La muerte al acecho

La muerte de otra mujer como consecuencia de un aborto clandestino -la novena en menos de un año- obliga a exigir una legislación que solucione de una manera definitiva el problema del aborto en nuestro país. La realidad de los hechos ha ido ratificando las advertencias de quienes habíamos señalado que el recientemente aprobado decreto sobre acreditación de centros sanitarios para la realización de interrupciones del embarazo no ofrecía soluciones reales a las mujeres españolas. Nueve muertes son demasiadas muertes para darnos la razón, y también demasiadas para que los distintos niveles de la Administración de nuestro país, Ministerio de Sanidad y Consumo Ministerio de Justicia y Parlamento, continúen aferrándose a esa versión oficial -que parecería ingenua si no resultase ya absolutamente macabra- de que con la ley actual y sus decretos de desarrollo se pueden solucionar los problemas que acarrea la práctica del aborto en España.

Mucho se ha hablado sobre el riesgo del aborto, y parece que no se tiene claro que el mayor riesgo es precisamente la situación de clandestinidad a que está sometido en el momento actual. Es bien conocido que los riesgos de morbi-mortalidad de un aborto realizado en las 12 primeras semanas, por el método de la aspiración, son mínimos, mucho menores de los que conlleva, incluso, un embarazo normal. ¿Por qué, entonces, estas muertes" La única explicación está en la precariedad de atenciones sanitarias que son consecuencia de la clandestinidad. La mujer que acude a un medio ilegal para realizar abortos no tiene ni puede tener medios de controlar o comprobar, ni tampoco de exigir, ni que los profesionales que lo practican tengan una cualificación suficiente, ni que los centros en que se realizan posean condiciones adecuadas, siempre, claro está, que no recurra a las peligrosísimas ayudas de personas sin ningún tipo de conocimientos sanitarios, que suelen realizar manipulaciones irresponsables. Pero es más, ¿qué puede hacer cuando se presenta una complicación? En la mayoría de los casos intentará esperar a que se resuelva espontáneamente, y, por miedo a acabar en la cárcel o en los tribunales, o de ver su caso aireado en los medios de comunicación, procurará apañárselas sola hasta que la complicación revista una gravedad que la obligue a acudir a un centro sanitario, a veces cuando ya poco o nada se puede hacer por su vida. La clandestinidad se convierte así en un factor determinante para hacer que una complicación, que en cualquier país desarrollado podría haberse resuelto normalmente y sin grandes problemas, sea causa de muerte o de graves mutilaciones para las mujeres. Porque, aunque las muertes se conocen, ¿cuántas histerectomías, peritonitis u otras complicaciones se han producido en este mismo período a resultas de complicaciones de abortos ilegales?. Hay otros hechos que no pueden silenciarse. Cuando, como recientemente ha sucedido, se pone en la picota, mediante la abusiva utilización de las historias clínicas, a centenares de mujeres que han acudido a centros de planificación, se está reforzando la búsqueda de otras vías más discretas, es decir, más clandestinas, pues muchas mujeres prefieren la seguridad del anonimato en este tema a la fiabilidad de los recursos sanitarios.

Colegios médicos

Tampoco puede silenciarse la actitud de los colegios de médicos, que, habiendo sido obstáculos importantes en la realización de abortos legales en nuestro país, ahora denuncian unas situaciones que no son sino el resultado natural de su política de obstruccionismo sistemático. La muerte acecha a las españolas que quieren abortar en este país. Prevenir esta situación que ya ha costado nueve vidas es bien fácil; sólo es preciso:

- Ampliar la actual ley de aborto, convirtiéndola en un sistema de plazos que permita a las mujeres decidir libremente en las 12 primeras semanas, complementándola con las indicaciones actuales a partir de esa fecha.

- Regular la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, asegurando a la vez la cobertura de las prestaciones de aborto en el sector público. - Asegurar la confidenciafidad de los datos proporcionados por los pacientes.

- El fin de los procesos. Acabamos con una pregunta para las autoridades sanitarias y el Gobierno: ¿cuántas mujeres más es preciso que mueran antes de que se le dé a este problema una solución razonable?