Expolio en Cartagena

LA AUTOASIGNACIÓN por parte de los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Cartagena de más de 27 millones de pesetas, procedentes de una partida de 33 dedicada a subvencionar a entidades de la localidad, demuestra el arraigo de la picaresca y la corrupción en la vida pública española.Desde la llegada de la democracia, en España, los ciudadanos muestran una mayor sensibilidad ante el destino que los políticos dan al dinero que administran. Pero todavía hay quienes se comportan como si los fondos públicos llovieran del cielo y, por tanto, pudieran ser utilizados a discreción. De ahí el desinterés con que se siguen los debates presupuestarios. Amparados en el mismo, bastantes políticos tienden a actuar como si el dinero que gestionan les perteneciera o, al menos, no tuvieran dueño. La arbitrariedad no desaparece por el hecho de que quede constancia de la misma en una partida perdida en la maraña presupuestaria o las actas de un pleno. Especialmente cuando tan hábiles se muestran sus redactores para dar nombres extraños a la simple entrega de sobres. Por ejemplo: "Compensación a los gastos de gestión y desplazamientos y por actividades que complementan las propias del Ayuntamiento".

Que, pese a esa prosodia, los concejales de Cartagena que se repartieron los millones no las tenían todas consigo lo demuestra la confusión a la hora de explicar en concepto de qué recibió el dinero cada cual, así como la contradicción entre tales explicaciones y el destino efectivo dado al contenido de los sobres por cada grupo. También lo demuestra la consigna de silencio con que se pretendió ocultar a los vecinos la decisión. El que esa consigna se rompiera por la existencia de rivalidades internas en el grupo socialista permite albergar las mayores sospechas sobre cuántos posibles casos de situaciones similares pasarán tal vez inadvertidas por existir buena armonía en los grupos. (El escándalo denunciado en su día por Alonso Puerta en el Ayuntamiento de Madrid saltó también por rivalidades internas.)

El presidente de la comunidad autónoma murciana ha anunciado que pedirá responsabilidades políticas por el caso. Esperamos que el fiscal indague si cabe también exigirlas desde el punto de vista jurídico, porque no parece suficiente argumento el que el acuerdo fuera tomado por unanimidad para convertirlo en legal. Y, en cualquier caso, es evidente que se trata de un expolio a los ciudadanos. Esos fondos estaban destinados a subvencionar asociaciones del municipio, culturales o de otro tipo, y no a los partidos políticos. Mucho menos a completar los sueldos de los concejales.