a lo nuestro" y "el final de la dependencia alimenticia"). Esto tuvo que hacerse para compensar los efectos inhibitorios del control de precios sobre los productores. La inflación que se había reducido vuelve dispararse, presionada por la demanda y por la emisión monetaria a que obliga el déficit fiscal. Las reservas caen estrepitosamente y el Gobierno trata de fomentar el consumo con lo poco que queda, para crear la ficción del aumento del poder adquisitivo.

A todo esto se añade la falta de inversión y capital: Colombia tiene 50 contratos petroleros con compañías extranjeras que respetan sus condiciones y sus leyes; el Perú, tras la derogatoria unilateral de los antiguos contratos, tiene uno solo, y menor. Los créditos baratos, la reducción de las tasas de interés y el gasto público -incluido el subsidio han logrado un crecimiento en algunas áreas que es importante" como efecto inmediato. Pero el Estado no tiene recursos ilimitados y sus bases se están resquebrajando. Quienes lo mantienen hasta ahora son todos los peruanos, y también quienes lo sufren. ¿Hasta cuándo este espejismo?