Mayor aportación al presupuesto comunitario

La aportación presupuestaria española a la Comunidad Europea sufrirá en 1987 un sensible incremento. España contribuye a los gastos comunitarios con las exacciones reguladoras agrícolas (prélèvements), los derechos sobre el azúcar, buena parte de los actuales aranceles y el 1,4% de la base imponible del IVA. Los ingresos por IVA constituyen la partida más importante (289.000 millones de pesetas teóricos en 1986), aunque la CE devuelve el 87% de ese total. Esa devolución descenderá en 1987 al 70% de lo calculado, hasta llegar a cero al final del período transitorio.La aportación presupuestaria crece, si bien España recibirá sustancialmente más por la intervención agraria para garantizar los precios de los productos agrícolas. Aparte, España puede compensar su aportación con los fondos estructurales. Como estas inversiones para el desarrollo regional, los programas sociales o la modernización agraria exigen una aportación estatal, la vía para recuperar todo lo aportado y recibir más dinero de la CE es incrementar las inversiones publicas.

Calidad y tecnología

La liberalización de nuestro comercio exterior implica, según los expertos, un cambio estructural de mayor trascendencia para nuestra economía. La mejora de la competitividad de las empresas debe ir acompañada de una mayor calidad y de una incorporación de las tecnologías de punta, aspectos estos sobre los que ha hecho especial hincapié el Gobierno. Hasta ahora, en la división internacional del trabajo, España ocupaba un puesto en esa esfera intermedia de países semiindustrializados, como Corea, Brasil o Indonesia, que colocaban fuera sus productos en base a precios más atractivos y a las subvenciones oficiales.

A partir de ahora, la política comercial comunitaria obliga a competir progresivamente en igualdad de condiciones con los restantes países de la CE y a adaptarse, tanto en lo que respecta a exportaciones como a importaciones, a los baremos del Mercado Común. Sectores empresariales y de la propia Administración insisten en el error tradicional de la política española de defender el mercado interno confiando únicamente en un arancel alto. Otros países, como Italia y Francia, son maestros en utilizar las normas de calidad, con la exigencia de específicas particularidades a determinados productos, como instrumentos proteccionistas. Ahora, este mecanismo, que intenta ser utilizado por el Gobierno, se enfrenta con la especial vigilancia de la CE para evitar prácticas que eviten la libre competencia.

Las otras reformas para 1987 se refieren a las medidas anticontaminantes, que representan la obligación de reducir en 0,15 gramos el plomo contenido en la gasolina súper, y en la aproximación de las políticas pesqueras y de transportes. La ratificación del Acta Única Europea, prevista para enero, implantará la toma de decisiones por mayoría en el seno de la Comunidad para adoptar las reformas que permitan conseguir la unificación del mercado comunitario en el año 1992. Ello impedirá al Gobierno ejercer el bloqueo sobre alguna de las decisiones que puedan lesionar los intereses españoles.